Un grupo de ex presos políticos denunciarán ante la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad torturas y abuso sexual en el ex Batallón de Infantería N° 6, donde estuvieron detenidos entre 1975 y 1978.
Se trata de siete exmilitantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), cinco hombres y dos mujeres, oriundos de San José, que fueron detenidos entre marzo y abril de 1975 por los integrantes de esa unidad del Ejército. La denuncia será presentada en la segunda semana de julio por la abogada del Observatorio Luz Ibarburu Fiorela Gambarino.
“Éramos unos 20, teníamos entre 18 y 25 años. Durante los primeros tres o cuatro meses fuimos sometidos a interrogatorios durísimos con torturas, tanto hombres como mujeres, y las compañeras fueron sometidas a vejámenes desde el punto de vista físico por los que tienen secuelas hasta ahora”, dijo a la diaria Pablo Casartelli, uno de los denunciantes.
Casartelli informó que la mayoría de las víctimas estuvo detenida en el Batallón de San José tres años y medio, y luego un año y medio en el Penal de Libertad, aunque él y Miguel Muyala, otro de los denunciantes, volvieron a ser detenidos a principios de 1980.
“Hicieron toda una campaña y volvieron a recapturar a gente que había estado presa y después fue liberada. Nos armaban pequeñas provocaciones, pero la mayoría no entrábamos en eso, hacía un año que habíamos salido de la cárcel”, comentó.
En su caso, volvió a ser detenido el 18 de mayo de 1980 en un baile en San José: “Era fecha patria y empezaron a tocar el himno. No tuvieron mejor idea que inventar que yo no me había parado y me encerraron un año y pico más”.
Casartelli dijo que después de esa segunda detención lo llevaron junto a Muyala unas cinco veces a un centro de torturas: “Nos hacían preguntas que ni entendíamos, como qué día iba a llegar el submarino ruso a San Javier, y a partir de esa pregunta estaban media hora reventándote”.
“Yo me daba cuenta de que por la demora y la distancia nos llevaban a Montevideo, nos escuchamos las voces con Miguel Muyala, y después llegamos a la conclusión de que estuvimos en La Tablada”, comentó.
Los denunciantes acusan a 22 militares que operaron en el batallón, entre ellos cinco que actuaban como enlace de inteligencia y un médico que también participaba en los apremios físicos, además de chequear la resistencia de los detenidos para seguir torturándolos.
Uno de los denunciantes, que tenía 22 años cuando fue detenido, recuerda que el médico lo despertó “a puñetazos en la espalda y en el pecho” luego de que se desmayara mientras era sometido a submarino: “Fui atado en una tabla, decúbito ventral. Lo único que sobresalía era la cabeza, nos encapuchaban con una capucha de tela muy fina, era casi imposible respirar, la tabla era levantada desde los pies y la cabeza se sumergía en el tacho”.
“Me quedaron secuelas físicas y fundamentalmente psíquicas, [...] siempre sueño que estoy preso y que me van a torturar nuevamente”, relató uno de los denunciantes, que sufre “miedo indefinido ante cualquier actividad política o viaje, y lo inevitable de transmitir a los hijos esta afrenta”.
Los ex presos políticos recuerdan que la situación fue aún más cruel a partir de octubre de 1975, cuando los obligaban a trabajar casi sin comer ni tomar agua: “Estábamos haciendo zanjas, se acerca [uno de los denunciados] y tomando su pistola decía: ‘qué lástima que haya gente que no los quiera matar’”, en referencia a una discusión interna en las Fuerzas Armadas.
Las mujeres que participan en la denuncia fueron víctimas de abusos sexuales durante la tortura y sometidas a manoseos y burlas fuera de las salas que se utilizaban para los interrogatorios.
“Sentían orgullo de hacer lo que hacían”, señaló una de las denunciantes, que recuerda que uno de los militares, en estado de ebriedad, le levantó la capucha “para que viera su cara y no la olvidara”.
“No teníamos armas, no lastimamos a nadie, sólo pensábamos diferente y denunciábamos a un régimen injusto y prepotente. Por eso terminaron con todos nuestros sueños y afectaron la vida de cientos de personas, la de nuestros familiares y amigos, y la nuestra”, expresó una de las víctimas en la denuncia.
Esta es la segunda vez que parte de las víctimas intenta llevar ante la Justicia este caso, que fue archivado cuando estaba en vigencia de la ley de caducidad por uno de los juzgados de San José. “Con toda esta apertura y el trabajo del fiscal [Ricardo] Perciballe, al ver que las causas están saliendo adelante, decidimos hacer un esfuerzo, juntarnos, y logramos presentar la causa”, comentó Casartelli.