Desde que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se creó hubo un aumento en las causas sobre crímenes de la dictadura que tuvieron resolución judicial. En el marco del Mes de la Memoria, el fiscal a cargo de esa unidad, Ricardo Perciballe, dijo este jueves en La mañana de la diaria que actualmente manejan “101 causas con procesamientos y con condena”, de las cuales “15 fueron anteriores a la creación de la fiscalía y las otras restantes, que son 86, fueron todas a partir de su creación”. Por otro lado, indicó que hay “diez pedidos de procesamientos que están pendientes y 15 causas por prófugos” que se están monitoreando.

Lo anterior implica un universo de “186 personas alcanzadas en esas 101 causas”, aunque muchas se repiten y el número efectivo de individuos responsables de delitos oscila entre 120 y 130. “Lo otro, que también es significativo, es que hoy ya el número de condenas es muy superior al número de procesados, porque obviamente la condena significa finalizar el juicio y que ya no haya ninguna duda sobre la responsabilidad de las personas”, acotó.

Perciballe recordó que “el 100% de las imputaciones realizadas por la fiscalía han sido acogidas por los tribunales”, y eso permite “tener un respaldo importante del Poder Judicial, credibilidad y legitimidad en nuestra actuación”. También puntualizó que hay causas que permanecen en calidad de presumario, una etapa “netamente de investigación”: los asesinatos de Dante Porta y Saúl Facio en Bella Unión y la desaparición forzada de Óscar de Gregorio en Colonia. Ambas están “muy atrasadas” y se han “intentado impulsar de todas las maneras pero con poco éxito”, reconoció.

Por otra parte, Perciballe mencionó que se archivó la causa por los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972 en viviendas ubicadas en las calles Pérez Gomar y Amazonas. A modo de represalia por ataques del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), integrantes de las Fuerzas Armadas asesinaron a Gabriel Schroeder, Alberto Candán Grajales, Horacio Rovira, Armando Blanco Katrás, Luis Martirena e Ivette Giménez. La decisión responde a “la simple razón de que los responsables están todos muertos”.

“Esto sucedió en democracia, en abril del 72. No actuó la Justicia ordinaria, que debió haber actuado, y tampoco la Justicia militar, que pudo haber actuado, y nunca se hizo un trabajo exhaustivo por parte de los investigadores, que han aportado muchísimo”, puntualizó. Dijo que representaba un desafío muy importante para la Fiscalía por tratarse de “un hecho que nunca se había investigado” y adelantaron a las víctimas que “era muy difícil” lograr imputaciones. El compromiso, sin embargo, estuvo en “desvirtuar la versión oficial, que hablaba de un enfrentamiento”, ya que se trató de “ejecuciones”.

La importancia de acceder a los archivos

Perciballe subrayó la importancia de acceder a los archivos producidos por los organismos represores. Señaló que se tuvo acceso a documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y de Fusileros Navales (Fusna), pero aún no del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Información de Defensa (SID), a los que definió como “clave”.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas asegurar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a los archivos militares. Tras décadas de democracia “es inaudito que no se pueda acceder a los archivos y que haya siempre alguna traba burocrática que lo imposibilite”, dijo Perciballe al respecto, y opinó que al momento de entregar la información “la INDDHH tiene que estar”, porque “es la que tiene la experticia”, aunque “si lo debe hacer sola o acompañada es otro tema”. “Si queda en manos de los militares, siempre nos va a quedar la duda de lo que nos están entregando”, aseguró.

Perciballe evaluó que Uruguay, por sus vínculos multilaterales con la ONU y la OEA, tiene “la obligación internacional de perseguir este tipo de delitos, investigarlos, juzgarlos y eventualmente condenarlos”: “De eso se trata, de tener una conducta proactiva en la búsqueda de los archivos, como en la búsqueda de los prófugos, como en un montón de temas que estamos siendo omisos e incumpliendo nuestras obligaciones internacionales”.

Este jueves está previsto que la INDDHH realice una conferencia de prensa para sistematizar la información sobre las 326 denuncias relevadas hasta el momento. El fiscal dijo que “siempre es bueno plantear el trabajo que se está haciendo y más si es posible avanzar en la lista inicial”, compuesta por 197 detenidos desaparecidos, pero que “no es estática y probablemente haya otras situaciones”. En ese sentido, dijo que le consta que la institución “está en ese camino” y trabaja para que “se pueda ampliar”.

“Es parte de un largo camino que siempre lo tomaron en forma constante, permanente y con mucha responsabilidad los colectivos de víctimas. Si no hubiera sido por ellas no estaríamos en este lugar, porque los órganos del Estado por regla han sido omisos”, respondió consultado por la conformación de la lista y posibles inclusiones. Dijo que al realizar trabajo de campo encuentran situaciones que “nunca se habían denunciado”: “La gente, durante mucho tiempo, no denunció porque no creía en el Estado y no creía que hubiera una investigación, menos una investigación efectiva. Con la creación de la fiscalía especializada, cuando se vio que había una política de Estado sobre la materia y avances, surgieron nuevas denuncias”, afirmó.

La causa por el Plan Cóndor permanece en etapa de control de acusación

Uno de sus ejes de trabajo es la causa por el Plan Cóndor, que comprende la desaparición forzada de Washington Barrios y Manuel Liberoff; los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo; las privaciones de libertad de Gabriela Schroeder; la apropiación de Macarena Gelman y la situación de Mariana Zaffaroni, entre otros crímenes que se cometieron en el período de investigación que “arranca en febrero de 1974 y culmina en octubre de 1976”.

Perciballe indicó que el proceso permanece en el control de acusación, la “etapa intermedia del juicio”, en la que el juez “controla la prueba aportada por la Fiscalía” y revisa “si es conducente, si es legal y si está dentro del objeto del proceso” para que finalmente “ingrese al juicio”. “Esto puede llevar un año, y en los hechos nos está llevando mucho tiempo”, advirtió. A lo anterior se agrega que un imputado, Ricardo Medina, ha tenido “problemas de salud serios” y eso impidió que se desarrollen audiencias en marzo y abril.

Aunque los ejes centrales son los asesinatos del 20 de mayo, la desaparición forzada de Manuel Liberoff y el secuestro de Gabriela Schroeder junto con sus hermanos, para llegar a la conclusión fue necesario analizar 34 operativos “previos, concomitantes y posteriores” que comprenden a “alrededor de 100 víctimas”. Repasó que en 2021, cuando comenzó la investigación y falleció el represor José Gavazzo –uno de los “principales responsables”, pero que murió previo a la formalización–, se logró formalizar a Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Ricardo Medina, José Arab y Gilberto Vázquez. Tres fallecieron mientras se desarrollaba la causa y, en la actualidad, siguen con vida Medina y Silveira.

Cobro de jubilaciones de militares prófugos: hubo “omisiones muy graves”

La fiscalía que encabeza Perciballe denunció penalmente que el exintegrante de la Fuerza Aérea Roberto Freddy Amorín Maciel, así como otros dos exmilitares prófugos en el exterior, Tabaré Camacho y Jorge Grau, continuó cobrando su pasividad luego de que el consulado uruguayo en Miami le entregase una fe de vida, documento que precisaba para acceder a dicho cobro. Por este tema Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le pidió una reunión al presidente de la República, Yamandú Orsi.

“Aquí lo que vimos es que no solo no hay cooperación, como corresponde, sino que hay omisiones, y omisiones muy graves”, valoró Perciballe, y consideró que “no puede ser” que, aunque exista una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) advirtiendo que están prófugos, “una cónsul entregue un certificado de vida y acá no ha pasado nada”. Dijo que la fiscalía especializada y el Ministerio de Defensa Nacional manejan “lógicas distintas”, en el sentido de que una es política y la otra jurídica, pero recalcó que como funcionario tiene la “obligación de poner en conocimiento estas irregularidades groseras”.

Perciballe dijo que tampoco “es lógico” que se continúen pagando las pensiones cuando hubo oficios del Poder Judicial “en los que se le comunicaba, en forma expresa, que estaban prófugos”. En función de que “el principio general para pagar un beneficio es que la persona viva en Uruguay”, el representante del organismo previsional debe corroborarlo y, si no está, “está incumpliendo con su obligación de vivir en Uruguay y se puede perfectamente suspender”.

“No se hizo eso. Se hizo caso omiso con el oficio del Poder Judicial y se fue negligente en no constatar, y se pagó. ¿Eso es una medida proactiva para la persecución, o es una medida obstructiva u omisiva claramente? ¿No estamos frente a un delito, no hay un eventual desacato, no hay un encubrimiento de la situación de estas personas, no hay un fraude?”, se preguntó.