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Marcelo Ayala.

Foto: Sin dato de autor

Muerte dudosa en módulo 12 de Comcar: para determinar la imputabilidad de Marcelo Ayala se consideró la pericia psiquiátrica de un delito anterior

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Se realizó 40 días antes y planteó que su “nivel mental” era “normal”

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Leído por Andrés Alba.
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Marcelo tenía 20 años cuando murió en posición fetal en el módulo 12, destinado a pacientes psiquiátricos, de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Tenía una patología psiquiátrica por la que era tratado desde los cinco años y una discapacidad mental por la que recibía una pensión desde los siete.

Cursó la escuela con muchas dificultades hasta tercer año. Con apoyo escolar, y gracias al Programa Maestras Comunitarias, logró terminar primaria en 2012. Continuó su acompañamiento educativo en un colegio especializado en el tratamiento de discapacidades.

No sabía leer ni escribir, apenas podía escribir “Marcelo”. La firma de su cédula de identidad, en la que sólo dice su nombre, demuestra que su escritura era apenas legible. No sabía cuál era su nombre completo, por eso llevaba en sus bolsillos un papel escrito por su familia para que lo pudieran identificar.

Su padre lo denunció por ir a su casa y romper cosas. Se ordenó una restricción de acercamiento, que Marcelo violó por primera vez el 31 de enero, configurando así su primer delito. Fue condenado el 1º de febrero a una libertad a prueba y se indicó que usara tobillera.

Su segundo delito fue el abandono del dispositivo electrónico. Dejó el rastreador anexo a la tobillera en una parada de ómnibus. Estuvo menos de dos semanas preso en la cárcel de Maldonado.

El 7 de marzo fue a cargar el anexo de la tobillera electrónica a una comisaría. Pidió que lo trasladaran a lo de su tía para buscar medicación. Ante la demora, Marcelo se impacientó y les tiró el anexo de la tobillera a los policías. Le dieron la orden de no retirarse y él los insultó.

Por eso, mediante proceso abreviado se lo condenó a 11 meses de prisión. Fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado en concurso formal con un delito de agravio a la autoridad policial agravado. La pena hubiera vencido el 4 de febrero de 2022, pero Marcelo murió el 17 de mayo de 2021, a poco más de dos meses de ser recluido.

Las causas de la muerte de Marcelo se investigan. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, analiza los hechos y presentó al Parlamento un informe preliminar. El caso también es investigado por la Fiscalía.

Una única pericia para varios procesos

Una única pericia realizada para el primer proceso penal que tuvo lugar el 1º de febrero determinó que para el delito que cometió en esa fecha Marcelo era imputable. La pericia no forma parte de los expedientes disponibles a los que accedió la diaria en su totalidad.

El Instituto Técnico Forense (ITF) realizó la pericia a pedido de la defensa. Determinó “la capacidad de discernimiento en su conducta” y por ende su imputabilidad.

Fuentes judiciales indicaron a la diaria que una pericia psiquiátrica determina si una persona es capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos y es un insumo a considerar para dictaminar que se es responsable penalmente. La pericia determina la imputabilidad en el momento del hecho. Es situacional, y se puede solicitar ante cada caso de sospecha de imputabilidad. Una pericia no es un determinante ad eternum, ni para determinar una imputabilidad ni para una inimputabilidad. El resultado puede variar en el tiempo y por eso la defensa puede solicitar que se realice una pericia ante un nuevo hecho delictivo.

Transcurrieron casi 40 días entre el primer delito para el que se solicitó una pericia psiquiátrica y el tercero por el que fue finalmente condenado. La defensa alegó en un comunicado haber hecho uso de esa pericia.

En la pericia se presenta la versión del periciado: “Mi padre me denunció, yo tenía orden de restricción de acercamiento a la casa. Yo fui porque estaba todo embarrado de jugar al fútbol y fui a buscar ropa. La ventana la rompió mi padre, dio un portazo y la rompió él”.

Se presentan “datos biográficos” que no son acordes a la realidad: “Cursó primaria y secundaria completa sin repetir. Niega estudios terciarios. Cursos de cerámica, yeso, carpintería. Trabaja conduciendo maquinaria pesada, previamente trabajó de forma zafral en el rubro de la construcción”. Tal como fue mencionado, Marcelo no sabía leer ni escribir. Iba a un colegio para discapacitados. Apenas podía escribir su nombre.

En lo que refiere a antecedentes médicos, la pericia plantea: “niega”. Y los antecedentes psiquiátricos que se presentan refieren a un “abordaje con psicólogo y psiquiatra desde su infancia por trastornos conductuales ‘hiperactivo’. Medicado en el paso con estabilizador del ánimo y antipsicótico a dosis sedativas. Niega historia de consumo de alcohol y drogas”. Según su historia clínica, que fue entregada a la defensa, tiene indicada: quetiapina (antipsicótico), ácido valpróico (para el tratamiento de episodios maníacos), levomepromazina (antipsicótico, sedante, analgésico), clonazepam (ansiolítico) y pipotiazina (antipsicótico inyectable conocido como piportil).

Se destaca que “colabora con la entrevista, presenta un discurso con hilo conductor y finalista, sin ideación delirante en curso”. También se entiende que está “bien orientado en tiempo y espacio”. Y se define su nivel mental como “normal”. “No presenta patología psíquica alienante”.

Finalmente, la pericia plantea que “reconoce el episodio de autos y conflictiva con su padre”. Y concluye que es un “periciado capaz de comprender el carácter de sus actos y autodeterminarse libremente”. Así es que los elementos aportados por la pericia del 1ºde febrero determinan la imputabilidad en el delito cometido el 7 de marzo.

Mediante un proceso abreviado, entonces, que supuso la admisión de los hechos y la capacidad para asumir la responsabilidad, se llevó adelante su condena.

En un comunicado emitido por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Aidef) se menciona esta pericia. Dicen que fue “efectivamente periciado por un perito forense de ITF, a solicitud de la defensa, en donde se determina su imputabilidad”. Destacan que “es capaz de comprender el carácter de sus actos y autodeterminarse libremente”. Junto al comunicado emitido se habla de “respeto a la familia”.

Joaquín Gamba, presidente de Aidef, habló con la diaria sobre el tema. Respecto del hecho de haber tomado en cuenta una pericia realizada para el primer delito que ocurrió casi 40 días antes y la pertinencia de haber solicitado otra pericia para determinar el estado actual de Marcelo, dijo: “Puede ser, cómo no; queda a criterio del defensor que lo está asistiendo y cree conveniente hacer otra pericia”. Y agregó: “Si está en estado de exaltación se puede pedir otra pericia. Más allá de tener una pericia de un tiempo atrás, si puede generar la sospecha de que sea inimputable hay que solicitarla nuevamente”.

Se le consultó a Gamba por qué piden “respeto a la familia”. A lo que respondió: “Por mencionar que está privado de libertad porque no se le hizo una pericia. Si se le tuvo que hacer otra o no, queda a criterio de cada defensor”.

Respeto a la familia

“Eso no es pedir respeto por la familia, es pedir respeto por su trabajo. Nosotros queremos que nuestro hermano sea respetado. Que no se distorsione la realidad. Y que se respete en este momento a la familia por todo el dolor que está pasando”, plantea Laura, su hermana.

La familia de Marcelo se considera “afectada” por las apariciones públicas de la defensora del caso y los comunicados emitidos en las últimas horas.

La familia señala que la pericia que usa la defensa “para defenderse” tiene una validez relativa. “La abogada se basa en una pericia psiquiátrica que entendemos que no es totalmente válida, porque fue realizada para un hecho anterior. Marcelo tenía problemas muy graves, psiquiátricos y de discapacidad, que fueron tratados desde su primera infancia”, explica.

Para la hermana, “ameritaba una pericia psiquiátrica cuando ocurrió el hecho de marzo”, porque sugiere que “él se desacató porque quería que policías lo llevaran a buscar sus medicamentos”. “No era una persona racional y si pedía la medicación era porque no estaba medicado cuando pasó eso”, explica.

Sobre los dichos acerca del intercambio con Marcelo, mencionó que “la defensora dice que estaba coherente y que se podía hablar con él”. “Marcelo estaba muy golpeado, por eso lo derivaron al hospital, y mantener una conversación coherente con él era muy difícil por su situación”. Según consta en actas fue derivado al hospital para ser asistido y, según se observa en imágenes, tenía importantes golpes en la cara.

Sobre las declaraciones de la defensora en medios acerca de la ausencia de la familia, su hermana respondió: “Se dice que la familia no estuvo. Y eso no es cierto. Pero incluso, en caso de ser cierto, no sirve como excusa para justificar las omisiones del sistema”. “Pedimos en todos lados que nos ayudaran”, lamenta.

También criticó que se haya sugerido que Marcelo tenía un uso problemático de drogas. “No se drogaba, nunca lo hizo, así lo plantea su historia clínica. Les tenía miedo a las drogas, era como un niño”, señala.

Finalmente señala que “antes de salir a hablar en medios, deberían haber hablado con la familia”. “Es una falta de respeto, no se puede hablar en nombre de la familia para defenderse”, dijo. Y subrayó: “Más aún si la defensora está distorsionando la verdad”. “Debería salir a pedir disculpas en lugar de salir a decir esas barbaridades”, concluyó.

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