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Justicia Crimen organizado
Daniel Espinosa (archivo, junio de 2025). · Foto: Rodrigo Viera Amaral

Daniel Espinosa (archivo, junio de 2025).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

“El crimen organizado siempre trata de corromper a las autoridades públicas”, expresó el asesor de la Senaclaft

Daniel Espinosa se refirió a los principales desafíos en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico y calificó a la fiscal de Corte adjunta, Mónica Ferrero, de “intachable”.

Este jueves, el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, conversó con Panorama Informativo de la diaria Radio sobre el impacto del caso del narcotraficante Sebastián Marset a nivel nacional y los principales desafíos en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. Indicó que no le extraña que surjan amenazas por parte de grupos pertenecientes al narcotráfico como la realizada contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, en tanto “el crimen organizado siempre trata de corromper a las autoridades públicas” y advirtió que, en la medida en que las bandas crezcan y tomen prácticas del exterior, se va a contar con “muchas más amenazas”.

Con respecto al caso de Marset, aseguró que estaba llegando a los niveles de amenaza de “plata o plomo” que son usualmente utilizados con el objetivo de bajar los controles y dijo que se debería contar con una mayor protección para los fiscales que trabajan en materia de la lucha contra el narcotráfico. A su vez, reparó sobre la fortaleza institucional del Estado uruguayo pero advirtió que “con eso no alcanza”, por lo que lo mejor sería ampliar las medidas de seguridad contra el crimen organizado.

Espinosa sostuvo que hay poca información sobre la operativa de Marset a nivel nacional pero indicó que se tiene conocimiento de que “no era el narcotraficante que es ahora” y señaló que aún no se tiene claridad sobre si “está en representación de alguien más poderoso”.

En ese sentido, consideró que en materia de los controles portuarios y en la aduana, se está sujeto a un grupo de funcionarios mucho más amplio que puede estar bajo presión o posible corrupción, por lo que apuntó sobre la necesidad de reportar comportamientos inusuales o situaciones sospechosas. Asimismo, afirmó que el lavado se combate mediante “investigaciones financieras paralelas” que aseguren la corroboración del origen del patrimonio financiero. “Lo que mantiene a las organizaciones es el dinero, hay que hacer esas investigaciones en paralelo”, expresó.

El asesor aseguró que el Estado tiene un debe en lo que respecta a trabajar de forma más coordinada e interinstitucional, junto a la Dirección General Impositiva, el Banco Central y la Senaclaft, para que los fiscales cuenten con toda la información necesaria que es requerida desde diversos sectores.

Con respecto a la actividad de los fiscales y su formación, sostuvo que en el presupuesto pasado se dio la aprobación de la Escuela de Fiscales que, justamente, busca fortalecer la capacitación y reparó en algunas carencias actuales de la Fiscalía como la ausencia de un contador que señaló como poco razonable.

Sobre la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dijo que “tiene la mejor opinión” respecto a su trabajo y su voluntad de combatir el crimen organizado, en tanto la calificó de “intachable”.

Sobre el origen del dinero que se usa para el lavado de activos

Por otra parte, consultado sobre los controles actuales en materia del origen del dinero que es utilizado para el lavado de activos y la defensa legal de algunos narcotraficantes, afirmó que no estaría mal que “se pusiera algo en el sentido de controlar el origen del dinero que se usa” y se refirió a que la situación usual respecto a los abogados que contratan los narcos es que se amparan en que no tener la obligación de reportar sobre la situación económica de sus clientes y apuntó: “Me entero de cosas que estoy exonerado de reportar, es una contradicción que no debería seguir”.

A su vez, dijo que “la mayoría de los países del mundo no tienen este tipo de control de los honorarios” y advirtió que acordar un tope respecto a lo que le pueden pagar a sus abogados no sería de utilidad en tanto se les puede pagar por fuera.