El ministro del Interior, Carlos Negro, entiende que el debate sobre seguridad en los últimos 30 años se ha centrado en los mismos argumentos, sin evidencia científica. “El ensayo y error es prácticamente la historia de la toma de decisiones en materia de seguridad”, apuntó este jueves en el conversatorio que participó junto con la ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Beatriz Larrieu, en el marco del lanzamiento de la licenciatura y la maestría en Criminología de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
“Hoy estamos pagando el precio de decisiones tomadas hace 30 a 40 años, en función de pensar que, mágicamente, los problemas se iban a solucionar promoviendo una reforma normativa que aumentara las penas, que creara un delito, que le cambiara el nombre a un delito”, señaló Negro, y agregó: “O desde el punto de vista policial, con más policías, o desde el punto de vista carcelaria, con más cárcel. Entonces, la triada cárcel, policía, pena fue el común denominador de la toma de decisiones espontáneas, sin el suficiente conocimiento de qué es lo que funciona y qué no”.
Negro mencionó la regulación de la marihuana y la ley de humanización carcelaria de 2005 como las únicas dos normativas en estas décadas que han ido en sentido contrario del “endurecimiento de la pena como fórmula mágica”. No obstante, señaló que la discusión política sobre seguridad “ha girado en torno a lo mismo, repitiéndose” a lo largo de los años. “Los debates de seguridad necesitan necesariamente de conocimiento académico para progresar”, apuntó.
Larrieu, por su parte, señaló que en el sistema judicial se toman decisiones en el marco de las leyes, pero no se tiene conocimiento de la “realidad de las personas que llegan” a una audiencia. A modo de ejemplo, señaló que cuando se dicta una medida cautelar se evalúan los riesgos procesales y se toman decisiones en base a los argumentos que las partes exponen en la audiencia.
“No hay una evaluación previa de la situación de esa persona como para ver si realmente puede cumplir una medida no privativa de libertad”, afirmó. Larrieu explicó que si bien el Código del Proceso Penal establece algunas pautas, por ejemplo, que la persona tenga arraigo, familia o domicilio, no son suficientes para determinar la medida cautelar. “El derecho penal siempre termina estigmatizando a las mismas personas porque si la persona tiene domicilio, familia, se le puede dictar una prisión domiciliaria, al que está en en la calle seguramente no, aunque de pronto tiene menos riesgos de fugarse”, ejemplificó. En ese sentido, planteó que los datos, la información y la elaboración de conocimiento especializado podrían servir a los jueces para tener mayores herramientas a la hora de dictar medidas alternativas a la prisión.
El papel de la criminología
Victoria Pasquet, directora de la nueva Licenciatura en Criminología de la UCU, señaló que la criminología permite estudiar con “precisión los orígenes y las causas de los fenómenos delictivos”, elaborar proyecciones, diseñar “intervenciones basadas en evidencia” y tener “masa crítica profesional” para entender “qué funciona y qué no”, “qué experiencias podemos importar de otros países, con qué adaptaciones y cuáles haríamos mejor en descartar por incompatibilidad con nuestro contexto”.
Por su parte, Diego Sanjurjo, coordinador de la maestría, destacó que las “buenas políticas públicas necesitan la investigación, necesitan evidencia”, pero al mismo tiempo “la buena investigación necesita realidad, necesita conocer de manera empírica qué es lo que está pasando en el territorio”. En ese marco, planteó que la licenciatura y la maestría serán un espacio “donde puedan encontrarse investigadores, funcionarios públicos, policías, trabajadores sociales, operadores judiciales, profesionales del sistema penitenciarios, actores de la sociedad civil, todos aquellos con trayectorias distintas que quieran comprender mejor los fenómenos en los que trabajan y también diseñar mejores respuestas”.