El fiscal especializado en Delitos Económicos de 2º turno, Ricardo Lackner, investiga la denuncia realizada por el Ministerio del Interior (MI) sobre irregularidades en el manejo de la evidencia de la causa sobre explotación sexual de menores, conocida como Operación Océano.
La denuncia que presentó el MI ante la Fiscalía refiere al caso de un funcionario que habría quitado manualmente uno de los archivos de la evidencia, al copiar el disco externo de un abogado.
Para descubrir la maniobra, quienes llevaron adelante la investigación administrativa del MI analizaron un disco externo que había sido copiado para un abogado, pero aún no había sido retirado. Si bien en la audiencia en que se descubrió la falta del archivo ninguno de los abogados presentes lo tenía, los discos no fueron incautados en el momento y aún están en manos de cada abogado.
Fuentes de la investigación explicaron a la diaria que esa es la razón por la que sólo se comprobó un caso irregular, aunque los abogados tanto de las víctimas como de los imputados hayan mostrado en la audiencia que tampoco tenían el archivo. El documento que falta tiene toda la información de uno de los celulares de la víctima que iba a declarar como prueba anticipada a fines de febrero.
Las fuentes señalaron que sin los discos externos con la copia incompleta no se puede determinar la maniobra, pero se estima que fueron al menos diez los discos que salieron de Policía Científica con los datos incompletos y que si los abogados acceden a dejarlos a disposición de la Fiscalía, la investigación se ampliará para esos casos.
Si bien a la Fiscalía llegó la denuncia contra el funcionario que realizó la copia incompleta que pudo probarse, son varios los policías que participaban en el manejo de los datos en las otras copias, y están siendo investigados.
Desde el MI, dijeron a la diaria que los funcionarios implicados aún no fueron sumariados ni separados del cargo, pero advirtieron que a medida que avance la investigación administrativa se tomarán definiciones en ese sentido. En esa línea, explicaron que priorizaron el peritaje técnico del disco sobre la investigación administrativa para detectar posibles hechos irregulares y llevar el caso a la Fiscalía “lo antes posible”.
La denuncia fue presentada el jueves pasado por el MI y derivada a la Fiscalía de Delitos Económicos por entender que existía presunción de un delito de corrupción.
El manejo de la evidencia en la causa fue cuestionado por las defensas de los imputados desde las primeras formalizaciones de la investigación, en mayo de 2020, y fue la causa de la suspensión de varias audiencias y particularmente la postergación de la prueba anticipada de una de las víctimas, que debió realizarse a principios de octubre del año pasado.
Cuando la Fiscalía apeló la suspensión de esa audiencia, pedida por los abogados de los imputados, el Tribunal de Apelaciones de 1º turno ratificó la decisión de primera instancia basada en que los abogados de todas las partes tenían dificultades para acceder a la evidencia y responsabilizó de la situación a la sede judicial y a la Fiscalía. Ese fallo puso en contacto al fiscal de Corte Jorge Díaz y al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para resolver la situación. Unos días después, Policía Científica dijo que estaba todo pronto para que los abogados fueran a retirar los discos externos con toda la evidencia a la sede de Interpol.
Sin embargo, después de haber entregado algunos discos, la Policía Científica constató que las copias se estaban realizando en forma incompleta, por lo que llamaron a esos abogados para que regresaran con los discos. Finalmente, a principios de diciembre se convocaron audiencias para febrero para continuar con el proceso que había sido interrumpido en octubre.
Dado que los reclamos continuaron, la fiscal Viera convocó al Palacio de los Tribunales a un equipo de Policía Científica para explicar cómo acceder a los datos de las pericias, que contenían un índice que permitía comprender la organización de los archivos. La primera explicación la realizaron en la audiencia del 5 de febrero y, como no todos los abogados participaron de esa audiencia, la instancia se reiteró en la audiencia del 23. Cuando los policías estaban explicando la forma de acceder utilizando el disco externo de uno de los abogados, constataron que faltaba uno de los celulares.
La jueza de 33º turno, Beatriz Larrieu, suspendió todas las audiencias previstas en la causa, mientras que tanto la Fiscalía como el MI dispusieron investigaciones administrativas para saber qué había ocurrido. Al finalizar esas investigaciones, se pudo constatar que la información original fue preservada adecuadamente, por lo que la evidencia estaría disponible para las partes en un futuro juicio.
De todas maneras, la jueza Larrieu deberá resolver sobre los tres recursos de nulidad que presentaron las defensas de los imputados, que entienden que no están dadas las garantías para continuar con la causa.
La semana pasada, el fiscal de Corte Jorge Díaz dijo que la situación “se ha utilizado para atacar la reputación de la Fiscalía”, y al ser consultado sobre las consecuencias en el desarrollo de la causa respondió: “Si se hubiera diligenciado la prueba anticipada y las defensas no hubieran tenido todos los archivos, ahí habría un problema, sin duda, pero no pasó”.