La defensa del exsenador del Frente Amplio Charles Carrera, que llevan los abogados Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, contestaron la acusación de la fiscal Sandra Fleitas en la investigación por irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. Concretamente, la fiscalía pidió una condena de cuatro años de penitenciaría por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada.
La denuncia contra Carrera fue presentada en julio de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior encabezadas por Luis Alberto Heber, para que se investigue la habilitación de la asistencia médica de Víctor Hernández en el Hospital Policial tras recibir, en noviembre de 2012, el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, y por entregarle tickets alimentación del ministerio.
La contestación de la defensa
En el documento presentado por la defensa, al que accedió la diaria, se advierte la prescripción de los delitos que dispuso la fiscal Fleitas en la acusación, dado que se trata de delitos con penas máximas de entre seis y cuatro años de penitenciaría y, según el artículo 117 del Código Penal, esos delitos prescriben a los diez años de ocurridos los hechos. El escrito señala que todos los hechos anteriores al 11 de junio de 2015, es decir, diez años antes de la formalización del proceso, están prescritos.
En cuanto al fondo del asunto, el escrito controvierte lo planteado por Fleites tanto en lo que refiere a la internación de Hérnandez en el Hospital Policial como en la entrega de tickets alimentación. Además, marca el recorrido de cómo y quiénes tomaron las decisiones y propone su testimonio en juicio oral y da cuenta del contexto en el que fueron tomadas. En total, la defensa de Carrera propone la participación de 70 testigos y ofrece 40 documentos probatorios.
La internación de Hernández en el Hospital Policial
En cuanto a la decisión de que Hernández reciba atención en el Hospital Policial, el escrito señala que Carrera no tenía potestades para ordenar al entonces director de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, que atendiera a Hérnández, debido a que la Dirección Nacional de Sanidad Policial se encuentra jerárquicamente subordinada al ministro.
La defensa de Carrera señala que, en este caso, la situación sobre la lesión de Hernández y la posibilidad de que existiera responsabilidad del subcomisario Martínez fue conocida por el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien le informaron directamente de la situación. Bonomi dispuso una investigación a la División de Asuntos Internos, y, en función de los primero resultados que apuntaban a la responsabilidad del Ministerio del Interior, definió brindarle atención a Hernández. Varias organizaciones, entre ellas la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios Legales del Uruguay y el Servicio Paz y Justicia, hablaron directamente con el ministro para pedirle que se investigara el hecho. Además, el escrito plantea que Bonomi recibió una carta firmada por 244 personas, representantes de la sociedad civil organizada de Rocha que abogaban por la atención a Hernández, y mantuvo conversaciones en ese sentido con los diputados por Rocha José Carlos Cardozo y Aníbal Pereyra.
En cuanto a la creación de un cargo policial para justificar el ingreso de Hernández al Hospital Policial, la defensa de Carrera reiteró un punto que ya había planteado en otras instancias del proceso, que a todas las personas que ingresan al hospital –por el diseño del formulario de ingreso– se les atribuye un cargo, lo que no implica que efectivamente se les otorgue.
“Una importante serie de factores daban la pauta de que el disparo había provenido de la vivienda ubicada en frente a la de Víctor Hernández, ocupada entonces por el subcomisario Marcos Martínez, que se habían producido un cúmulo de irregularidades y que, en consecuencia, el Ministerio del Interior acabaría siendo responsabilizado”, señala el escrito presentado por Fernández y González Rossi.
El documento plantea que el hospital brinda atenciones especiales a quienes no cuentan con derecho de asistencia propio y que el director nacional de Sanidad Policial tiene la potestad de hacerlo. Por otra parte, tal como había presentado en una pericia económica realizada por Michael Borchardt, la defensa de Carrera sostiene que la internación de Hernández en el Hospital Policial no le generó ningún perjuicio económico al Estado, dado que Hernández era usuario de ASSE, por lo que el gasto que no se concretó en un organismo del Estado se realizó en otro. Además, la defensa de Carrera niega que el exdirector general de Secretaría haya dado órdenes de mantener internado a Hernández, quien estuvo en el Hospital Policial entre julio de 2013 y diciembre de 2016.
La entrega de tickets alimentación
En cuanto a la entrega de tickets alimentación, la defensa sostiene que la decisión se tomó ante la situación económica de Hernández, que no podía hacer frente a sus gastos de subsistencia, y detalla que el fondo salió de los sobrantes de tickets alimentación previstos para canasta de fin de año. Según el escrito, esos sobrantes, generados por los funcionarios que se desvinculan de la institución, se utilizaban para resolver gastos circunstanciales.
Por otra parte, la administración preveía que el ministerio sería condenado por los hechos ocurridos, dado que aún se desconocía que ni la investigación administrativa ni la investigación penal lograrían determinar el origen del disparo. “El hecho de complementar la atención sanitaria con una partida económica para atender necesidades básicas, lógicamente, abatiría los montos de la sentencia de condena”, señala el escrito. Los tickets, que alcanzaban los 20.000 pesos mensuales, fueron entregados entre enero de 2013 y el 31 de octubre de 2016.
Por otra parte, la defensa menciona que hubo otras acciones del Estado que apuntaban a la reparación del daño causado a Hernández, como el otorgamiento de la Intendencia de Rocha y del Municipio de La Paloma de prestaciones económicas a su familia. Incluso el escrito señala que Hernández fue contratado por la Intendencia de Rocha. Además, plantearon que la sociedad de La Paloma realizó varias actividades para juntar fondos para Hernández.