Ante la consulta presentada por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales dictaminó que la comunicación de los datos del registro del IRCCA podrá efectuarse “con el previo consentimiento del titular del dato o si se asegura su debida anonimización y, en todos los casos, acreditarse que se realiza para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo”. El tratamiento posterior de la información recolectada por el Ministerio del Interior (MI) debe hacerse en forma anonimizada.
El organismo expresa que el IRCCA es responsable de una base de datos que se encuentra “debidamente inscrita”. Esa base nuclea datos de autocultivadores, clubes de cannabis y personas habilitadas para adquirir marihuana en la farmacia.
El IRCCA puede informar si una persona se encuentra o no registrada en alguna de las categorías mencionadas, sólo si existe la “solicitud expresa de relevamiento del secreto por parte de un juzgado”.
Concretamente, el IRCCA le consultó a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales si “debe proceder a entregar la información que solicita el MI sobre el domicilio de los cultivadores domésticos y de los clubes con sus respectivos datos identificatorios, entre otros”.
En el informe se plantea que la Ley 19.172 prevé dentro de las atribuciones del IRCCA la creación del registro de usuarios, “manteniendo el anonimato y privacidad conforme a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación respectiva, confirmando el carácter de dato sensible de la identidad de los titulares de los actos de registro”. También sugiere que la recolección y tratamiento de la información de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia, entre los que está el MI, se deben ajustar a los principios que plantean las leyes, la Constitución y todo el ordenamiento jurídico vigente, “evitando en todo caso las actividades invasivas de la privacidad de las personas”.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales entiende que con el pedido del MI se está “ante la presencia de una pretendida comunicación de datos personales”, que se entiende como una “revelación de datos realizada a una persona distinta del titular del dato”.
Explican que “la calidad de sensible del dato no inhibe su comunicación”, en tanto “se cumplan con todos los requisitos previstos por la ley”, que en este caso es que se haga el trámite a través de un juzgado. Y no se hace el aporte general de los datos, sino que se confirma si la persona que está siendo investigada forma parte o no del registro.
No hay anonimato posible
Daniel Radío, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, dijo a la radio Sarandí, que si bien la propuesta “es que podamos entregar los domicilios en forma anónima, protegiendo la identidad”, él entiende que “no hay ninguna posibilidad de entregar los domicilios sin revelar la identidad”. “Sobre todo porque es al Ministerio del Interior, que tiene registro de los domicilios. No hay ninguna manera de que el domicilio mantenga el anonimato de las personas”, indicó. “Es una cosa absolutamente imposible”, expresó. Dijo que “debería primar la cordura”, “porque la identidad, según está establecido por la ley, es un dato sensible que no se puede relevar”.
Radío sugirió que en el caso de los clubes de cannabis “es más difícil conocer la identidad de los socios que no viven en el club”. Pero, “en todo caso, ahí sí lo que opera es otro criterio: lo que no puedo hacer es poner todos los clubes bajo sospecha. No tengo que poner a todos los clubes bajo sospecha, al contrario, presumo que hacen las cosas bien”.
Si, eventualmente, hay alguna investigación en torno a un club, “vía fiscalía, con autorización de un juez, que se solicite la dirección de ese club”, consideró Radío. “Ese mecanismo facilita que el MI pueda llevar adelante las investigaciones si tiene sospechas de un cultivo ilegal, y al mismo tiempo proteger al resto de los clubes que están haciendo las cosas bien”, añadió. Además, está bajo el cumplimiento de la norma.
Para Radío, el acceso tiene que ser “a partir de que alguno en particular esté bajo sospecha, y no que todos estén bajo sospecha”, porque “eso no tiene ningún sustento en la realidad”. “No se puede sostener que todos los clubes están haciendo las cosas mal y ‘vamos a ver’”, agregó. Explicó que “tampoco funciona la lógica de que si estoy haciendo las cosas bien y no tengo nada para esconder, no tienen por qué esconderme la dirección”. Para ejemplificar esto, dijo que “a ninguno de nosotros nos gustaría que nos pincharan el teléfono todos los días, ‘porque no tenemos nada para esconder’”. Finalmente, señaló que “no funcionan así las cosas”.