El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal en la Fiscalía luego de constatar que en la Unidad de Delitos Informáticos fue borrada la carpeta con la información que surgía de uno de los celulares de una de las víctimas de la Operación Océano.
Este miércoles el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, llamó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para informarle del resultado de la investigación administrativa y presentar la denuncia para individualizar a los responsables del hecho. De la investigación se desprende que, al menos en uno de los casos, el archivo fue borrado después de haber sido copiado en el disco externo del abogado y que los datos que estaban en manos de la Fiscalía son los mismos que tenía la Policía Científica.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a la diaria que el caso va a ser derivado a una de las fiscalías especializadas en Delitos Económicos y destacaron que la carpeta original con todos los archivos de los celulares y computadoras incautadas se mantienen resguardadas.
Según supo la diaria de fuentes que participaron en la investigación, el mismo archivo faltó tanto en la información que tenían abogados de las víctimas como de los imputados. Al tratarse de un procedimiento manual en el que se copian los archivos de la carpeta a cada disco duro, en principio se descarta la hipótesis de que en un momento fue borrado y luego se continuó copiando con el archivo faltante.
La situación se conoció durante la última audiencia de la causa, cuando a pedido de algunas de las defensas de los imputados, efectivos de la Policía Científica concurrieron a explicar cómo manejar los archivos de la carpeta. Para explicarlo usaron el disco externo de uno de los abogados, y al abrirlo constataron que faltaba un archivo.
La jueza Beatriz Larrieu definió la suspensión de todas las audiencias previstas en la causa hasta que los archivos fueran distribuidos a todas las partes.
El itinerario de los datos de las pericias
El acceso a los datos de las computadoras y los celulares incautados fue un tema central en la causa y en las acusaciones cruzadas entre la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de 5º turno y los abogados de los imputados. Además, implicó la resolución del Tribunal de Apelaciones de 1º turno y en más de una oportunidad la intervención directa del fiscal de Corte Jorge Díaz y el ministro Larrañaga.
Desde las primeras formalizaciones de la investigación, en mayo de 2020, los abogados de los imputados reclaman acceso a los datos incautados y presentaron diferentes recursos argumentando que no pueden preparar las preguntas para las declaraciones de las víctimas, ni ejercer adecuadamente la defensa.
A principios de octubre la entonces jueza penal de 33 turno, Adriana de los Santos suspendió la audiencia preparatoria de una de las pruebas anticipadas, entre otras razones porque las pericias no habían sido entregadas a los abogados. La fiscalía apeló la decisión, entendiendo que las pericias no eran necesarias para concretar la prueba anticipada, dado que en muchos casos se toma declaraciones a las víctimas sin tener toda la evidencia.
A fines de noviembre, el Tribunal ratificó la decisión de primera instancia y subrayó la responsabilidad tanto de la Fiscalía como de la sede judicial en la demora de la entrega de las pericias en manos de Policía Científica, subrayando que la jueza De los Santos “debió impulsar el proceso para su duración razonable, instando a quien corresponda al pronto cumplimiento de las pericias”.
Al leer el fallo del Tribunal, el fiscal de Corte se comunicó con el ministro Larrañaga para expresarle la necesidad de resolver el problema y no continuar dilatando el proceso.
Cinco días después, la Policía Científica comunicó que ya estaban los datos prontos para ser retirados por los abogados.
La fiscal Viera definió que fuera Interpol quien directamente entregara los datos a las partes, por lo que cada abogado, tanto de las víctimas como de los imputados, concurrió a la sede de Interpol con un disco externo para cargar los dos terabytes que la policía tenía incautados.
Unos días después, algunos de los abogados que habían ido a buscar los datos recibieron una llamada de Interpol en la que le comunicaron que por error no habían sido cargados todos los archivos y le pedían regresar con el disco externo para tener la documentación completa.
A principios de diciembre, cuando fueron cargados todos los discos, se fijaron audiencias para febrero -después de la feria judicial- pero el reclamo de los abogados de los imputados se mantuvo debido a que consideraban que los archivos no eran accesibles o no tenían un marco de referencia para interpretarlos.
En la audiencia del 5 de febrero, la fiscal Viera convocó a un equipo de Policía Científica para explicar cómo acceder a los datos de las pericias y realizaron una explicación que fue bien valorada por varias defensas. Sin embargo, como esa audiencia se dividió en cinco etapas, algunos abogados no estuvieron presentes y pidieron volver a convocar a los técnicos.
El 23 de febrero, la Policía Científica volvió al Palacio de los Tribunales y cuando estaba explicando la forma de acceder a los datos constató la falta de una de las carpetas, en al menos tres discos, lo que provocó la suspensión de todas las audiencias fijadas en la causa.
Mientras avanzaban las investigaciones internas tanto en el Ministerio del Interior como en Fiscalía para saber por qué no estaban los datos, los abogados de los imputados presentaron recursos de nulidad de la causa, que están siendo respondidas por Fiscalía, que cuenta con el argumento de ser la principal interesada en que estuvieran todas las pericias en manos de todas las partes, porque si la evidencia no fue entregada, no puede ser utilizada como prueba en un juicio.