La Policía culminó el procesamiento de las pericias de los celulares y las computadoras que forman parte de la evidencia en la causa Operación Océano, que investiga a 31 personas por explotación sexual de menores.
La demora en el procesamiento y distribución de las pericias en la causa fue objeto de fuertes críticas del Tribunal de Apelaciones de 1º turno, que pidió a la sede penal a cargo de la jueza Adriana de los Santos que instara a la Policía a entregar las pruebas y responsabilizó de las demoras a la Fiscalía y a la sede judicial.
En esa sentencia, los ministros de la corte otorgan parte de razón a la defensa de los imputados que pidieron la postergación de la declaración de una de las víctimas, como prueba anticipada, hasta tanto no tener la totalidad de las pericias, aduciendo que no podían preparar el interrogatorio sin contar con toda la información. Consultada sobre este punto, la fiscal de la causa, Darviña Viera, dijo a la diaria que en su opinión no es necesario tener el resultado de todas las pericias para tomar declaración a las víctimas, y agregó que en muchos casos la prueba anticipada se hace incluso antes de la formalización, para contar con más evidencia en esa parte del proceso.
Tras leer el fallo del tribunal, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, llamó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para intentar resolver el problema. “Lo que nosotros hicimos fue ajustar los mecanismos hacia adentro [...] las medidas que se tenían que adoptar en estos días para que eso se haga, se tomaron”, señaló el fiscal en la conferencia de prensa de este miércoles, en la que presentó estadísticas de la fiscalía.
Agregó que las pericias están hechas, pero que desconoce por qué la Policía aún no las entregó. “Obviamente la Fiscalía se hace cargo de lo que tiene que hacerse cargo para que eso no se dilate más”, aclaró y expresó su preocupación por la estrategia adoptada por la defensa de los imputados. “Acá hay que tener en cuenta que hay una estrategia clara, contundente y terminante de la contraparte de la investigación”, señaló, y agregó que si bien entiende la defensa como un derecho humano fundamental, consagrado en la Constitución, “hay una dilación en la adopción de la prueba anticipada que preocupa”.
Según supo la diaria, cinco días después de emitido el fallo del Tribunal de Apelaciones, Interpol terminó de procesar dos teras de información, que fue entregando a los abogados de las partes en discos externos, dado que la Policía tiene orden de la fiscal Viera para comunicarse directamente con las defensas de los imputados. Unos días después, Interpol volvió a comunicarse con las defensas para plantearles que faltaba información y pidió que les volvieran a llevar los discos para agregarla.
El abogado de uno de los imputados, Carlos Andrés Balbi, dijo a la diaria que aún no han recibido la información que se iba agregar y señaló que al tratarse de un gran volumen de información es difícil de procesar, a lo que se suma que existen archivos a los que no pueden acceder por el formato en que se encuentran.
En la medida en que los datos lleguen a los abogados, se convocará a la audiencia preparatoria de la prueba anticipada que fue suspendida el 8 de noviembre, en una decisión de la sede judicial que fue apelada por la fiscal Viera.
La próxima audiencia de la causa está fijada para el 15 de diciembre y en ella se tomará la primera declaración a una de las víctimas, sobre la que hay un solo imputado. La jueza De los Santos permitió a las defensas de los otros imputados concurrir a la audiencia.
Consultado sobre el rol de la Fiscalía en la protección de las 20 víctimas de la causa, el fiscal de Corte señaló que se está trabajando en ese sentido “con la mayor responsabilidad y el más absoluto de los silencios”, y agregó que la Unidad de Víctimas cumple con los protocolos previstos para estos casos y está “acompañando emocionalmente a las víctimas”. Díaz dijo que los delitos sexuales son “de los que más han crecido en cantidad de imputaciones” y agregó que, además de denunciarse más, “ahora se trabaja mejor porque se atiende a la víctima”. No obstante, subrayó su preocupación por la falta de recursos para cumplir con esa tarea.