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Justicia Procesos judiciales
Charles Carrera en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. · Foto: Alessandro Maradei

Charles Carrera en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez.

Foto: Alessandro Maradei

Comenzó el juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera

La fiscal Sandra Fleitas y la defensa del exdirector general de la Secretaría del Ministerio del Interior presentaron sus alegatos y se prevé la realización de 26 audiencias.

El juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, dio inicio este lunes al juicio oral contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera. Las partes presentaron sus alegatos de apertura y está previsto que se realicen 26 audiencias.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno, Sandra Fleitas, acusa a Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Pidió cuatro años de prisión, inhabilitación para que se desempeñe en cargos públicos por tres años y una multa de dos millones de pesos.

La denuncia contra Carrera fue presentada en agosto de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior encabezado por Luis Alberto Heber, para que se investigara la habilitación de la asistencia médica a Víctor Hernández en el Hospital Policial y por entregarle tickets de alimentación por 20.000 pesos. Hernández había recibido el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se celebraba el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez.

Según supo la diaria en su alegato de apertura la defensa de Carrera, que llevan adelante los abogados Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, puntualizó que el juicio es sobre una decisión que tomó el Estado en 2013 respecto de “un hombre que no se sabía si iba a volver a caminar, que se encontraba en una cama de hospital”, en momentos en que estaba en curso “una investigación del propio ministerio que apuntaba a su propia gente”.

La defensa resaltó que el Ministerio del Interior hizo “lo que tenía que hacer”, sin esconder ninguna acción al respecto, en el entendido de que la información que tenía hasta ese momento y provenía de Asuntos Internos era que la bala había salido de la casa del subcomisario. “La Constitución dice, en su artículo 24, que el Estado responde por el daño causado a terceros en la ejecución de sus servicios. No hace falta ser abogado para entender lo que eso significaba en 2013: si la bala había salido de esa casa, el Estado, tarde o temprano, iba a tener que responder”, apuntó la defensa en su alegato.

Se hizo hincapié en que se llevó a cabo una evaluación de la pertinencia de atender a Hernández en el Hospital Policial y se concluyó que era el lugar indicado tanto para el tratamiento como para la rehabilitación posterior. Se puntualizó que Hernández fue atendido mediante un mecanismo de “autorización especial”, que habilita a personas que no son funcionarios ni familiares a atenderse en el centro asistencial.

La defensa resaltó que hay 16.000 autorizaciones especiales –firmadas en distintos años– para personas que no son usuarias, y que estas son parte de las pruebas del juicio. Se agregó, además, que existe un formulario especialmente confeccionado para habilitar estas altas en el sistema.

Sobre el pago de tickets de alimentación, se advirtió que el Ministerio del Interior los compraba anualmente, mediante licitación, para pagar la canasta de fin de año de los funcionarios, pero, por diversos motivos, siempre sobraban y se armaba un “bolsón de tickets”. Este sobrante de tickets era guardado por Tesorería y se disponía de ellos para distintos fines.

Además de ser una manera de dar una solución a Hernández, la defensa respaldó la decisión de otorgarle 20.000 pesos en tickets de alimentación como una forma de evitar un eventual juicio contra el Estado. En ese sentido, se recordó que finalmente la familia de Hernández demandó al Estado por 1.200.000 dólares y se argumentó que los tickets de alimentación y la asistencia en el hospital generaron un gasto significativamente menor de lo reclamado por Hernández y su familia.

La defensa resaltó que el delito de fraude “necesita un engañado” y el delito de utilización indebida de información privilegiada “necesita, para empezar a hablar, información reservada”. Sin embargo, se afirmó que las acciones de Carrera son una “decisión del Estado”, “tomada a la luz del día”, por canales formales, auditada, informada ante la Justicia y valorada en procesos judiciales.