El juez en lo Contencioso Administrativo de 4° turno, Carlos Aguirre, dio la razón a los legisladores del Frente Amplio que presentaron una acción de acceso a la información pública para reclamar al Ejecutivo la entrega de toda la información sobre el proceso por el que fue entregado un pasaporte uruguayo a Sebastián Marset, signado como líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
En la sentencia, a la que accedió la diaria, el juez Aguirre rechazó los argumentos brindados por los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores que se negaron a entregar la información a los legisladores aduciendo que se estaba desarrollando una investigación administrativa en cancillería sobre el mismo caso, y que el decreto 500/991, en su artículo 174, establece el carácter reservado de ese tipo de investigaciones.
Aguirre dispuso la entrega en menos de 15 días del expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Marset; una copia de todas las comunicaciones relacionadas a la entrega del pasaporte, realizadas por cualquier medio entre los agentes del servicio exterior acreditados en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores, “incluyendo informes, consultas, solicitud de instrucciones y todas las respuestas cursadas desde cancillería”.
El Estado también deberá entregar la información vinculada a las comunicaciones entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, el 21 de setiembre y el 3 de noviembre de 2021, en las que hablaron del pasaporte de Marset.
El magistrado señaló en su fundamentación tres principios generales que rigen el acceso a la información pública en manos de la administración: el principio de publicidad del obrar administrativo, “derivado de la forma republicana de gobierno”, el principio de transparencia, “que implica la diafanidad del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de sus funcionarios” y el principio de participación que implica que los habitantes “sean informados y consultados en los asuntos que le conciernen”.
Además, sostiene que el propósito específico de la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381) es “garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”, considerada como “todo lo que emane o esté en posesión de cualquier organismo público sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley”.
Aguirre señaló que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que las excepciones a la información pública son aquellas específicamente definidas como secretas por ley, lo que no es el caso del decreto 500/991, ni la resolución 424/009 del Ministerio de Relaciones Exteriores -invocada por los representantes del Estado- que establece en forma genérica el carácter secreto de la actuaciones de ese organismo público.
“No deben considerarse secretas las informaciones así consideradas por actos jurídicos infravalentes a la ley”, sostiene el magistrado, citando al abogado Durán Martínez, y apunta que cuando cancillería negó el pedido de acceso a los demandantes, no hizo ninguna referencia a la eventual tutela de la dignidad del imputado en un proceso disciplinario. “Parecería en principio que no existen razones valederas para la negativa dispuesta”, concluye Aguirre.
“La tónica de querer ocultar las cosas”
En diálogo con la diaria, el senador Charles Carrera dijo que los aspectos relacionados al caso Marset sobre los que se pidió el acceso “no fueron aclarados por las autoridades durante la interpelación, lo cual ya indicaba la tónica de querer ocultar las cosas y no ir con la verdad de lo sucedido”.
Carrera calificó la entrega del pasaporte como “un caso gravísimo que permitió la fuga del narcotraficante Marset, nada más ni nada menos, con la ayuda de altos funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior”.
“Hicimos este pedido porque estamos convencidos de que en este caso existen graves irregularidades y porque es sumamente grave que el Estado uruguayo le haya facilitado un pasaporte a un narcotraficante en una cárcel de Dubái. Además creemos que en esta red de tráfico de documentos de viaje como pasaportes, podría haber vinculaciones con el caso Astesiano”, agregó el senador.
Charles dijo que les sorprendió la negativa de cancillería y aseguró que apenas tengan la respuesta del Ejecutivo analizarán otro tipo de medidas. “Estamos convencidos de que en el caso Marset, a pesar del escándalo que ya conocimos, estamos avistando apenas una punta de un iceberg”, agregó.
En rueda de prensa, el senador Mario Bergara valoró la decisión de la Justicia y agregó que “era de rigor” que el gobierno enviara la información solicitada, en un caso que hasta el momento “no tiene buenas explicaciones”.