Este lunes se realizó la audiencia preparatoria para retomar la declaración anticipada a la principal víctima de Operación Océano, la causa que investiga explotación sexual de adolescentes por la que hay 36 personas investigadas.
Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, los abogados de los imputados, la fiscalía y la defensa de las víctimas discutieron una serie de preguntas sobre aspectos generales derivados de la evidencia recolectada en los celulares de la víctima, principalmente chat y mensajes de Whatsapp, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
La discusión sobre las preguntas y los temas a tratar estuvo marcada no sólo por las eventuales respuestas que podría dar la víctima, sino también por la definición de qué temas y qué parte de la evidencia quedaría incorporada al juicio a través de las preguntas.
Uno de los puntos que fue rechazado por la jueza penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, fue todo lo vinculado al uso de estupefacientes. La magistrada consideró que excede el objeto de investigación de la causa, por lo que no fueron admitidas preguntas sobre ese tema.
Si bien estaba previsto que este lunes se retomara la declaración, Tonarelli entendió que era mejor postergarlo para la mañana del martes, considerando el cansancio de los implicados tras una audiencia tan larga. Esta fue la primera jornada de las audiencias de declaración anticipada de la principal víctima de la causa de una serie de cuatro, en las que se realizarán preguntas generales y específicas en dos tandas de investigados. Para el martes la jueza convocó a las partes a discutir el pliego de preguntas en relación al contacto de la víctima con un primer grupo de 20 investigados, y el miércoles se concretará la declaración sobre ese grupo. El jueves las partes discutirán las preguntas específicas sobre un segundo grupo compuesto por 16 investigados y el viernes se concretará la prueba anticipada sobre esos casos.
La división en dos tandas de imputados realizada por la jueza Tonarelli fue apelada por las defensas de los imputados, que entienden que atenta contra el literal C del artículo 9 de la Ley de Violencia Basada en Género (19.580), que establece que la víctima o testigos de actos de violencia tienen derecho a “la restricción máxima posible de concurrencia a la sede judicial o policial, así como a ser interrogados directamente por el tribunal o por personal policial”.
Además, advirtieron que podría ser objeto de nulidad por indefensión, dado que si la víctima refiere a alguno de los imputados que no pertenecen al grupo sobre el que está declarando, no estarán presentes los abogados de los imputados aludidos.
Una discusión similar se había generado en octubre, cuando la fiscal formó varios grupos de imputados para la declaración anticipada, lo que fue rechazado por la jueza, que consideró que además de que no garantiza la debida defensa de todos los imputados, el mecanismo podía contribuir a la revictimización de la denunciante.
Para esta tanda de declaraciones, Tonarelli mantuvo su decisión de fragmentar la declaración anticipada, que tiene valor de prueba en el juicio, pero habilitó la presencia de los abogados de cualquier imputado en todas las audiencias y también permitirá que los defensores de imputados que no están citados realicen preguntas si en la declaración sus defendidos son mencionados.
De esta forma, se retomó la audiencia que había sido suspendida el 20 de octubre, cuando la principal víctima estaba declarando sobre los aspectos generales del caso con todos los imputados y surgió la existencia de una declaración de un testigo que no había sido correctamente registrada.
Ante eso, la jueza Tonarelli dio diez días de plazo para que se corrigiera el error y ordenó a la Fiscalía un relevamiento de todos los elementos y de la carpeta de investigación y sus respectivas notificaciones. Una semana después se concretó la salida de la fiscal Darviña Viera y la subrogación de la fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Mariana Alfaro, quien finalmente encontró 45 archivos que no habían sido informados ni a las defensas de los investigados ni a las de las víctimas, entre ellos 11 declaraciones de testigos, una de víctima en sede policial, 18 informes de la Policía Científica, delitos informáticos e Interpol, ocho pericias del Instituto Técnico Forense hechas a las víctimas y a los imputados, y varios relevamientos fotográficos de conversaciones entre las víctimas y los imputados.
Alfaro tiene hasta el 13 de mayo para presentar la acusación contra los imputados o pedir el archivo del caso. En febrero el Tribunal de Apelaciones de primer turno confirmó lo dispuesto por Tonarelli, que aceptó la prórroga máxima pedida por la fiscalía. Entre los argumentos avalados por el tribunal se encuentra la gran cantidad de material, la complejidad de la causa por la cantidad de indagados y la documentación que no había sido entregada. Además, destacó que “no se advierte que haya existido injustificada inacción por parte de la Fiscalía, quien ha continuado con la investigación, existiendo al momento relevantes actuaciones pendientes tales como pericia a víctimas y recepción de declaraciones anticipadas”.