Al cumplirse un año de la creación de la Asociación de Abogados Penalistas (AAP), que reúne a un centenar de abogados, la diaria conversó con su presidente Juan Fagúndez, el vicepresidente Eduardo Sassón y la secretaria general Laura Robatto.
La organización fue creada para defender el rol de los abogados en el marco del nuevo código de proceso penal, ante lo que entienden como desigualdades entre los abogados y la fiscalía por la lógica del nuevo código y la forma en la que se implementó. En este año de trabajo fueron recibidos por la Fiscalía General de la Nación, los defensores de oficio, el Parlamento y el Poder Ejecutivo.
Fagúndez dijo que la creación de la AAP fue un anhelo de 40 años, que finalmente logró concretarse ante las necesidades que generó el nuevo código y superó las expectativas tanto por la cantidad de afiliados como por la incidencia que logró.
“Este nuevo código profundizó las diferencias. Al principio hubo un discurso inicial de que se iba a poder trabajar con transparencia, donde las personas en su gran mayoría iban a esperar el proceso en libertad, que la defensa iba a tener acceso a todo el material desde el principio, pero eso no sucedió.”, señaló Fagúndez.
Por su parte el vicepresidente, Eduardo Sassón, destacó las coincidencias con los defensores de oficio y el hecho de “no estar solos” en los cuestionamientos al nuevo proceso. “Los mismos problemas que nosotros tenemos como defensores privados también los están teniendo los defensores públicos. Lo que está en juego es el detrimento del derecho a la defensa en sí y no los intereses que uno defiende”.
Los abogados plantearon que la estructura del sistema acusatorio necesita un posicionamiento del Poder Judicial para la primera etapa del proceso, desde el rol de jueces de garantías, que aún no está bien determinado. Como ejemplo, señalaron que aún no están claras las consecuencias del apartamiento de la norma en la etapa de investigación, ni las potestades de los jueces de garantías.
Sobre ese punto, también indicaron cierta “incongruencia” entre la naturaleza del proceso de formalización y las consecuencias que genera, como el fichaje de los imputados o la prisión preventiva, que fue establecida por el código como la última medida cautelar y entienden que se aplica en exceso. También marcaron otros vacíos como la definición de la participación de los defensores de las partes, los plazos para presentar la acusación y el tratamiento de los imputados y las víctimas, que también constituyen parte de las garantías del proceso.
Consultada sobre las perspectivas de cambio, luego del retiro del fiscal de Corte, Jorge Díaz, Robatto respondió que más allá de la impronta particular que le dio Díaz a la conducción de la Fiscalía, el problema es “que un servicio descentralizado, que tiene una sola persona en la cabeza, esté aplicando derecho mediante instrucciones generales”.
“Los defensores, bastante por unanimidad, estamos de acuerdo en que el derecho es el derecho y las instrucciones son las instrucciones, que tiene fuerza para adentro (de la Fiscalía), pero como 95% de los casos se resuelve por procesos abreviados, en la esfera administrativa, esas instrucciones en el plano de los hechos pasan a tener fuerza como de ley”, agregó.
Fagúndez señaló que una de las preocupaciones que tiene la AAP es el tenor que la Fiscalía le ha dado a su vínculo con la Policía: “Parece que el Ministerio Público es casi un apéndice del Ministerio del Interior, o viceversa (...) acá se ha tratado de traer a la Policía como parte del proceso penal. La Policía es una herramienta del sistema y no un partícipe de primera línea, hoy está influyendo mucho y la instalaron en el código con el doble de artículos que tiene la defensa, como para poner un ejemplo cuantitativo”.
Sobre ese punto, el presidente de la AAP cuestionó que la solución política a la seguridad pueda traducirse en los números de prisionización: “Desde nuestro punto de vista el número de presos no refleja seguridad y complica a largo plazo, porque este código en tres años incrementó la población carcelaria en forma exponencial y lo va a seguir haciendo; con esa cantidad de presos no podés trabajar, no podés generar rehabilitación y en el afán del cumplimiento de los números se han bajado los estándares y los requisitos para ir preso”.