“Operación Océano: Explotación sexual, un debate necesario” fue el título elegido para un conversatorio organizado por el Zonal Aguada del PIT-CNT, la Asociación de Prensa del Uruguay y la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). Participaron en la actividad Darviña Viera, fiscal de delitos sexuales a cargo del caso; Nicole Lebel, fiscal adjunta; Karina Núñez, representante de Otras, y Viviana Núñez, secretaria de organización del Zonal Aguada del PIT- CNT y dirigente nacional del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines. La periodista Iliana da Silva fue la moderadora.
La Operación Océano es el mayor caso de explotación de menores de la historia uruguaya. Actualmente hay 32 personas formalizadas y se está reuniendo evidencia sobre otras cuatro. Hay 18 víctimas y desde la fiscalía no descartan que puedan aparecer más.
“Esta realidad nos ha golpeado muy duro como sociedad. Una realidad que estaba allí y que muchas veces no se veía. Es un debate que queda al descubierto a través de una causa judicial, pero seguramente muchos de nuestra sociedad conocían casos”, introdujo Da Silva. Además de este caso, la fiscalía especializada en delitos sexuales trabaja en otros 700 casos. “Son delitos sexuales de todo tipo. Trabajamos en equipo, detrás de cada pista, con un trabajo diario intenso”, explicó la fiscal Lebel.
“Más allá de la Operación Océano, tenemos un debate para dar desde el movimiento sindical. En las asambleas. Tenemos que hablar, aunque no se quiera hablar”, dijo Viviana Núñez. “La Operación Océano es el destape, pero esto pasa hace mucho tiempo. Pasa en los lugares más jodidos. Y en eso las y los trabajadores tenemos un debe”, afirmó.
Karina Núñez, de Otras, agradeció a Viera “desde el dolor y la rabia”, porque contó que fue víctima de explotación sexual a los 12 años. “Viví lo que hace la Justicia cuando no se hace cargo de estos temas. Soy del interior y viví lo que la gente con poder hace con las gurisas”, dijo.
Viera recordó que el disparador de la Operación Océano fue una denuncia de abuso de explotación sexual de una adolescente en Maldonado. “Con el fallecimiento de otra adolescente en Canelones se hizo la conexión con el caso de Maldonado. Primero fue una desaparición y luego una muerte. Dieron el puntapié a la Operación Océano y se empezaron a investigar como casos de explotación sexual”, explicó la fiscal.
“Hay muchos más casos Océano”, dijo Viera. “No creo que sea el único caso en Uruguay. Este caso ha sido grande y ha tomado difusión pública por la cantidad de gente que tiene involucrada, pero hay muchos más”, agregó.
Explicó que generalmente el primer contacto lo tiene la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, y no los fiscales. “Muchas veces lleva un proceso largo hasta llegar a la declaración. La declaración no es necesariamente en la fiscalía, hemos ido a las casas de las víctimas”. En general en estos casos las víctimas no se reconocen como tales, explicó, y “en este caso en particular la unidad realiza un trabajo con la persona y con sus familias para que se visualicen como víctimas”.
Consultada sobre el rol de las madres y los padres, comentó que han tenido contacto con ellos. “Hay vulnerabilidad en las víctimas” y “muchas veces esta vulnerabilidad está dentro de esa familia. No hay un control y una contención por parte de los adultos responsables, que en muchos casos no sabían lo que estaban pasando”, dijo.
Terrenos distintos
“Fui víctima de explotación sexual a los 12 años, en un contexto mucho más difícil, en el que la palabra de las gurisas no valía nada”, dijo Karina Núñez. “Veo que ahora las gurisas están mucho más expuestas, porque la sexualización arranca más temprano”, agregó, y diferenció la explotación en Montevideo y en el interior: “Tenemos dos visualizaciones diferentes. Una cosa son los niños en las urbes y otra en los pueblos chicos. En el interior está naturalizado que una gurisa de 15 años se consiga alguien con plata para casarse y sostener a su familia. Y eso no se ve como explotación sexual”.
“Acá no hablamos de chiquilinas que tengan cuentas en bancos ‒como algunas de las víctimas de la Operación Océano‒. Hablamos de chiquilinas que tienen suerte si pueden comer arroz con huevo. Y si pueden, se compran unos championes”, explicó. Dijo que muchas veces “las familias no lo ven como algo malo, sino como algo que les quita la carga”. Por eso, “el derecho tiene que ser 4x4, tiene que abarcar todos los terrenos, porque cambia la situación en el caso a caso”.
Para ella, los delitos sexuales deben ser imprescriptibles: “Mientras no me enteré que lo que me había pasado a los 12 años no me tendría que haber pasado lo pasé bárbaro. Cuando me enteré me dolió muchísimo. Y todavía me duelen las manos de ese hombre en mi cuerpo. Al que diga que estos delitos prescriben le puedo decir que mi cuerpo no piensa lo mismo”.
Perspectiva de género
Para Viera, la Operación Océano deja aprendizajes para las instituciones y para la sociedad en su conjunto: “A las instituciones nos demuestra que tenemos mucho que aprender sobre género, explotación y otros temas. Como ha sido un caso que ha tenido tanta difusión, ha alertado a la sociedad y se discute mucho sobre el tema”.
En las redes sociales “se ve mucha vinculación de niñas y niños con grupos de pornografía. Hay muchos casos que no son tan visibles, pero existen”, dijo la fiscal. “Para las familias es un aprendizaje, para prestar más atención a las redes sociales a través de las que se vinculan las niñas, niños y adolescentes”, afirmó. “Niñas y niños muy pequeños reciben mensajes invitándolos a grupos y conversaciones. Si los padres no están alertas no se sabe a dónde pueden terminar vinculados esos niños”, dijo.
La fiscal consideró que “la sociedad está dividida frente a este delito” Así aparecen afirmaciones como “‘las chiquilinas eran unas regaladas’, ‘la culpa es de ellas’, ‘dónde estaban los padres’”. “No podemos ver a las víctimas como victimarias”, dijo.
Para Karina Núñez, esta división en la sociedad se debe a que “tendrían que hacerse cargo de que muchos forman parte de esto: los que reciben fotos de gurisas, los que pagan por gurisas. Hasta que no te revienta la bomba en la cara nadie se hace cargo”. La representante de Otras agregó: “Ningún cuerpo de ninguna gurisa debe estar al acceso de quienes tienen poder. Las gurisas dan señales, pero muchas veces no vemos que están pidiendo ayuda”.
Los formalizados comparten perfil: son varones mayores con poder adquisitivo y posiciones acomodadas. “No fue un delito cometido por pobres”, dijo Viera. Las víctimas en su mayoría son de clase media. “El tema es el consumo. Querer tener. Quieren tener y por alguna razón no pueden, por eso buscaron esta forma de acceder a las cosas que querían”, explicó la fiscal.
Karina Núñez manifestó que “nunca la solución es penetrarlas para ayudarlas”, y reiteró que no se trata de prostitución sino de explotación sexual. “Eso tiene que quedar clarísimo. No existe la prostitución infantil. Es explotación sexual”.
Estado actual del caso
Según explicó Viera, el caso “está en la etapa intermedia, todavía no se está armando la acusación”. La fiscal agregó que “se hizo una investigación preliminar, prevista por el Código del Proceso Penal”, y que “desde la formalización, la fiscalía tiene un año para armar la acusación: si no alcanza ese año, se puede solicitar otro año, y mientras tanto están las medidas cautelares”. En caso de existir condena, se puede pensar en una reparación para las víctimas.
Se le consultó a la fiscal por qué no pidió prisión preventiva, y respondió: “La prisión preventiva se solicita si hay determinados riesgos. La fiscalía consideró que esos riesgos no estaban. Y por ahora entendemos que no nos equivocamos”. Dijo que hasta ahora no ha habido riesgos para las víctimas, y que en el caso en que se entendió que sí podía haberlo, se pidió prisión preventiva.
Sobre los argumentos de las defensas, Viera explicó que el principal es: “No sabía que era menor”. Una de las explicaciones más comunes es: “Estaba en una página y por ende tenía que ser mayor”. La mayoría de los argumentos dicen que “fueron inducidos al error”. Al respecto, la fiscal explicó que no se trata de “tener una cédula falsa”, sino de presentar otra cédula.
Afirmó que si bien la fiscalía tiene herramientas para investigar, el problema es la cantidad de casos a su cargo. “La fiscalía especializada en delitos sexuales está sobrecargada. Tenemos 700 casos. Cada caso lleva muchas horas. Cada víctima es acompañada desde la Unidad de Víctimas y Testigos. Se charla con ella, se habla con la familia, se hacen todas las pericias, que llevan meses, se toman declaraciones. Cada caso lleva mucho tiempo. Es imposible llevar adelante todos los casos, se van atrasando porque no podemos dar cumplimiento”, explicó. En su opinión, “sería necesario tener más fiscalías especializadas”, pero no hay presupuesto.
Juego sucio
“La defensa es defensa, no va a ir a felicitar a la fiscalía. La defensa pelea y para eso tiene las herramientas legales. No me gusta cuando no se pelea con armas legales”, dijo Viera, y consideró un error la denuncia que se hizo contra la fiscalía por “estar pasando información del caso a la prensa”. La fiscal agregó: “Eso no es así. Para esas cosas no tengo palabras. Para defender están las leyes. Tienen que usar eso y no otra cosa”.
Sobre el rol de los medios, dijo que el papel de la prensa es muy importante. Pero también señaló: “Hay prensa y prensa. Prensa con mayúscula y prensa con minúscula. La prensa informa y está bien que informe. Pero cuando se publican, por ejemplo, los audios transcritos de la declaración de las víctimas, eso está mal. Quien le dio los audios está mal, pero quien lo transcribe y publica está pésimo como periodista”.
Afirmó que esto “perjudica a las víctimas y a sus familias”, y opinó que si se hace de esa manera es porque “seguramente esa prensa no las ve como víctimas, porque alguien que está publicando lo que la víctima contó no la ve como víctima”. Lebel agregó que además esto puede perjudicar el caso. “Puede hacer que esas víctimas no quieran seguir la causa, porque si no pueden confiar en que la fiscalía no publica lo que declaran no van a querer seguir”.
Viera sugiere que los periodistas se capaciten en temas judiciales. “Lo que no sepan o tengan dudas pueden llamar a la fiscalía, contactar a los fiscales y sacarse las dudas antes de publicar algo que afecte a la causa o a las personas involucradas”.
Varones carnaval
El aluvión de denuncias a través de las redes sociales que tuvo como cuenta pionera a Varones Carnaval tuvo su resonancia en la fiscalía, que abrió una línea telefónica para recibir denuncias y resolvió actuar ante las denuncias presentadas.
Antes de esta irrupción, Viera ya estaba trabajando sobre uno de los involucrados. El hombre ya estaba formalizado por abuso sexual y ahora se están buscando otras víctimas. Ya apareció otra. El resto de los casos los lleva adelante Sylvia Lovesio, fiscal especializada en la misma materia.
Viera entiende que el caso Océano fue el disparador de todo esto, y que a raíz de esa investigación salieron múltiples redes para reflejar denuncias. Para la fiscal, “las víctimas se expresan como pueden y cuando pueden”. “Hay víctimas que pasan 30 años para decir lo que les pasó cuando eran niñas. No me parece mal que las víctimas se hayan expresado a través de las redes sociales. De alguna forma se expresaron”, reflexionó.
Karina Núñez sugirió que “si llegaron a un espacio así es porque en los espacios más cercanos no pudieron hacerlo”, y agregó que “exponerte así es una decisión cuando no tenés la respuesta necesaria”. Viera discrepó, y dijo que “la víctima se expresa cuando puede y como puede”. La fiscal agregó: “No es porque necesariamente no hayan sido escuchadas; sé de víctimas que fueron escuchadas y sostenidas por sus familias y no habían querido denunciarlo antes públicamente”.