Luis Fernando Fernández Albín levantó el martes la huelga de hambre que había iniciado el 10 de julio, en reclamo de mejoras en las condiciones de reclusión, particularmente respecto del aislamiento al que es sometido en el régimen de alta seguridad en que se encuentra y la sanción que recibió tras amenazas contra policías del sector y las autoridades del Ministerio del Interior.
Fernández Albín estuvo detenido desde diciembre de 2025 en un módulo de seguridad del Centro de ingreso, diagnóstico y derivación, que funcionaba en Puntas de Rieles hasta el viernes pasado, cuando fue trasladado al sector de seguridad del complejo del Penal de Libertad. Desde diciembre la defensa presentó cinco hábeas corpus en la Justicia para que sea revisada la legalidad de las condiciones de reclusión, al entender que no están dadas las condiciones para su rehabilitación. Entre los puntos señalados, la defensa planteó que “no posee trabajo penitenciario, no accede a programas educativos reales, no participa en talleres, carece de actividades recreativas suficientes”, además de no contar con “interacción social adecuada”.
En uno de esos documentos presentados ante el juzgado de Crimen Organizado de primer turno, a cargo del juez Fernando Isla, la defensa de Fernández Albín planteó que el lugar designado para las visitas no es adecuado por ser al aire libre, sin las condiciones de aseo necesaria y sin acceso a baño, además de afectar la salud de sus familiares.
El juez Islas rechazó el hábeas corpus, pero dio la razón a la defensa de Fernández Albín en cuanto a las condiciones en las que se cumplía el régimen de visitas con la familia e intimó al INR “a proporcionar un lugar adecuado para restaurar las visitas”, con un plazo de diez días.
Otro de los puntos mencionados por la defensa es que, luego de la condena que alcanzó con un acuerdo abreviado en abril de este año, a Fernández Albín se le mantuvo el mismo régimen de reclusión que tenía en prisión preventiva, mientras se estaba procesando judicialmente el caso. “La prisión preventiva persigue finalidades cautelares vinculadas al proceso penal; la condena, en cambio, activa necesariamente el régimen jurídico de ejecución penal, sometiendo al Estado a obligaciones positivas mucho más intensas en materia de rehabilitación, reinserción social, trabajo penitenciario, educación, salud mental y tratamiento progresivo”, señala el documento, que recuerda que el propósito último de la privación de libertad es la rehabilitación, tal como dispone el artículo 26 de la Constitución.
Por otra parte, señalaron que a partir de una denuncia que realizó Fernández Albín en la audiencia de juicio abreviado contra un funcionario policial, a quien acusó de haberle pedido dinero para ingresar un celular, desató “una actitud de hostilidad y hostigamiento en su contra”. Esa denuncia fue derivada a una de las fiscalías de Delitos Complejos. Según supo la diaria, al inicio del cumplimiento de la prisión preventiva, Fernández Albín fue denunciado por la Policía por amenazas, pero el caso fue desestimado por la Fiscalía, que revisó las imágenes de las cámaras policiales.
En las últimas horas, la defensa presentó un escrito solicitando información sobre el régimen de sanción al que está siendo sometido y un nuevo hábeas corpus que será discutido este viernes en el juzgado de Libertad.
Desde el MI defendieron la legalidad de las sanciones y las condiciones de reclusión
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo a la diaria que Fernández Albín está en un régimen creado especialmente para personas “de alto riesgo para la seguridad pública” y que se trata de un régimen revisable con evaluaciones periódicas.
“Él fue evaluado cuando ingresó al sistema, y a partir de ahí, entre que cumplió la prisión preventiva y fue condenado, sistemáticamente ha presentado recursos de hábeas corpus”, señaló Juanche, quien agregó que “hay fundamentos criminológicos y de evaluación policial” para rechazar su traslado al Penal de Libertad o a la Unidad 25 del Comcar. Juanche señaló que se aplicaron dos sistemas de evaluación que coincidieron en su capacidad de liderazgo, organización y la posibilidad de que “vuelva a cometer nuevas conductas delictivas”.
Juanche dijo que durante su reclusión en el centro de ingreso, diagnóstico y derivación tenía visitas semanales, con la alimentación que se les otorga a las personas privadas de libertad en las cárceles que funcionan en régimen de participación público-privada y aseguró que tiene acceso a visita médica, salidas al patio, en “un régimen de alta supervisión”, además de acceso a una radio.
La directora del INR señaló que no se le impidió la visita de familiares, sino que él las suspendió por las condiciones en las que se daban. Consultada sobre la decisión de la Justicia en cuanto a las condiciones de las visitas, Juanche respondió: “Nosotros eso lo entendimos perfectamente, dispusimos otro lugar de visita calefaccionado, con las comodidades, mesas, sillas, y cuando lo fueron a notificar sobre el nuevo lugar de visita, fue todo lo que pasó”, en referencia a las amenazas a los policías y la entrega de la carta con amenazas a las autoridades.
Juanche informó que ante esa situación una junta de disciplina determinó su sanción por 60 días y traslado a otra unidad debido a que se entendió conveniente que no fueran los mismos policías los que controlaran el cumplimiento de la sanción.
Desde el viernes, Fernández Albín cumple esa sanción en un sector de seguridad del complejo donde funciona el Penal de Libertad, en un sector destinado para el cumplimiento de sanciones, que según detalló Juanche, cuenta con abrigo, agua caliente, una mesa y un banco.
Juanche señaló que la huelga de hambre que comenzó tras el ingreso fue monitoreada diariamente y que el lunes los médicos de ASSE recomendaron su traslado al Hospital de la Unidad 1, donde fue internado por 24 horas, se lo estabilizó y levantó el ayuno, al regresar al complejo Libertad.
La sanción implica la suspensión de las visitas familiares por 15 días, el máximo permitido por los estándares internacionales, y otras restricciones como no poder recibir paquetes ni hacer compras.
Fernández Albín fue detenido en Buenos Aires el 20 de noviembre de 2025 y trasladado a Uruguay. En diciembre comenzó cumpliendo prisión preventiva y el 23 de abril fue condenado a diez años y tres meses de penitenciaría por organización de las actividades de narcotráfico, contrabando, lavado de activos y porte y tenencia de armas de fuego con signos de identificación suprimidos.