Corina Giacomello es licenciada en Estudios del Desarrollo por la Universidad East Anglia de Inglaterra. Además, tiene una maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y se especializa en cuestiones penitenciarias, género, derechos de la niñez, políticas de drogas, sistema de justicia para adolescentes y alternativas para el encarcelamiento. Trabaja para la Universidad Autónoma de Chiapas, en México.
Visitó Uruguay para la octava edición de la Expo Cannabis, que tuvo lugar del 3 al 5 de diciembre, y convocó a cientos de personas de distintos países. Durante su estadía dialogó con la diaria.
Decís que América Latina está atravesada por una emergencia carcelaria. ¿Por qué?
América Latina está atravesada por una crisis carcelaria. Hay datos cuantitativos que lo muestran con mucha claridad. Entre el 2000 y la actualidad la población penitenciaria a nivel mundial tuvo 24% de aumento. En cambio, en América Latina, en ese mismo lapso, la población penitenciaria creció 200%. Las políticas de drogas y la criminalización vinculada al consumo de sustancias y el microtráfico es la principal causa que subyace a la crisis penitenciaria en la región, que se ve caracterizada por el hacinamiento, y lo que eso conlleva: particularmente condiciones de encarcelamiento precarias. Hay numerosas sentencias de la Corte Interamericana que así lo demuestran, también informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refieren al abuso de la prisión preventiva, el hacinamiento, la falta de cumplimiento de derechos, la falta de provisión de insumos. Porque es responsabilidad del Estado proveer a las personas en prisión de agua, alimentación, cobijas, escuela, trabajo, etcétera. También la falta de acceso a alternativas al encarcelamiento, porque la prisión sigue siendo la principal respuesta del Estado punitivo, tanto en fase preventiva como de condena. Hay una subaplicación de alternativas al encarcelamiento, por lo tanto tenemos cárceles congestionadas, con una importante crisis de derechos humanos, lo que afecta no solamente a las personas en prisión sino también a sus familias, y particularmente a las mujeres: parejas, madres, hijas, hermanas, que son quienes se encargan de toda la logística emocional, de los cuidados, de los afectos, del proceso penal y del sostén económico de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Hay una persecución explícita a los delitos de drogas. ¿Ha tenido resultado?
Los estados de América Latina y el Caribe tienen implementada una política específica punitiva hacia los delitos relacionados con drogas, sin considerar el margen que dejan las convenciones internacionales, sino aplicando un prohibicionismo estricto, que se manifiesta, entre otras características, por el uso de la prisión preventiva como principal respuesta a los delitos relacionados con drogas, o bien de iure o de facto. Por lo tanto, se desaprovecha la posibilidad de implementar una descriminalización efectiva, o, en su defecto, alternativas al encarcelamiento en todas las fases del proceso penal, desde la detención policial, durante el proceso previo a la sentencia y durante la ejecución de la sentencia. Esto no ha traído resultados, porque se supone que lo que se espera es la reducción de los mercados de drogas y del consumo. Pero, en cambio, vemos que ambos siguen creciendo y que América Latina sigue desempeñando un rol muy importante con respecto a la producción y el tráfico internacional, con un consumo también creciente. Entonces, sin duda no se han logrado los objetivos explícitos del narcoprohibicionismo y, en cambio, se ha desencadenado la criminalización y el encarcelamiento masivo de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
La repercusión está feminizada. ¿Por qué?
Las consecuencias están feminizadas porque si bien las mujeres privadas de libertad siguen representando un porcentaje pequeño de la población penitenciaria total, en términos cuantitativos, los delitos de drogas constituyen la primera causa de encarcelamiento de mujeres, con porcentajes muy altos de representación. Son mujeres que son totalmente desechables y desechadas por el Estado y por las organizaciones criminales, donde las repercusiones son particularmente marcadas por esa vinculación. Por un lado, lo que subyace al involucramiento de las mujeres con esos delitos es generalmente la pobreza, la violencia de género, la inserción mediante relaciones de pareja o familiares, en organizaciones criminales patriarcales. Por eso insisto mucho en el carácter desechable y desechado de estas mujeres. Hay una respuesta estatal frente a los delitos de drogas que no toma en cuenta para nada las historias de vida y las circunstancias particulares, y que aplica penas de prisión desproporcionadas, prisión preventiva y falta de acceso a alternativas al encarcelamiento. Luego, están las particularidades de las mujeres en prisión respecto de las condiciones de detención y los impactos de su encarcelamiento sobre sus familias, en particular sobre las hijas e hijos.
¿Qué impactos tiene el encierro masivo de mujeres?
Quiero referirme a la dimensión de género del encarcelamiento para no omitir que las personas privadas de libertad, lejos de ser un conjunto de millones de individuos, son un conjunto de millones de individuos y familias. Y las personas que más están al pendiente, apoyando y sufriendo de manera directa o indirecta el encarcelamiento son mujeres. Entonces, la dimensión total del impacto penitenciario sobre las mujeres hay que medirla cuantitativa y cualitativamente, viendo tanto las mujeres que están privadas de la libertad, como las mujeres que están afuera apoyando a los hombres que están privados de libertad. Son mujeres que reconfiguran totalmente su vida a partir del encierro, que se hacen cargo del cuidado de hijas e hijos, que reorganizan su vida personal y laboral en función de las visitas a la prisión, que sufren calladas una condena invisible. El encarcelamiento de mujeres tiene efectos. Es como una mancha, sobre las mujeres en primer lugar, porque sufren un gran abandono en prisión, lo cual tiene repercusiones no sólo emocionales sino de acceso a la defensa y apoyo económico. Por otro lado, tiene efectos sobre las familias y sobre las hijas e hijos en particular. El perfil predominante de mujeres en prisión son mujeres que vienen de situaciones muy precarias y que muchas veces son las únicas cuidadoras de sus hijas e hijos. Entonces, no es que se quiera reproducir a la mujer únicamente como cuidadora, pero es una dimensión importante que impacta en su encarcelamiento, porque es algo que causa sufrimiento y preocupación y tiene repercusiones de tipo emocional, psicológico, económico y de cuidado. Además, estamos encarcelando mujeres que en su mayoría cometieron delitos menores no violentos, muchas veces en razón de violencia de género y pobreza. No deberían estar en prisión, hay un exceso en el uso del derecho penal que claramente recae sobre las personas más desprotegidas. La pandemia ha causado un aumento de la violencia contra las mujeres, también una mayor salida de las mujeres del mercado laboral y por lo tanto mayor dependencia y menor autonomía y protección, y eso, frente a un Estado que no cambia su política punitiva y organizaciones criminales que lo que buscan son trabajadoras y trabajadores baratos, que sean totalmente desechables. Entonces, las condiciones están para que ese fenómeno siga creciendo si no hay una reorientación de las políticas punitivas. La respuesta que tiene que cambiar es la del Estado, que tiene que escuchar a esas mujeres y dejar de recurrir a la prisión como principal respuesta. Además, no podemos olvidar que el encarcelamiento es caro para quienes van a la cárcel. Es caro porque las cárceles latinoamericanas cuestan, porque no proveen de lo que deberían proveer.
¿Y qué consecuencias tiene sobre las infancias?
Hay niñas y niños que viven en prisión con sus madres, pero los grandes olvidados del sistema penal son aquellos millones de niños que viven desde afuera los cambios que trae el encarcelamiento de un referente significativo. La mayoría de las niñeces afectadas por el encarcelamiento son hijas o hijos de hombres, por la dimensión cuantitativa de la población penitenciaria, pero el efecto cualitativo del encarcelamiento de la madre es más fuerte porque muchas son las únicas cuidadoras de sus hijas e hijos. Entonces, si un hombre va a prisión, lo más seguro es que haya una mamá, una pareja u otra mujer que se encargue de sus hijas e hijos, pero cuando una mujer va a prisión, eso no siempre pasa. Los efectos sobre la niñez son múltiples: emocionales, psicológicos, de estigma en la escuela y en la comunidad, de falta de apoyo, de mucha incertidumbre, tristeza, falta de comprensión de lo que está pasando, situación que muchas veces se ve recrudecida cuando van de visita a las cárceles, lo que puede ser una experiencia muy complicada porque es caro, están lejos, son lugares feos, y a veces los mismos niños son revisados de manera indigna, abusiva. Entonces, la separación es abrupta y puede ser peor por cómo actúa el Estado. Hay relatos de niños que cuentan el momento de la detención, que es el momento más complicado, más violento. Niños encañonados, que ven cómo destrozan sus cosas, como los asustan, como les pegan a sus padres. Ese es el primer encuentro con el Estado. Hay que tomar en cuenta que si bien nos referimos de manera generalizada a los efectos del encarcelamiento sobre las niñeces, eso de ninguna manera pretende generalizar u olvidar la experiencia única de cada niña, niño o adolescente. En general, el impacto del encarcelamiento del Estado punitivo sobre las hijas e hijos de las personas en conflicto con la ley no forma parte de la visión penal o penitenciaria, y tiene que formar parte porque el Estado no puede, en el ejercicio de su facultad punitiva, violentar los derechos de otras ciudadanas y ciudadanos que por su condición de niñez deben ser sujetos de una protección reforzada. Pero, en cambio, lo que vemos es que, en nombre del derecho punitivo, se violan los derechos de estas niñas, niños y adolescentes.
¿Quiénes son las mujeres que van presas?
La prisión sigue tragando a las personas más desprotegidas en cuanto a pobreza multidimensional, exclusión social, estigmas, discriminaciones y estereotipos, y eso también involucra a las mujeres. Muchas son mamás solteras, son mujeres que tienen una historia cíclica de violencia de género que influye en cómo se involucran en los delitos, en los lugares que ocupan, en los delitos que cometen. Todo esto se recrudece a través de las múltiples violencias del sistema penal y penitenciario.
¿Hay proporcionalidad en las penas?
Las penas en materia de delitos de drogas están desproporcionadas porque no suelen tomar en cuenta factores atenuantes. En algunos países hay penas mínimas que son elevadas. En México, el tráfico internacional, lo que se representa en la clásica mula que va de un país a otro, y que va a ganar muy poco por transportar esa droga, la pena mínima son diez años. Es muy complicado hablar de proporcionalidad de la pena y generalmente hay una falta de acceso a alternativas al encarcelamiento. Entonces, no es sólo cuánto dura la pena sino que es una pena prácticamente siempre privativa de la libertad. Uruguay es un caso muy interesante en ese sentido, porque por un lado hay un desafío importante al prohibicionismo con la regulación legal estatal [de cannabis], pero por otro lado en esa misma agenda de seguridad se suben las penas por conductas relacionadas a la pasta base, aplicando de esa manera la visión más primitiva del prohibicionismo, por el cual las personas son medidas en función de la sustancia y las sustancias son medidas en función del miedo social.
¿Cuál es el rol de las mujeres en el narcomundo?
Son organizaciones con caracterizaciones patriarcales, donde fundamentalmente el liderazgo es masculino. Es importante señalar que el involucramiento y ascenso sigue estando marcado por relaciones de género tradicionales, entonces, la participación e incursión en este mundo suele ser principalmente a través de relaciones de pareja o familiares. Y también hay techos de cristal para estas mujeres. Pero lo más importante para el tema específico es el cruce con el encarcelamiento. Más que pensar en los roles de las mujeres afuera, es pensar en los roles de las mujeres a quienes encarcelan. Son principalmente mujeres que usan sustancias, que pueden vender sustancias para el consumo propio, a veces para el consumo de la pareja, o como parte de un microcomercio. Son mujeres que transportan drogas a través de la frontera o que introducen drogas en los centros de reclusión como parte de organizaciones de liderazgo masculino o para parientes hombres privados de libertad. Entonces, digamos que esa dimensión del patriarcado nunca deja de estar presente y no es tomada en cuenta por el Estado. No tomar en cuenta estos procesos se convierte en una forma de violencia de parte del Estado. Las mujeres ocupan los lugares más bajos de la cadena delictiva, son muy fáciles de contratar porque tienen necesidades, porque los roles que desempeñan no requieren grandes habilidades. Se puede entrenar una mula, se puede entrenar a alguien para que trague cápsulas o las inserte en la vagina y así mandarlas como carne de cañón. Si las pierden, no son una pérdida sustancial para las organizaciones, porque hay muchas que pueden ocupar ese lugar y que tienen la necesidad económica, social y de género de hacerlo. Por otro lado, son ganancias fáciles para los gobiernos. No olvidemos que uno de los indicadores para demostrar el éxito de la guerra contra las drogas, y que está marcado en los mecanismos de evaluación multilateral de la OEA [Organización de los Estados Americanos], es el número de personas detenidas. Entonces, son ganancias fáciles para el Estado y pérdidas baratas para las organizaciones criminales, fácilmente reemplazables a menudo por los propios hombres que las involucran.
¿Las cárceles están preparadas para alojar mujeres y para tener una perspectiva de género en el trato y el tratamiento penitenciario?
Una premisa importante es decir que las cárceles no están preparadas para recibir a personas. Si bien desde los feminismos a veces se afirma que las cárceles son androcéntricas, que están hechas por los hombres y para los hombres, se deja de comprender la visión más amplia de que las prisiones no están pensadas para las personas. Son instituciones totalitarias, deshumanizantes, que buscan despersonalizar a quienes están dentro de ellas y que afectan también a sus familiares. La menor presencia cuantitativa de mujeres en prisión se ha convertido también en una invisibilización cualitativa. Hay que reconocer que los feminismos han estado alejados de esta población y es importante cerrar esas brechas. Son mujeres con perfiles marcados por la exclusión social y principalmente acusadas de delitos menores o de delitos vinculados al género. Hay mayor visibilización, sin embargo eso no encuentra una respuesta de parte de las políticas estatales. Son personas expuestas a mayor vulnerabilidad, por las condiciones penitenciarias en cuanto a la infraestructura y el acceso a servicios, como también por una mayor exposición a tortura y el abuso sexual, además de tener mayor aislamiento y un acceso reducido a los servicios de por sí precarios que existen en las cárceles.
¿Cuáles son las alternativas a la prisión y por qué es importante explorarlas?
Las alternativas al encarcelamiento incluyen un conjunto de medidas, que pueden ir de las menos restrictivas, como es presentarse a un mecanismo de supervisión administrativo en sede policial o judicial, es decir, presentarse físicamente y firmar, a la más restrictiva, que sería la detención domiciliaria, que puede ser agravada por el monitoreo electrónico con una tobillera. En general, el objetivo de las medidas alternativas es reducir el alcance, el peso y las consecuencias negativas del sistema penal, a la vez de proveer mecanismos que son más efectivos en reducir la reincidencia y que son menos costosos y aflictivos para la persona que los recibe. Sin embargo, es importante destacar que las medidas alternativas tampoco son la panacea si no van acompañadas de reformas de la mentalidad y legislativas que tiendan a reducir efectivamente el alcance del derecho penal. Las medidas alternativas tienen que formar parte de un movimiento hacia la destipificación de los delitos, porque si no el riesgo es que la mancha penal del Estado se extienda. Es decir, no baja la población de personas en prisión; al contrario, como hay estos mecanismos alternos, hay un mayor uso de alternativas al encarcelamiento, lo que genera en definitiva que más personas estén bajo el control del Estado. No sólo van a la cárcel, también más personas que están en libertad están bajo algún tipo de supervisión penal. En Uruguay es problemático porque vemos un aumento de población privada de libertad particularmente por microtráfico y no se aplican alternativas al encarcelamiento, pese a que eso se promueve desde ámbitos internacionales a los que Uruguay adhiere, donde se aboga por las medidas alternativas para mujeres que cometen delitos de drogas. Sin embargo, no es algo que suceda.
La publicación Niñez que cuenta, de Gurises Unidos y la Junta Nacional de Drogas, coordinada por Giacomello, relata el impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe.