No hay bandera uruguaya en el destacamento de la Prefectura Nacional Naval en Baygorria. Tampoco escudo nacional, como en todas las oficinas públicas.
El destacamento no tiene teléfono fijo; celular, tampoco. El suboficial de la Armada Roque Mendiola, que allí reporta, usa un móvil propio, cuyas llamadas paga de su bolsillo. Cuando sus superiores lo llaman, lo hacen a esa línea.
Los muebles de la oficina de la prefectura en Baygorria –un pueblo de apenas 160 habitantes– son de Mendiola, o se los prestaron. También es suyo el pequeño televisor que está encendido; Mendiola paga la señal de cable. En la pared hay unos cuadritos con las fotos del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el comandante de la Armada, Jorge Wilson. Los hizo Mendiola con fotocopias a color que también pagó de su sueldo.
“No hay bandera acá porque esto no es un destacamento. Es un sitio de castigo para mí. Figura como destacamento porque no pueden decir lo que ocurre realmente”, dice Mendiola.
En otro país, Mendiola sería un héroe. En Uruguay, no. Desde 2017 viene denunciando graves delitos dentro de la Armada, muchos de los cuales la Justicia ya ha demostrado verdaderos. Tres exintegrantes de la Marina están condenados como consecuencia de sus denuncias. Gracias a la insistencia de Mendiola fueron descubiertos groseros actos de corrupción y estafas dentro de la fuerza.
Las últimas sentencias respecto de las denuncias de Mendiola fueron emitidas semanas atrás en el juzgado de Paso de los Toros. Dos exintegrantes de la Marina fueron condenados, uno a una pena de tres años y otro a 14 meses de cárcel.
Pero mientras en la Justicia las denuncias de Mendiola avanzaron y fueron demostradas como ciertas, en la Armada las cosas no han rodado a su favor desde entonces. Lejos de ser premiado, fue varias veces sancionado y arrestado, nunca más ascendió y hace tres años fue enviado a una oficina que llevaba más de una década cerrada, un rancho abandonado que hasta hoy sigue sin tener siquiera un teléfono.
Whisky, juguetes y shampoo
Mendiola nació en Paso de los Toros y en 1997, cuando tenía 18 años, decidió ingresar a la Armada porque en su ciudad no había mejores ofertas laborales.
“Los primeros 20 años fueron muy buenos”, relata. Revistó, entre otros destinos, en la Escuela de Especialidades, el Comando de Misiones de Paz, el Capitán Miranda, el Control de Tráfico Marítimo, en la lancha hidrográfica Trieste y en el comando de la flota.
Pero –según cuenta– para poder vivir más cerca de su familia se postuló para trabajar en algún destacamento cercano a Paso de los Toros. Cuando obtuvo lo que quería comenzaron sus problemas. “Todo cambió cuando me transfirieron en 2017 a la prefectura”, recuerda.
El hoy suboficial fue destinado al destacamento de Rincón del Bonete, a 12 kilómetros de su ciudad, bajo la jurisdicción de la Prefectura de Mercedes. Lo nombraron su encargado de logística, administración y marina mercante.
“Al tomar posesión de ese cargo comencé a constatar las irregularidades. Había cajas y cajas de expedientes sin resolver desde el año 2005, muchos en estado de abandono, manchados y mojados”.
Mendiola notó que todos esos expedientes olvidados tenían algo en común: los usuarios de la prefectura habían pagado para matricular un bote o una lancha, pero el trámite no se había hecho. Esos papeles tendrían que haber ido a Mercedes o a Montevideo para seguir adelante. Pero habían quedado pudriéndose en cajas olvidadas y el dinero pagado por los vecinos se había esfumado. Había gente que había abonado para matricular sus embarcaciones y dejado sus documentos originales, ya que así se lo habían exigido como parte del trámite. Les habían cobrado y les habían retenido sus títulos. Y nunca les habían otorgado sus matrículas.
Denuncia por ahogado en el Yi
El 11 de diciembre una persona murió ahogada en el río Yi. El suboficial Roque Mendiola y otros dos integrantes de la Armada investigaron el caso. Todo está relatado en un memorándum en poder de la Fiscalía, que Mendiola elevó al prefecto de Mercedes, el capitán de fragata Gustavo González, el 15 de enero de 2019.
Allí Mendiola denuncia que tras hablar con varios testigos supo que el hoy condenado suboficial Daniel Ortega se hizo pasar por prefecto de Mercedes y en condición de tal tomó examen –sin corresponderle ni tener la preparación adecuada– a los guardavidas y boteros que trabajan para la Intendencia de Durazno y cuidan las playas del Yi.
El día que la persona falleció ahogada, los boteros no tenían matrícula, ni chalecos salvavidas, ni la idoneidad necesaria, denuncia el memorándum.
El 9 de octubre de 2017, Mendiola presentó al prefecto de Mercedes, el capitán Gustavo González, un memorándum enumerando las irregularidades que había constatado. Decía que muchos ciudadanos habían visto sus “negocios frustrados, por no tener las embarcaciones en regla pese a haber realizado todo lo requerido en tiempo y forma por la institución y haber pagado por ello. Existe un usuario que reclama un perjuicio de 17.500 dólares americanos porque no pudo realizar la venta de una lancha que posee”. Ese y todos los documentos citados en esta nota están en poder de la fiscalía o fueron incorporados al expediente judicial.
Mendiola también denunciaba que, al mismo tiempo, embarcaciones que no estaban en condiciones de navegar habían sido matriculadas en forma irregular. Y otras lo hacían sin matrícula, entre ellas las de una empresa dedicada a la producción de caviar.
Muchas de las irregularidades venían desde la gestión del prefecto anterior, el capitán Rodrigo Barcelona, e incluso de antes. Pero el memorándum no fue bien recibido, según relata Mendiola. “El capitán González se enojó conmigo, me dijo que era un atrevido, que cómo me atrevía a informar irregularidades. Y me sancionó: me mandó arrestado al destacamento de Palmar”.
En efecto, consta en expediente judicial que el 26 de octubre de 2017 Mendiola fue castigado. Cuando al capitán González le preguntaron por las razones de esa sanción en una investigación administrativa posterior de la Armada, dijo no recordar el caso. Y no le preguntaron más.
Nunca se le dio a Mendiola el fundamento legal de la sanción, según hoy denuncia. Además, como jefe le pusieron al suboficial Daniel Ortega, uno de los responsables de la desaparición del dinero de los trámites. “Me sacaron el cargo que hasta ese momento ostentaba y no podía hacer nada sin pedirle permiso a Ortega”.
Después de una semana arrestado en Palmar, el suboficial denunciante fue trasladado a Mercedes. “El prefecto González me dijo de parte del capitán de navío [José Luis] Elizondo, que hoy es almirante y prefecto nacional naval, que si pensaba en mi familia me quedara quieto, sin especificarme qué significaba eso. Yo tiempo después pude hablar con Elizondo y él me dijo que nunca había dicho eso”.
Mendiola insistió en que las irregularidades existían y no podían ser toleradas, y otra vez fue sancionado. “Me mandaron cinco días arrestado al destacamento de San Gregorio de Polanco. Luego me trasladaron a Rincón del Bonete. Unos meses después fui designado encargado del destacamento de San Gregorio; me dijeron que me daban una nueva oportunidad. Yo estaba contento, pero otra vez empezó lo mismo. Se presentaban los vecinos y me decían: ‘Este marinero que está al lado suyo me cobró, pero yo hace cinco años que no puedo matricular mi lancha’. Les habían dado recibos falsos por su dinero”.
Mendiola también comprobó que el suboficial Ortega compraba whisky, shampoo, juguetes y un largo etcétera de productos en un supermercado de Paso de los Toros pagando con vales de nafta de la Armada. También vendía carne de la fuerza en una carnicería de la zona. Todo en su propio provecho. Los destacamentos no recibían casi carne.
“Le presenté todas las pruebas al prefecto González, pero me dijo que Ortega era muy poderoso, que tenía padrinos en la fuerza y no se podía hacer nada. Entonces decidí viajar a Montevideo para denunciar lo que estaba pasando en el estado mayor de Prefectura. Pero no me dieron corte. ¡Incluso le regalaron 50 vales de nafta a Ortega para que pudiera cubrir los vales que había vendido o canjeado en el supermercado!”.
En el expediente consta un documento del 28 de diciembre de 2018 en el que el capitán de fragata González pide al jefe de la circunscripción del río Negro si puede enviar 59 vales de nafta para cubrir una deuda de combustible, sin explicar cómo fue generada.
Ya desesperado por el cúmulo de irregularidades impunes, Mendiola logró entrevistarse con un ayudante del comandante en jefe, que por entonces era el almirante Carlos Abilleira, recientemente denunciado ante la Justicia por cargos de corrupción económica por el propio Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
“El capitán Flores me escuchó y literalmente me mandó a pasear, me dijo cualquier cosa”, relata Mendiola. “Al otro día dije basta y me fui a la Fiscalía de Paso de los Toros y denuncié lo que estaba pasando, y nadie en la Armada quería escuchar”. Fue el 30 de octubre de 2018.
Testimonios de dos de los estafados
Nelson de las Heras vive en San Gregorio de Polanco y fue uno de los cientos de ciudadanos que pagaron para matricular su embarcación y se vieron estafados, tal como el suboficial Roque Mendiola viene denunciando desde 2017.
De las Heras contó a la diaria que pagó por la matrícula, pero no se la entregaban a pesar de haber estado reclamándola durante “seis o siete años”. Cuando reclamaba, le decían que no había pagado nada, a pesar de que le habían dado un recibo.
Más de una vez quiso vender su embarcación, pero no pudo por no tener los papeles. “Me perdí una cantidad de negocios”, dijo. Su caso es grave porque en esos años enfermó y hubo momentos en que el dinero le hizo falta para sus tratamientos. Luego de que el caso llegara a los juzgados, De las Heras pudo matricular su embarcación.
No tuvo esa suerte Henry Santamarina, un vecino de Tacuarembó, que un buen día compró un bote y quiso matricularlo, como corresponde. Recuerda muy bien que le giró el dinero a la efectiva María Antonella Martínez, una de las condenadas. “Pero yo reclamaba y reclamaba y la matrícula nunca salía. Fueron años de reclamar sin suerte”, relató. “Fue toda una situación que me desgastó mucho. Al final desistí. Hoy tengo el bote sin matricular, a pesar de que pagué por ello hace ya muchos años”.
Según el suboficial Roque Mendiola, estas estafas alcanzaron a vecinos de Paso de los Toros, San Gregorio, Baygorria, Durazno, Tacuarembó, Mercedes, Palmar, Andresito, Trinidad, Mercedes y Villa Soriano, entre otras localidades.
Arrestado por denunciar
Según documentos que integran el expediente judicial, en mayo de 2018 la Armada comenzó una investigación administrativa sobre estos actos de corrupción. Pero la investigación venía lenta. En agosto de 2018 el comandante Abilleira extendió los plazos. En setiembre lo hizo otra vez.
A pesar de todas las denuncias y la “deuda” de combustible, el 1° de marzo de 2019, en un documento firmado por el nuevo prefecto de Mercedes, el capitán de corbeta Carlos Vidal, consta que el suboficial Ortega fue nombrado encargado de dos destacamentos de la Prefectura Nacional Naval: Palmar y Andresito.
Poco después, cuando ya fue imposible soslayar los delitos, la Marina presentó una denuncia penal en Montevideo. Pero Fiscalía remitió todo a Paso de los Toros, porque allí ya existía una fiscal investigando el mismo caso desde antes, gracias a la denuncia anterior de Mendiola. Y a juzgar por cómo avanzaron las cosas en Fiscalía primero y en el juzgado luego, Mendiola no estaba loco.
En setiembre de 2019, en Paso de los Toros, se formalizaron las causas contra Barcelona, Ortega y otra efectiva llamada María Antonella Martínez, involucrada en los hechos. Barcelona se había retirado, pero los otros dos aún eran efectivos activos. La Armada les dio la baja recién luego de la formalización.
Ese mismo mes, el comandante Abilleira le impuso una nueva sanción a Mendiola: tres días de arresto simple por denunciar irregularidades “sin seguir la vía del mando establecido”. En diciembre de ese año, Barcelona aceptó su culpabilidad y fue condenado a una pena de tres años de penitenciaría y seis de inhabilitación especial como responsable de un delito de peculado agravado. Martínez, por su parte, fue condenada el 13 de octubre a 14 meses de prisión por “reiterados delitos de peculado en reiteración real, con fraude y estafa”.
A Ortega le tocó el turno el 4 de noviembre de 2021. Fue condenado a tres años y diez días de penitenciaría por un “delito continuado de conjunción del interés personal con el público, agravado por el provecho económico en reiteración real”, “un delito de peculado”, “dos delitos de fraude agravados”, “falsificación de documento público” y “un delito de concusión agravado por la calidad de militar en reiteración real”.
La sentencia da por probado que Ortega cobraba para sí mismo dineros del Estado de varios y diversos modos, hacía surtidos en comercios pagando a cuenta de la prefectura, vendía carne de la Armada en su propio provecho y, siendo supervisor de los destacamentos de Bonete, Polanco y Andresito, estafó a la gente, cobrando por trámites que nunca hizo y quedándose con el dinero.
“Destacamento proyectado”
“Acá no tengo ninguna tarea”, dice Mendiola, mientras afuera reina la calma chicha de Baygorria. “Llego de mañana desde Paso de los Toros y paso el día tomando mate y mirando la televisión. Usted es la tercera persona que entra a esta oficina en tres años, sin contar militares. Los otros que han venido son un vecino al que la Armada le robó la plata y hace cinco años que trata de matricular su embarcación; y un buzo que vino a sellar su libreta, porque bucea en el embalse. Es el que se fija si la represa tiene fisuras. No tengo nada para hacer. Los militares vienen cada tanto a ver si estoy vivo”. Esa es la vida de Mendiola desde que el 20 de setiembre de 2019 a las 9.52 arribó a Baygorria.
“Cuando llegué esto era una tapera, una construcción que tenía 17 años de abandono y que era usada por alguna gente para hacer sus necesidades. Yo arreglé todo. La pintura la compré de mi bolsillo. Esos bancos se los compré a una iglesia que cerró en Paso de los Toros. Esta mesa me la regaló el señor Pérez, que trabaja en la represa”. Una orden interna de la Armada de febrero de 2020 define a Baygorria como un “destacamento proyectado y en actual remodelación edilicia”. Para ese entonces, Mendiola ya llevaba cinco meses allí.
La Armada dice que no hay nada raro en toda esta historia. “Se han gestionado todas las investigaciones por denuncias que Mendiola ha hecho”, dijo el capitán Pablo González, encargado de prensa de la Armada al momento de la consulta. “En Baygorria se abrió un destacamento nuevo y se pensó en Mendiola, pero no como castigo. Al contrario, es un lugar que se pretende que crezca y dotar con más gente, de a poco”, agregó el oficial.
El expediente del caso muestra, sin embargo, otros detalles significativos.
En todo el proceso, Mendiola fue varias veces sancionado y arrestado por denunciar hechos delictivos comprobados como verdaderos en la Justicia.
En el camino tuvo que soportar todo tipo de agravios. En la investigación interna de la Armada, el capitán González declaró jamás haber recibido una queja respecto del hoy condenado Ortega, pero sí muchas sobre Mendiola “por su forma de ser” y su “falta de experiencia”. En las conclusiones de la investigación interna, su instructor, el capitán Gabriel Güida, escribió que hay que “remarcar el mal carácter del suboficial Mendiola y lo difícil que se hace trabajar con él”.
El escalafón del personal subalterno de la Armada es el siguiente: marinero de primera, cabo de segunda, cabo de primera, suboficial de segunda, suboficial de primera y suboficial de cargo. Mendiola es suboficial de segunda desde hace muchos años, ya que su carrera ha quedado congelada.
Hay muchos destacamentos de la Armada sobre el río Negro. Todos ellos tienen actividad real. Todos son más importantes que el “proyectado” Baygorria. Según relata Mendiola, hoy todos tienen como encargado a un cabo de segunda. O sea, el encargado de mayor rango se encarga del destacamento menos importante.
Desde hace un tiempo, Mendiola tiene compañía en Baygorria: “Es una marinera que fue acosada sexualmente por su jefe, pero en vez de sancionarlo a él, la enviaron a ella para acá”. La fiscalía de Paso de los Toros está estudiando otras denuncias de Mendiola, algunas graves, incluyendo justamente casos de abuso sexual y violación que habrían ocurrido dentro de la fuerza, en perjuicio de otros marineros.
Mendiola también está litigando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: “Yo reclamo porque el comandante Abilleira me sancionó dos veces por denunciar irregularidades confirmadas y por las cuales hoy ya hay condenados. Yo denuncié porque la ley me obliga como funcionario público. Estuve preso por hacer lo que me obliga la ley. Reclamo que esas sanciones caigan y sean sacadas de mi legajo”.
Toda la situación consta en el MDN. En 2019 Mendiola se presentó a denunciar el caso y se inició un expediente, aún no resuelto. En 2020, según relata, se entrevistó con Fabián Martínez, actual director general del MDN, y le narró todo lo que ha vivido y su actual situación en Baygorria. Mendiola tiene 43 años, está casado con una maestra y tiene dos hijas, de cinco y 11 años. A veces se siente abrumado y hasta desesperado. “No doy más”, dice en un momento de la entrevista. Pero sigue adelante porque su familia lo alienta y porque no conoce otra manera de hacer las cosas.
“Ahora tengo que sacar un préstamo de 10.000 pesos, porque tuve que pagarle 7.500 pesos a la abogada y el sueldo no me alcanza”, lamenta. “Me han hecho gastar el dinero que le falta a mi familia, y eso me duele mucho. Pero me obligan los valores que me enseñaron en mi casa: la ética, no aceptar el abuso. Lo justo es justo. Yo el uniforme me lo pongo en serio. Y para mí la patria es la patria en serio”.