El juez de Concurso de 1° turno, Leonardo Méndez, rechazó el reclamo de la Dirección General Impositiva (DGI) en la causa Conexión Ganadera, por concepto de impuestos impagos, que el organismo estimó en 6,4 millones de dólares.
La DGI se había presentado para verificar el crédito de forma tardía —por fuera de los 60 días que establece la ley de concursos— por aproximadamente 300 millones de pesos. El síndico Alfredo Ciavattone rechazó el reclamo del organismo, en el entendido de que se consideraba que no reunía los requisitos para reclamar el pago de los impuestos y, por lo tanto, se lo excluyó del listado de créditos verificados. Sin embargo, la DGI impugnó la decisión y el juzgado rechazó el reclamo en primera instancia. El caso pasará al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno, que deberá resolver si confirma o revoca esta decisión.
En la sentencia, que fue dada a conocer por Búsqueda y a la que accedió la diaria, se señaló que la DGI compareció a la verificación de los créditos para reclamar los créditos por concepto de los impuestos a la renta de las personas físicas y de los no residentes y que lo que se buscó dilucidar es “si las sumas percibidas por los inversores damnificados, bajo la apariencia de rendimientos de capital, configuraron efectivamente rentas comprendidas en el hecho generador de los impuestos” mencionados.
El juez puntualizó que está “plenamente acreditado” que Conexión Ganadera utilizó un “esquema ponzi”, que determinó la “nulidad absoluta” de los contratos firmados con los damnificados para inversiones. En esa línea, Méndez entendió que la “invalidez originaria del negocio” terminó comprometiendo la “eficacia del título jurídico que aparentemente sustentaba el derecho a percibir los rendimientos prometidos”.
Graciana Abelenda, abogada de algunos damnificados de Conexión Ganadera, explicó a la diaria que el juez entendió que “no se configura el hecho generador de ninguno de esos impuestos por el mero hecho de que no estamos ante una actividad productiva ni de generación de valor ni de nada que implique los supuestos fácticos previstos por los títulos ordenados de cada impuesto, sino que, por el contrario, Conexión Ganadera se trataba básicamente de una estafa, un esquema Ponzi”. En ese sentido, el juez entendió que cada inversor fue engañado por Conexión Ganadera y, por lo tanto, el contrato es inexistente, dado que no se puede generar un impuesto al amparo de un esquema ilegal.
La abogada precisó que este fallo constituye un “excelente precedente” para los inversores porque el dinero reclamado por la DGI fue retenido por la sindicatura, por lo tanto, si no se revoca la sentencia en primera instancia, “es más dinero para eventualmente seguir avanzando en las restituciones”. Asimismo, también está previsto que el tribunal de apelaciones resuelva sobre la impugnación de la familia de Gustavo Basso sobre la liquidación de la herencia y, de rechazarse, serían más activos que se podrían restituir a los acreedores.