La jueza en lo penal de 27° turno, Silvia Urioste, procesó con prisión a los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Soca, Jorge Pajarito Silveira, Ernesto Ramas y el ex policía Ricardo Medina, en la causa que investiga la detención en Buenos Aires de unas veinte personas, en su mayoría militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, que fueron trasladados a Uruguay, en lo que se conoce como el “primer vuelo”.
Urioste dispuso el procesamiento de José Arab y Ernesto Soca por delitos de privación de libertad, lesiones graves y violencia privada y de Jorge Silveira, Ricardo Medina y Ernesto Ramas imputados por privación de libertad, lesiones graves, violencia privada y simulación de delito.
Entre junio y julio de 1976, fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados al centro de torturas Automotores Orletti, Enrique Rodríguez Larreta, su hijo Enrique Rodríguez Larreta Martínez, Elba Rama, Nelson Dean,Ana Inés Quadros, Sergio López Burgos, Alicia Cadenas, Ana María Salvo, Jorge González Cardoso, Ariel Soto, Raúl Altuna, María Mónica Soliño, Gastón Zina, Edelweiss Zahn, Cecilia Gayoso, Laura Anzalone, Sara Méndez, Margarita Michelini, Marta Petrides, María del Pilar Nores y Jorge González Cardozo.
El 26 de julio, fueron trasladados a Montevideo en el llamado “primer vuelo” y llevados a un centro de detención clandestino conocido como “la casa en Punta Gorda” y unos días después a la casona de Bulevar Artigas y Palmar, donde funcionaba la sede del Servicio de Información y Defensa. Los militantes fueron obligados a firmar documentación para simular que habían llegado por sus propios medios a Uruguay y fueron presentados ante la opinión pública, en octubre, como militantes recientemente detenidos, que habían llegado desde Argentina para perpetrar ataques armados. Para disimular las secuelas provocadas por la tortura ante la prensa, unos días antes de blanquear la situación, se les permitió tomar sol y se les brindó alimentación.
La jueza señaló que hay elementos suficientes para determinar que las detenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Secretaría de Información del Estado (S.I.D.E.), de Argentina, del Servicio de Información y Defensa (SID) y de la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
“Durante el período en que permanecieron privados ilegalmente de su libertad en nuestro país, los detenidos fueron sometidos por sus captores -los fallecidos José Gavazzo y Gilberto Vázquez y los indiciados Jorge Silveira, José Arab y Ernesto Ramas -a torturas consistentes en colgadas, plantones, submarino, golpes, entre otros, con la finalidad de que en los interrogatorios brindaran información sobre las actividades, organización y miembros del PVP, mientras que el imputado Ernesto Soca pasó a cumplir tareas de custodia”, afirma la sentencia a la que accedió la diaria.
Urioste rechazó los argumentos de la defensa de los militares en cuanto que actuaron en respeto a la ley y la obediencia debida. “Los agentes estatales privaron de su libertad y torturaron sistemáticamente a las víctimas e incluso simularon un delito, lo que demuestra el exceso y la saña de su actuación y habilita a desestimar como causa de justificación el cumplimiento de la ley, como reclaman las defensas”, sostuvo la jueza.
En cuanto a la obediencia debida, la jueza expresó: “Es claro, que los mandatos manifiestamente delictivos no son obligatorios, menos en hechos tan graves como los denunciados, de lo cual los imputados tenían suficientemente claros e interiorizados los valores en juego y se encontraban en condiciones de reconocer la ilegalidad clara que cometían al privar ilegalmente de la libertad a las víctimas, someterlas a torturas que ponían en peligro su vida e incluso simular un delito, con la finalidad de obtener información relacionada a grupos políticos proscriptos y legalizar la privación de libertad ilegítima en que se encontraban los prisioneros”.
“Los militares que estaban en Orletti eran: Jorge Silveira alias Pajarito, el Mayor José Nino Gavazzo, un oficial que le decían el Turco Arab, Manuel Cordero. Otro oficial que le decían el Conejo Medina, personal subalterno. Soca creo que era cabo, le decían Drácula [...] dos reconocidos represores argentinos que estuvieron con los uruguayos, Aníbal Gordon y otro militar que le decían Paqui [...] Nos preguntaban donde estaba la bandera de los Treinta y Tres y una suma de dinero que supuestamente el PVP había obtenido de un secuestro”, relató Eduardo Dean, una de las víctimas.