La jueza penal de 33º turno Beatriz Larrieu accedió al pedido de la fiscal especializada en Delitos Sexuales Darviña Viera de prorrogar las medidas cautelares para todos los imputados de la Operación Océano.
Si bien la fiscal había pedido una prórroga de 180 días para todos los imputados que fueron formalizados sin prisión, la jueza definió que todas las cautelares vencerán el próximo 12 de mayo, un día antes de que expire el plazo para la investigación preliminar de la causa.
Además se definieron nuevas medidas cautelares para los imputados respecto de otras víctimas, que aún no se habían establecido porque no había surgido el vínculo de la investigación, que ya cuenta con 36 imputados y 20 víctimas.
Por razones de protocolo sanitario, la audiencia que debía hacerse con todos los imputados, las víctimas y sus defensas se dividió en cuatro partes.
La primera se realizó por teleconferencia con el único imputado que tiene prisión preventiva, y luego se realizaron las otras tres, con los 35 imputados restantes. En la primera audiencia, la jueza Larrieu aceptó la prórroga pedida por la fiscal, pero por un plazo de 45 días.
La defensa del ciudadano uruguayo-paraguayo que se encuentra en prisión preventiva reiteró su pedido de arresto domiciliario con entrega de pasaporte, pero Larrieu considera que persiste riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la causa, más considerando los antecedentes penales del imputado.
Durante esa audiencia, el abogado Santiago Alonso expresó su molestia por las declaraciones realizadas por el fiscal de Corte Jorge Díaz al semanario Búsqueda, en las que aseguró que “cada vez más las partes del proceso juegan ese partido en la investigación y en la prensa” y dijo que la causa debe dirimirse en el juzgado.
Durante las siguientes audiencias los abogados de los imputados reclamaron una mayor justificación de la prórroga de las medidas cautelares, al considerar que el proceso no está amenazado. Para la fiscalía las medidas impuestas, de distanciamiento e incomunicación respecto de las víctimas, busca preservar el testimonio de las víctimas, además de protegerlas.
A la última audiencia concurrió un equipo de la Policía Científica para explicar cómo acceder a los datos de las pericias realizadas sobre los celulares y las computadoras, dado que uno de los reclamos de la defensa de los imputados fue que cuando finalmente se pudo acceder a la prueba era difícil abrir correctamente los archivos.
En diálogo con la diaria, el abogado de parte de las víctimas Juan Raúl Williman valoró esa instancia, que fue pedida por la fiscalía, y la forma en la que fue instrumentada por la sede, con varias pantallas en las que se explicaba cómo leer los archivos. Además, señaló que esa explicación es útil también para la defensa de las víctimas.
En cuanto a la falta de justificación respecto de la prórroga de las medidas cautelares, Williman señaló que es necesaria por la seguridad de las víctimas, para asegurar la eficacia de la investigación y evitar la frustración de la prueba, más considerando que hay declaraciones pendientes.
La causa tendrá una nueva audiencia el 25 de febrero, para preparar lo que será la primera declaración de una de las víctimas como prueba anticipada al juicio. En esa audiencia los abogados de los imputados, la defensa de las víctimas y la fiscalía presentarán sus preguntas y podrán objetar las preguntas de la otra parte, y la jueza conformará un único cuestionario que servirá de guía para la declaración.
El 26 de febrero se realizará la prueba anticipada, en una instancia en la que no hay intercambio entre las defensas de los imputados y la víctima, que declarará ante un funcionario judicial.
Si bien el plazo para realizar la acusación vence el 13 de mayo, esta semana la fiscal Viera adelantó a la diaria que pedirá una prórroga para la investigación debido al volumen de pruebas por procesar. En caso de que se concrete el pedido, la jueza Larrieu puede prorrogar el plazo de la investigación preliminar hasta mayo de 2022.