El juez de Crimen Organizado de 1° turno, Alejandro Asteggiante, dispuso la prórroga del cierre de frontera y retención de pasaporte para los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Andrés Musio. Tal como pidió la fiscalía la medida fue dispuesta por 120 días, por lo que deberá revisarse el próximo 5 de febrero.
En la audiencia, subrogando a la fiscalía de Delitos Complejos de 1º turno, estuvo presente la fiscal de estupefacientes Patricia De Amorín, debido a que la fiscalía que investiga el caso, la de Delitos Económicos de 1° turno, no tiene fiscal asignado y los dos adscriptos se encuentran de licencia.
Sobre ese punto, el abogado Juan Pablo Decia, lamentó que hace dos años que se presentó la denuncia y no llegó a formalizarse el proceso contra los denunciados, cuando según la fiscalía hay elementos suficientes para una inminente imputación por apropiación indebida y estafa al menos desde mayo de este año.
“Las garantías de los denunciantes están siendo violentadas de todas las maneras posibles (...) las víctimas ya no saben qué hacer para ser escuchadas y tuteladas en sus derechos”, afirmó Decia y calificó como “una vergüenza” que la fiscalía no tenga fiscal titular.
El abogado de los denunciados, Eduardo Sassón, no se opuso al pedido de la fiscalía y señaló que si la fiscalía, con la evidencia suficiente para formalizar la investigación, viene a pedir como medida limitativa el cierre de fronteras, significa que esa medida será suficiente para proteger el proceso en las próximas etapas, en referencia a un eventual pedido de prisión preventiva.
Ante eso, Decia respondió que la referencia que hizo en cuanto a que la fiscalía ya cuenta con elemento objetivos para formalizar, es por los delitos de estafa y apropiación indebida, y no por un eventual delito de lavado de activos, para lo que la fiscalía necesita el informe del equipo multidisciplinario integrado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Institucional, la Dirección General de Impositiva, Interpol y el Ministerio de Ganadería. El artículo 224 del Código del Proceso Penal obliga a la fiscalía a pedir prisión preventiva si solicita imputar un delito de lavado, aunque el juez no tiene la obligación de concederlo.
La causa fue iniciada en noviembre de 2024, luego de que el fondo ganadero se declarara en concurso por no poder asumir los compromisos con los inversores. En sus declaraciones a la Fiscalía Jasidakis y Mussio, han atribuido la situación a una “corrida” generada a partir de la caída del Grupo Larrarte en agosto de 2024, que provocó el retiro de inversores y la ausencia de nuevos depósitos, en una situación que ya venía con dificultades por la sequía de además de los efectos de la sequía de 2022 y 2023.
“Somos conscientes de los desafíos económicos que han afectado al sector ganadero en los últimos años, incluyendo la histórica sequía de 2022-2023 y las consecuencias derivadas de la crisis de confianza en el mercado”, detalló la empresa cuando anunció el concurso voluntario. Durante el proceso concursal, los socios de República Ganadera intentaron un acuerdo con los damnificados que requería la anuencia del 50% de los inversores, pero alcanzó el 47%.
La causa comenzó siendo investigada por el fiscal de Delitos Económicos de 1° turno, Alejandro Machado, quien se excusó a partir de un mail que recibió de uno de los abogados denunciantes en el que cuestionaba la falta de avances. El caso fue derivado al fiscal Enrique Rodríguez que presentó un recurso administrativo contra la decisión y el departamento de jurídica le dio la razón, por lo que la causa volvió a Machado. En junio de este año Machado fue trasladado a la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen y la fiscalía a cargo de la causa quedó sin fiscal titular.
En marzo de 2025, la Justicia dispuso el cierre de fronteras para Jasidakis y Mussio, medida que se fue prorrogando cada 120 días. En diciembre de 2025, el fiscal Alejandro Machado tomó declaración a los dos socios, a partir del informe presentado por la síndica del caso, Zamira Ayul, quien advirtió la reducción del 60% del ganado entre junio y noviembre de 2024.
Se estima que el faltante de ganado tiene un valor de 90 millones de dólares, mientras que existe una diferencia entre lo que encontró la síndica y lo declarado por los socios del fondo ganadero de unos 24 millones de dólares. La síndica también encontró movimientos en la empresa, en los últimos seis meses previos al cierre, que considera que fueron realizados en perjuicio de los 1.500 damnificados del fondo ganadero.
Además, se realizó una auditoría externa por parte de la empresa Eura Audit que detectó un faltante de 2.963 vacunos y 7.459 ovinos, además de sobrevaluación de activos en los estados financieros de la empresa desde junio de 2024. La auditoría también mencionó la gran cantidad de negocios que se concretaban en efectivo y sin una trazabilidad en sistema bancario que permita conectar los ingresos de la empresa con las actividades específicas de la empresa.