José Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la Justicia brasileña, determinó este jueves que los fiscales que se están desempeñando dentro de la Operación Lava Jato deben compartir todas las informaciones que recolectaron en estos años de actuación con la Fiscalía General de la República (PGR, por sus siglas en portugués).
De acuerdo a lo que informó el portal Brasil247, la decisión de Dias Toffoli responde a un pedido realizado desde la PGR, entidad presidida por Augusto Aras, quien había manifestado que el cuerpo que él dirige había encontrado “resistencia” por parte de los fiscales de la causa Lava Jato para compartir información. El pedido de información se centra específicamente en las actuaciones de la Lava Jato en las ciudades de Curitiba, San Pablo y Río de Janeiro.
Hace pocos días, desde la PGR se manifestó que había desconfianza hacia algunos de los fiscales de la Lava Jato, porque se sospechaba que estaban violando la ley para investigar al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y a su homólogo del Senado, Davi Alcolumbre, quienes obviamente tienen fueros parlamentarios.
Los fiscales negaron que esto esté ocurriendo, pero lo que es evidente es que está existiendo una puja entre los principales impulsores de la Lava Jato y la PGR.
La crisis de poderes estalló, de acuerdo a lo que informaron medios brasileños, cuando una alta funcionaria de la PGR, Lindôra Araújo, se presentó en los tribunales de Justicia de Curitiba, donde solicitó ver datos secretos de la causa Lava Jato, además de inspeccionar los trabajos que está realizado esa unidad de investigación. Ante lo que consideraron como un atropello a sus tareas, varios de los fiscales solicitaron su renuncia al caso, lo que elevó la tensión. Ante esta situación, el fiscal general Aras expresó que los fiscales de la Operación Lava Jato no pueden actuar “como si fueran un órgano autónomo” y afirmó que ellos deben “ceñirse a las normas”.
Esta semana, según informó la revista Fórum, el fiscal Deltan Dallagnol, máximo coordinador de la Operación Lava Jato en la ciudad de Curitiba, llegó a decir que si la PGR tuviera acceso indiscriminado a las pruebas y los documentos de la investigación que él dirige, sería como si un banco diera los datos secretos de sus ahorristas sin justificación alguna.
PT a la Justicia
En otra noticia vinculada al ámbito judicial, el Partido de los Trabajadores (PT) formalizó este jueves un pedido al STF para que esta corte invalide y declare inconstitucional el veto impuesto por el presidente Jair Bolsonaro a la ley aprobada por el Congreso que, en el marco de la pandemia de coronavirus, dispone la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios públicos.
Tras la sanción de la ley, la semana pasada, el mandatario, actualmente enfermo de covid-19, vetó varias partes de la normativa, entre ellas la que determina el uso obligatorio de tapabocas en establecimientos comerciales, fábricas, instituciones de enseñanza, templos religiosos, órganos y entidades del Estado, además de cualquier espacio cerrado donde haya aglomeración de personas.
“La vida y la salud de la población están en riesgo por el uso de una prerrogativa constitucional que, de manera totalmente injustificada e injustificable, detiene los avances legislativos que intentan proteger a los ciudadanos brasileños con base en fundamentos científicos”, afirmaron los diputados petistas Jean Paul Prates, representante del partido izquierdista por el estado de Río Grande do Norte, y Paulo Teixeira, legislador por el estado de San Pablo.
Tras el veto impuesto por Bolsonaro, actualmente el uso de tapabocas es obligatorio sólo en espacios públicos abiertos, como calles, avenidas, además del transporte público.
Además, el veto del mandatario ultraderechista también dejó sin efecto la disposición que obligaba a los establecimientos comerciales a proporcionar tapabocas a sus funcionarios. Paralelamente, el veto también dejó sin efecto la parte de la ley que agravaba las sanciones contra los infractores reincidentes, o contra aquellas personas que no usasen tapabocas en lugares cerrados.
En el escrito del PT presentado ante la Justicia se dice que “es evidente que el momento que está viviendo la sociedad brasileña, siguiendo con lo que pasa en el resto del mundo, exige la actuación inmediata del STF ante el peligro que puede implicar la demora”.