La Justicia española procesó con prisión a dos de los cinco detenidos en España a raíz de la Operación Don Quijote, que desbarató una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba desde 2017.
Según informó Subrayado, las procesadas fueron la líder de la organización, una ciudadana uruguaya de 56 años con antecedentes penales en Uruguay por trata de personas, y otra uruguaya de unos 50 años que la secundaba.
El director de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Rodríguez, dijo a la diaria que los dos procesamientos fueron por los delitos de trata de personas, lucro sobre la prostitución, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a una organización criminal.
Rodríguez informó que las otras tres personas que fueron detenidas en la Operación Don Quijote en España, permanecen a disposición de la Justicia española, pero aún no hay resolución sobre ellas.
La líder de la organización fue condenada en Uruguay como integrante de una organización que se dedicaba a la trata de personas y el narcotráfico, obligando a las víctimas a trasladar droga a Europa y regresar con dinero a Uruguay.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en una conferencia de prensa realizada el miércoles que la mujer “pertenece a una familia en la cual hay más de una persona con antecedentes de narcotráfico y trata de personas” y habría heredado la organización.
En nuestro país fueron tres las personas imputadas por esta causa, entre ellas un empresario responsable de una agencia de viajes, que se encargaba de organizar la salida del país de las víctimas y fue señalado por las testigos protegidas del caso como quien recibía los giros desde España. El empresario habría obtenido unos 44.000 euros entre 2018 y 2020.
También fueron imputados el responsable de realizar todos los trámites para sacar los pasaportes y acompañar a las víctimas al aeropuerto y una mujer que tenía el rol de captar a las víctimas, mujeres en situación de extrema vulnerabilidad a las que se les planteaba que podrían enviar dinero a sus familias.
La fiscal especializada en Delitos Sexuales de 4º turno, Silvia Lovesio, calificó de “régimen de esclavitud” las condiciones en las que eran explotadas las víctimas, dado que no podían salir solas y eran “permanentemente controladas”. Lovesio dijo que en la casa donde estaban alojadas vivían en “condiciones totalmente inhumanas”, pasando hambre y frío. Las víctimas y sus familiares eran amenazados por la organización, que les exigía el pago de 2.000 dólares para liberarlas.