¿Cómo fue el trabajo que permitió la incorporación de ocho víctimas a la lista de detenidos desaparecidos?

El equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se formó en 2020, cuando la Institución asume por mandato legal la búsqueda de detenidos desaparecidos con el objetivo de investigar, revisar archivos, cruzar información y recibir testimonios sobre eventuales casos de desaparición forzada.

El jueves se presentó un informe sobre las denuncias relevadas y los casos en investigación relativos a la desaparición forzada de personas por razones políticas y se incorporaron ocho casos a la lista de 197 detenidos desaparecidos: tres son casos activos y cinco ya fueron aclarados.

El equipo de investigación actualmente está compuesto por Mauricio Pérez, Walter Pernas, Lourdes Rodríguez y Fabián Werner. En diálogo con la diaria, Pérez señaló que cuando empezó a trabajar el equipo comenzó a recibir testimonios de personas que denunciaban a familiares desaparecidos y que no habían denunciado con anterioridad. Además, en 2023 llegaron unas carpetas de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, con 117 casos, sobre los que se estaba investigando para determinar si el ausente era un detenido desaparecido.

“Eran expedientes con distinto nivel de avance en las investigaciones, muchos casos descartados. Además, a eso se suma una lista que entregó Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con otros casos que habían quedado pendientes”, comentó.

Con esos documentos, el grupo tomó la decisión de sistematizar toda la información sobre casos de detenidos desaparecidos en Uruguay y uruguayos detenidos desaparecidos en la región con distintas fuentes (oficiales, no oficiales, uruguayas y del exterior), particularmente a través de las denuncias que llegaron de Familiares. Ahí comenzó a trabajar sobre qué casos se podía avanzar, cuáles había que descartar, cuáles se encontraban en un punto de no avance y si los que habían sido descartados en otro momento se volvían a desestimar o pasaban a etapa de investigación.

Pérez dijo que ese fue el mecanismo por el que llegaron a estos 326 casos que están estudiando, pero advirtió que la cifra puede aumentar. “Seguramente haya más, seguramente vayamos a encontrar otros casos, porque nos siguen apareciendo nombres que no estaban, que no están todavía relevados; estimamos que eso va a seguir ocurriendo, y a partir de ahí empezamos a hacer el trabajo de determinar si esos casos fueron aclarados en alguna de sus formas”, señaló.

De los 326 casos que comenzaron a investigar, 243 se siguen investigando, separando los 43 casos aclarados y los 40 casos que se descartaron. “De esos 243 casos, podemos decir que 162 corresponden a personas que integran la caracterización de víctima de desaparición forzada y 81 todavía permanecen en estudio, en análisis o en investigación”, explicó.

Pérez puso como ejemplo uno de los casos que fue descartado: se le entregó información a un antropólogo sobre la desaparición de un hombre en 1973, en Argentina, y la investigación logró determinar que el hombre había estado con vida después de 1985, también en Argentina, lo cual fue informado a la familia.

Consultado sobre si las organizaciones a las que habían pertenecido las ocho víctimas uruguayas que se incorporaron al listado no habían registrado o reportado la ausencia, Pérez respondió que en los diferentes momentos, tanto en la Comisión para la Paz como en el Grupo de Trabajo, Verdad y Justicia y la lista hecha por Familiares, hubo distintas formas y distintos elementos que se utilizaron para incorporar los casos a la lista oficial.

“No había un sistema único para analizarlos, entonces, eso hizo que una diversidad de situaciones quedaran en zonas grises. Nosotros lo que hicimos fue determinar qué caso correspondía que ingresara a la lista. Si la persona tenía militancia política conocida, si había sido fichado o había sido víctima de alguna especie de seguimiento por parte de los servicios represivos, en qué contexto se había producido la desaparición de la persona, cómo era el vínculo con la familia o con su grupo de militancia…, y así fuimos construyendo las características que tiene que tener un caso de desaparición forzada en Uruguay”, afirmó.

Pérez subrayó que el número concreto de personas detenidas desaparecidas en Uruguay “se conocería si los victimarios aportaran la información, cosa que no ha sucedido hasta el momento, porque el crimen de desaparición forzada ideal es aquel que no deja rastros”.

Con ese criterio, el equipo de la INDDHH incorporó siete casos “que ya venían siendo conocidos, algunos de ellos se habían analizado en su momento y no habían sido incorporados”. Después se agregó el caso de Luis Eduardo Berges, que es una denuncia que llegó a la Institución y fue investigada por el equipo.

Pérez detalló que entre los casos incorporados están los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y María Mercedes Hourquebie de Francese, que estaban en la lista de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina y cuyos cuerpos fueron enterrados como NN (nombre desconocido) y fueron recuperados. Además, se agregaron dos casos de uruguayos “que fueron detenidos por su militancia gremial, en el contexto del Plan Cóndor” y que son casos similares a otros que ya estaban en la lista.

También mencionó la incorporación de los casos de Eduardo Galarza y Antonio Vulcano, vinculados a lo que llamó “la tercera fase del Plan Cóndor”, en la que se persiguió a militantes políticos más allá de las fronteras del Cono Sur. “Por eso fue que se incorporaron esos casos” de detenidos desaparecidos en Colombia y El Salvador. En ese sentido, mencionó que ese criterio estaba reconocido anteriormente, con el caso del militante del M-19 Carlos Modernell, desaparecido en Colombia en enero de 1979, quien sí estaba en la lista. “Entonces, teniendo esos parámetros, nos parecía que no correspondía que estas personas estuvieran excluidas del listado”, señaló.

En cuanto al caso de Modesto Caballero, Pérez explicó que en su momento se presumía que era argentino porque probablemente tuviera doble nacionalidad, por ello en algunos ámbitos se lo consideraba argentino, pero después se supo que había nacido en Bella Unión y no en Monte Caseros. “Cuando se da su desaparición, la hermana presenta una denuncia ante el consulado general uruguayo en Buenos Aires, o sea que lo ratifica como uruguayo. Esa situación permaneció en ese gris y no se terminaba de incorporar”, señaló.

Pérez destacó la importancia de tener acceso directo a los documentos para continuar sistematizando la información. “Nosotros seguimos buscando información sobre posibles lugares de enterramiento en Uruguay, intercambiando con instituciones del Estado, seguimos profundizando la investigación con base en expedientes judiciales en Uruguay, en Argentina y en otros países para obtener información que pueda dar con el paradero de uruguayos en el exterior”, agregó.

Los criterios

Mariana Mota, directora de la INDDHH, contó a la diaria cómo fue el proceso para ampliar la lista de detenidos desaparecidos que tenía el país y que había surgido gracias al trabajo que había desarrollado Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Los investigadores tienen un cúmulo de denuncias que no fueron tramitadas, que había que despejar y que se sigue estudiando si son casos de desaparición forzada o no responden a esa categoría”.

El equipo de la INDDHH tomó en consideración la definición de desaparición forzada, el período histórico y que la persona tuviera vínculo con los hechos o hubiera habido una intervención de algún agente del Estado. Al reunir esos elementos, resolvió incorporar tres nombres a la lista de detenidos desaparecidos, que son catalogados como casos activos. Asimismo, se incluyeron otros cinco casos, que si bien han sido aclarados, se incorporaron a la lista porque cumplen con todas las características.

El equipo planteó los resultados de la investigación a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la organización estuvo de acuerdo en ampliar la lista, ya que la asociación históricamente había ido recibiendo información e incorporando los nombres, pero con criterios diversos.

El trabajo de la INDDHH, apuntó Mota, es encontrar a los detenidos desaparecidos y reconocer las verdaderas causas de su desaparición. Por lo tanto, a partir de la incorporación de los tres casos activos, la institución tiene que “trabajar en esa competencia que le asigna la ley”, resaltó.

En cuanto a los 40 casos que se descartaron, el equipo de la INDDHH también documentó los motivos por los que se dejaron afuera de la lista. “Si los descartás es porque hubo un documento que te mostró que la persona en realidad está viva o se murió cuando terminó la dictadura. Entonces, eso hay que hacerlo de forma seria”, señaló.

Casos que están siendo investigados como desaparición forzada

Luis Eduardo Bergés García: nació en Trinidad, el 22 de enero de 1944. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado desde su militancia en la Unión de la Juventud Comunista del Uruguay, a la que se afilió a los 18 años, en 1962. Mientras se encontraba detenido en la Colonia Penal de Viedma 12, en la provincia de Río Negro, Argentina, el 12 de agosto de 1982, se comunicó con sus padres para decirles que el 22 de enero de 1983 quedaría en libertad y que lo pondrían en manos de Migraciones para su eventual regreso al país. Esa fue su última comunicación epistolar con su familia.

Aldeber Elgart: nació en Uruguay el 23 de agosto de 1921. Trabajaba en el Yacht Club Playa Grande, en Mar del Plata. Fue militante del Partido Comunista de la Argentina y en el Sindicato de Gastronómicos y estaba fichado por esa actividad por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Fue secuestrado en su domicilio el 21 de junio de 1977 por cuatro hombres armados que se identificaron como policías. Le dijeron a su esposa que se quedara tranquila, que enseguida lo traerían de vuelta, y nunca más se supo de él. El caso fue denunciado ante la Conadep de Argentina y ante la Justicia, que lo declaró como ausente por desaparición forzada.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz: nació el 18 de febrero de 1956 en Montevideo. Militante del Movimiento de Liberación Nacional(MLN)-Tupamaros, se exilió en Chile, donde continuó con su militancia; también estuvo en Cuba y en México. En 1981 viajó a Colombia, donde se integró al grupo guerrillero M-19. El 11 de agosto de 1984 participa del operativo militar La Toma de Yumbo, dirigido por ese grupo, cuando es herido de muerte. Fue enterrado como NN en una fosa común, según información aportada por el Ministerio de Defensa colombiano.

Casos cuyas circunstancias de su desaparición y ubicación o hallazgo de sus restos se conocen

Modesto Orestes Caballero Osuna: nació el 7 de noviembre de 1941, en Bella Unión. Militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud, en Argentina, fue detenido el 21 de enero de 1977, tras concurrir a una reunión del sindicato en la sede de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. La familia interpuso un recurso de habeas corpus ante el Juzgado Penal de Banfield y radicó una denuncia ante el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires. Sus restos fueron inhumados como NN en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Ángel Eduardo González Rodríguez: nació el 27 de julio de 1950. Fue militante del MLN y de la Junta Coordinadora Revolucionaria. El 23 de diciembre de 1975 el ERP participó del intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601, en la provincia de Buenos Aires, conocido como “Domingo Viejobueno”. La acción estaba en conocimiento de los servicios de inteligencia argentinos por una infiltración desde dentro de la organización. Más de 60 militantes fueron asesinados y sus cadáveres depositados en el Batallón y más tarde enterrados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda. Su madre, Blanca Margarita Rodríguez de Bessio, viajó a Argentina para recuperar a su hijo; en mayo de 1977, fue secuestrada y desaparecida. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

María Mercedes Hourquebie de Francese: nació en Montevideo el 9 de mayo de 1900. Fue una de los cuatro miembros de su familia que resultaron víctimas de la dictadura argentina. Fue secuestrada el 3 de noviembre de 1977 en un operativo en su casa; se la acusaba de dar apoyo económico y resguardo a militantes del grupo Montoneros. Testigos afirman que estuvo detenida en el centro clandestino de detención La Cacha; su caso fue judicializado en Argentina. Sus restos fueron recuperados en el cementerio de Avellaneda e identificados en 1987 por el trabajo del EAAF.

Eduardo Rosado Galarza: nació el 12 de marzo de 1949 en Montevideo. Militó en el MLN e integró el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química. Estuvo exiliado en Argentina, Francia y Cuba y fue militante del CNT en el exterior. Viajó a El Salvador y participó en conflicto armado en ese país. Fue asesinado en 1984; sus restos fueron exhumados e identificados por el EAAF.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: nació el 28 de junio de 1951. Fue militante del MLN y del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 23 de diciembre de 1975 fue asesinado tras el intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 por el ERP, en la provincia de Buenos Aires. Sus restos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Avellaneda.