El fiscal Enrique Viana presentó una denuncia contra la fiscal especializada en Homicidios de segundo turno, Mirta Morales, al considerar que su cliente es víctima de un “secuestro extorsivo” por estar formalizado con prisión como coautor de homicidio sin la prueba suficiente, según informó este miércoles Subrayado.
El joven, de unos 20 años, conducía un taxi llevando pasajeros cuando ocurrió un homicidio contra un transeúnte. Si bien la fiscalía considera que los disparos salieron del taxi, Viana señala que el informe médico forense marca que fueron efectuados a quemarropa, de una distancia de entre 10 y 15 centímetros.
“Lo mantienen preso porque quieren que él dé los nombres y él los nombres no los sabe por eso digo que es un secuestro extorsivo y por eso hice la denuncia”, señaló Viana al ser consultado por la diaria.
Viana dijo que la formalización con prisión como una forma de presión “son prácticas impuestas por la fiscalía general”. “Espero que actúe el ministro del Interior y el ministro de Educación y Cultura, porque son hechos muy graves de violación de garantías judiciales y derechos humanos”, agregó.
Además, Viana denuncia que un subcomisario de la zona Operacional 3 convocó a la madre del joven y a su pareja, un cabo de la policía para convencerlos de que cambien de abogado y acepten un juicio abreviado por cuatro años de condena. Según dijo Viana, antes de la formalización la fiscal Morales había ofrecido ocho años, pero el joven no aceptó por considerarse inocente.
“Ese subcomisario mencionó que estaba en permanente contacto con la fiscalía, como que estaba actuando bajo su supervisión”, señaló Viana y agregó que también llamaron a la pareja del joven para que declarara en zona 3, lo que fue rechazado por Viana.
“Los fiscales nos llaman a veces para hacer arreglos, pero no es lo mismo que lo llame un fiscal, a que lo llame un policía, el policía no tiene nada que hacer (en el acuerdo)”, agregó.
Viana pidió el sobreseimiento de su cliente, pero la decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno, integrado por Ricardo Miguez, José Balcardi y Daniel Tapié.
“Me llama la atención que los jueces, que tienen que velar por las garantías de las personas que están privadas de libertad, se saquen los temas de arriba”, opinó el abogado.