El Poder Ejecutivo presentó finalmente la demanda civil contra Cardama, que se suma a la penal, en la que esta semana hubo novedades, ya que el fiscal subrogante del caso, Gilberto Rodríguez, definió citar como indagados a las entonces autoridades del Ministerio de Defensa, entre ellos, a los exministros Javier García y Armando Castaingdebat.
En la demanda presentada este jueves, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) reclamó la suma de 28 millones de euros por “concepto de restitución de los importes abonados” hasta ahora por el gobierno uruguayo a Cardama, además de “los intereses legales desde la fecha en que se realizó el pago de cada uno de los importes que integran la referida suma (con eventual deducción de las sumas que el Estado lograre percibir en ejecución de la garantía emitida por Redbridge Insurance Company)”, indicó el documento, del que informó El Observador este jueves, y al que accedió la diaria.
También reclamó el pago de los “gastos y honorarios incurridos por concepto de honorarios de peritos, profesionales y demás gastos derivados del incumplimiento que ascienden a 474.000 euros, 64.000 dólares y 417.000 pesos, más intereses y ajuste por índice de precios al consumo [IPC]”.
A su vez, se solicita que se indemnice al Estado uruguayo por los “daños y perjuicios derivados de la pérdida del uso operativo” de las dos patrulleras OPV, y el “sobreprecio que el Estado deba abonar al adquirir embarcaciones equivalentes a las que debía proporcionar Cardama, así como los costos adicionales que el procedimiento de adquisición genere, más los intereses legales, y ajuste por IPC”.
El gobierno solicitó que se tome como prueba testimonial las declaraciones de José Miguel Delpiazzo, del Estudio Delpiazzo, quien asesoró a las exautoridades del MDN y advirtió por las “desprolijidades” del titular de Cardama respecto de las garantías de reembolso y de fiel cumplimiento del contrato.
Asimismo, solicitó que, entre otros testimonios, se tome declaración del notario español Luis Calabuig de Leyva, cuya firma apareció en un acta presentada junto con la garantía de fiel cumplimiento de la empresa Eurocommerce Bank, que resultó ser una firma creada para la operación. El notario español presentó una demanda por la adulteración de su rúbrica, según informó Búsqueda. También se solicitó la declaración del notario Ignacio Martínez-Gil, que concluyó que las copias entregada por Cardama al gobierno uruguayo eran falsas y no habían sido certificadas por ningún notario.
Nuevos elementos: participación de dos empresas en “esquema de engaño”
En la demanda se destacó que recientemente se introdujo un “nuevo elemento, desconocido hasta ahora: la intervención de dos empresas intermediarias presuntamente contratadas por Cardama, aparentemente vehículos del fraude”. Según informó el gobierno, “más allá de la novedad de este planteo, en lo que parece ser un intento por alejarse de su participación directa en el fraude, solo confirma la existencia de un esquema de engaño contra el Estado uruguayo, de principio a fin”.
Las empresas serían Forum Europe y Star Alliance Consulting. Con la primera, “se habrían celebrado al menos dos contratos” por parte de Cardama y se menciona “el primero de fecha 15 de octubre de 2024 y el segundo presumiblemente el 17 de diciembre de 2023. Como resultado de esa contratación, Forum Europe SL habría actuado como intermediario en la emisión de las supuestas garantías presentadas por Cardama al MDN”.
Para el ministerio, “todo hace presumir que, desde el primer día del contrato, Cardama ya tenía contratado al intermediario que le consiguió una garantía falsa”, en referencia a la garantía de Eurocommerce. Con relación a la segunda empresa mencionada, se señala un informe que da cuenta de que “en lo que respecta a Star Alliance Consulting SL, fue constituida tan solo cuatro meses antes del contrato de intermediación, con el capital social mínimo legal de 3.000 euros; su activo total era inferior a 12.005 euros; y no contaba con ningún empleado en plantilla”.