El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak -expresidente de la Suprema Corte de Justicia-, informó en el Parlamento de un principio de acuerdo con la Fiscalía y el gobierno, a raíz de las reuniones que tuvo, para promover la creación de una fiscalía especializada en casos de lavado de activos. El objetivo es incrementar los condenados por este tipo de delitos, que según planteó el jerarca hoy no son prioridad dentro de la fiscalía especializada en delitos económicos y de estupefacientes, ante la cantidad de expedientes.
Chediak acudió el jueves a una comisión de Diputados, donde habló acerca de las inspecciones de la Senaclaft tras los cambios normativos incorporados en la ley de urgente consideración (LUC), los resultados en la percepción de riesgo de los agentes no financieros y futuras sanciones para escribanos e inmobiliarios por no respetar los procedimientos legales.
De la versión taquigráfica de la sesión, en parte consignada este lunes por El Observador, surge que Chediak informó que en la semana tuvo una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien le transmitió que “las fiscalías de estupefacientes tienen en el orden de 1.200 causas acumuladas, con lo cual es muy difícil dar prioridad al lavado de activos”.
“La solución que ayer [por el miércoles pasado] planteamos al prosecretario de la Presidencia [Rodrigo Ferrés] -que nos dio la palabra del Poder Ejecutivo en sentido conteste- es la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos. Todavía no se ha hecho el costeo y, simplemente, estamos haciendo el acuerdo inicial. Estaríamos hablando de un fiscal y de un par de fiscales adjuntos que concentren la competencia a nivel nacional y se dediquen exclusivamente a ello. Es muy probable que venga el proyecto de ley”, señaló ante los legisladores.
El objetivo de esta iniciativa, añadió, es “mejorar” la persecución de estos delitos: “Que el número en un año de persecuciones penales exitosas y de condenas por lavado de activos se incremente”.
Chediak continuó: “Estos delitos, que de alguna manera son de cuello blanco en gran parte de los casos, son muy complejos de investigar y requieren personal especializado. La Senaclaft puede hacerlo, pero muchas veces la fiscalías tienen grandes problemas para realizar” esas tareas.
Los expedientes ya en curso
Las tres fiscalías de delitos económicos tenían los casos de lavado de activos, aunque según un artículo de la última Rendición de Cuentas se previó que a partir del 1º de enero pasaran a la órbita de las fiscalías de estupefacientes. Este tema se habló entre Chediak y Gómez, y el primero transmitió que el fiscal de Corte le explicó que “esa modificación” trajo “problemas operativos a la Fiscalía”.
Por un lado, no existe claridad sobre qué debe pasar con los 60 expedientes ya en trámite, si deben pasar o no a la nueva órbita. “La Fiscalía nos planteó la posibilidad de alguna norma que prorrogue la entrada en vigencia y, además, subsane este tema de los expedientes en trámite, estableciendo que los que estuvieran en trámite al momento del cambio de la competencia permanezcan en las fiscalías que ya los tienen”, dijo Chediak.
Consultado por la diaria ante este planteo desde la Senaclaft, el abogado especializado en lavado de activos, Leonardo Costa, dijo que no cree “necesario” el cambio cuando ya hay trabajando en los casos tres fiscalías especializadas en delitos económicos, y señaló que en todo caso “falta más coordinación”. “Crear una sola fiscalía no es la solución al problema, el asunto es previo: la percepción de riesgo de los actores del sistema”, evaluó.
Percepción de riesgo y escribanos
Ernesto Misa, de la Senaclaft, se refirió a la caída en la cantidad de reporte de operaciones sospechosas (ROS) sobre el origen de los fondos que realizan los agentes del sector no financiero, cuyas obligaciones fueron flexibilizadas por la LUC. Esa baja “se viene dando por segundo año consecutivo [2020 y 2021]” y “se vio atemperada porque hubo un aumento en la cantidad de reportes en el sector financiero [bancos y otras entidades]”.
El funcionario de la Senaclaft informó que se iniciaron “las fiscalizaciones” con foco “en el sector inmobiliario, que es donde más fuerte se da la caída, así como también en los sectores de escribanos, de rematadores y en todo lo que tiene que ver con operaciones inmobiliarias”. Se identificaron entre 150 y 200 “operaciones que podrían ser a priori de riesgo, y a partir del año pasado se empezó a fiscalizar”.
Sobre el resultado, Misa indicó: “Hemos encontrado que hay una disminución en cuanto a lo que es el conocimiento de la aplicación de la norma, lo que va a llevar a que haya alguna sanción administrativa, pero no logramos, por lo menos en esta primera instancia, que fueron unas 60 o 70 fiscalizaciones, encontrar operaciones no reportadas”.
Por otra parte, Misa y Chediak plantearon que no debe enfocarse el análisis sólo en la baja de los reportes: “La baja de los ROS es un indicador, pero hay otros que también son preocupantes. Los ROS han tenido una fluctuación, pero lo que no ha cambiado es que no dan lugar a investigaciones penales. Los ROS suben y bajan, pero las investigaciones penales a raíz de ellos siguen en 1%. Es muy difícil poner el tema sobre la mesa si no logramos investigaciones penales”.