La fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, pidió un año de prórroga para ampliar la investigación sobre el empresario Martín Mutio antes de la acusación. Según supo la diaria, Ferrero planteó que se trata de una investigación compleja, que requiere varias diligencias en el exterior que aún están pendientes y que se demoraron por las dificultades generadas por la pandemia de coronavirus.
Además, Ferrero pidió ampliar la imputación de Mutio, que está formalizado por un delito de asistencia al lavado de activos, con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Integral contra el Lavado de Activos. Esto fue rechazado tanto por la defensa de Mutio como por la jueza Beatriz Larrieu, al considerar que el artículo al que alude la fiscal no tipifica ningún delito sino que habilita a imputar los delitos de asistencia al lavado, ocultamiento de actividades de lavado o posesión de bienes vinculados al lavado, a quienes cometieron algunos de los delitos precedentes previstos en la ley. La investigación de la Fiscalía apunta a esos delitos precedentes e identificar a todas las personas involucradas en el cargamento y envío de la droga.
La fiscal presentó en la audiencia nuevos hechos de apariencia delictiva vinculados a la actividad comercial de Mutio, que fueron aceptados por la jueza e incorporados al objeto de la investigación.
En tanto, la resolución de la jueza, de conceder sólo 120 días para la investigación, será apelada tanto por la fiscalía, que entiende que necesita más tiempo para investigar, como por la defensa de Mutio, que considera que una prórroga extiende el tiempo de exposición del empresario.
En caso de que el tribunal confirme la decisión de primera instancia sobre este punto, la fiscal deberá presentar su acusación antes del 30 de diciembre de este año y a partir de allí la defensa tendrá 30 días para responder la acusación e iniciar el juicio.
También está pendiente la resolución del tribunal sobre un pedido de nulidad de las actuaciones presentado por la defensa de Mutio por entender que la fiscal había ocultado prueba que favorecía al empresario, en referencia a una cadena de mails entre la Aduana de Hamburgo y Montevideo sobre el peso del contenedor que llevaba la droga, que fue rechazado por la jueza Larrieu a fines de junio.
La causa se inició el 2 de agosto con la incautación de 4.5 toneladas de cocaína en el puerto de la ciudad alemana de Hamburgo, en un contenedor que llevaba 26 toneladas de soja con destino a Amberes, en Bélgica.
La droga fue encontrada en 211 bolsos deportivos negros, en uno de los tres contenedores de soja que la empresa de Mutio había enviado. El destinatario de la soja era un comerciante italiano que fue investigado por la Justicia alemana, al que no se le encontró vínculo con el narcotráfico. En tanto en Amberes fueron detenidas y están siendo investigadas otras personas que fueron a buscar el contenedor al puerto belga.
La investigación de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico de Drogas determinó que la droga fue cargada en Uruguay, en la localidad de Libertad, cuando el resto del envío fue cargado en Los Cerrillos. El contenedor llegó al puerto de Montevideo con un peso de 30.410 kilos y cuando la carga fue inspeccionada en Alemania los precintos de seguridad del contenedor estaban intactos.
La cantidad de cocaína incautada significó un récord para las autoridades aduaneras alemanas, que habían logrado en 2017 la incautación de 3.8 toneladas. La droga tenía en ese entonces un valor de unos 1.100 millones de dólares.
Mutio fue detenido el 30 de agosto, luego que la investigación policial lo identificara como el dueño del cargamento. Mutio cumplió prisión preventiva hasta octubre de 2019, cuando la jueza Larrieu dispuso prisión domiciliaria. La decisión fue apelada por la fiscalía y Mutio debió volver a prisión hasta febrero de este año, cuando se le concedió la prisión domiciliaria. A principios de mayo Larrieu dispuso su libertad con fijación de domicilio, mientras avanza la causa, que lo tiene como único imputado.