El Comisionado Parlamentario Penitenciario llevó adelante un seminario para discutir sobre las claves para la implementación de medidas alternativas a la cárcel. Durante la jornada se presentaron cuatro estudios, entre ellos, un mapeo de medidas alternativas, a cargo de Ana Juanche, exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación.
En Uruguay casi 33 mil personas tienen una medida penal vigente. Hay 14.702 personas privadas de libertad: cuatro de cada mil personas en Uruguay están presas. Además, hay 18 mil personas que tienen medidas alternativas a la prisión, que son supervisadas por la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA)del Ministerio del Interior.
Antes de la reforma del Código del Proceso Penal, se gestionaban 500 medidas anuales. En la actualidad se gestionan más de 18 mil. “La explosión de los últimos años no tuvo un correlato en la planificación institucional”, afirmó Juanche. La OSLA pasó de tener 47 funcionarios para 1.078 personas con medidas no privativas, en 2018, a encarar 18 mil personas medidas no privativas con 98 funcionarios, en 2021.
No pueden ser un simulacro
Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales del Uruguay (IELSUR), planteó alertó acerca del abuso en la aplicación de medidas no privativas de libertad como forma de ampliar la cobertura punitiva: “Las medidas alternativas tienen que ser aplicadas con sobriedad y no para ampliar el control punitivo. Es un círculo que tenemos que cortar de una vez”.
Fernández observó las debilidades institucionales que tiene la OSLA y responsabilizó al sistema político: “Se deben potenciar las instituciones y el sistema político se tiene que tomar en serio esto y dotar de recursos”. “Si no, se va a caer en la desesperanza”, adelantó. “Desde 2010 el fortalecimiento de la OSLA ha sido cero y eso quiere decir que el sistema político no se toma en serio las medidas alternativas”, subrayó.
“Es tres veces más barato la prisión domiciliaria y seis meses más barato el trabajo comunitario”, indicó el abogado. Sin embargo, “lo que hacemos permanentemente es debilitar el sistema de no privación de libertad”. “Esto tiene que tener un límite. Seguimos agregando antecedentes de buenos trabajos y buenos diagnósticos, sin tomarnos en serio la no privación de libertad”, aseveró.
Por otra parte, el abogado de IELSUR acotó que las medidas no privativas de libertad “tienen que ser algo serio y no un simulacro”, dijo citando a Sandra Leopold, experta en sistemas penitenciarios y penalidad. “Tienen que ser intervenciones serias y las personas no pueden ser un experimento de medidas en las que no se sabe si están participando o no”, acotó. En noviembre de 2021, Heber informó que 4.700 personas, que tenían medidas alternativas, estaban en un “limbo”, y advirtió que “no sabían” si habían cumplido o no las medidas impuestas por la Justicia por falta de personal en la OSLA.
“Para que no sean un simulacro, hay que quitarle a la OSLA lo que le sobra”, afirmó. Y, en ese sentido, propuso: “La ley de faltas hay que derogarla”.
“Venimos de una sucesión de malas decisiones legislativas, de malas técnicas legislativas, de la creación de nuevos delitos, ahora además con la novedad de haber derogado la suspensión condicional del proceso [en la ley de urgente consideración], que era de las pocas cosas que daban esperanza”, lamentó.
Fernández agregó que, además, “se debe quitarle la sobrecarga a la OSLA” y que hay cosas que esta institucionalidad “no debería hacer”, como por ejemplo, los traslados de las personas que están en arresto domiciliario a consultas médicas en sus prestadores de salud.
El abogado concluyó planteando que “si no fortalecemos las medidas alternativas, vamos a seguir teniendo un sistema que viola los derechos humanos, algo que se reconoció hace muchísimo tiempo”.