Mayo cierra con más del doble de homicidios en comparación con el mismo mes de 2021 y ante esta alza del crimen se cruzan declaraciones del oficialismo, que pide respaldar al ministro Luis Alberto Heber, y la oposición, que denuncia falta de gestión. El exfiscal de Corte Jorge Díaz también dio su opinión sobre la situación actual e hizo un análisis en su cuenta de Twitter sobre lo que implica una política pública de seguridad.
A su entender, es necesario que se conjuguen cuatro acciones: “la prevención, la conjuración de los hechos delictivos o violentos, la investigación y la persecución de los delitos en base a una política criminal claramente definida”.
Una política pública de seguridad implica la planificación e implementación coordinada de cuatro acciones: la prevención, la conjuración de los hechos delictivos o violentos, la investigación y la persecución de los delitos en base a una política criminal claramente definida
— Jorge Diaz (@jdiazalmeida) May 31, 2022
Con respecto a la prevención, Díaz opinó que comprende el análisis del contexto nacional y regional, determinar cuáles son “los riesgos más importantes” y desarrollar “medidas funcionales y estructurales” para evitar que se concreten esos riesgos. Para lograr la prevención son necesarios los servicios de patrullaje y vigilancia, aseguró el exfiscal, “pero es mucho más amplio”, matizó, y agregó que es necesario otro tipo de dinámicas, como “el entintado de billetes en los cajeros, la digitalización de los pagos, la utilización de chips en las tarjetas, la doble autenticación en los movimientos financieros por internet”, entre otros.
Para lograr prevenir los delitos, según Díaz, debe intervenir “un conjunto de instituciones públicas y privadas coordinadas por el Estado”, porque si solamente la Policía se encarga de la prevención se está ante “una mirada limitada y parcial de la realidad, que restringe los resultados de esta acción”.
En relación a la represión de los hechos delictivos, Díaz asegura que debe ser realizada “en forma casi exclusiva por las fuerzas de seguridad del Estado”, porque ir por otros caminos, como puede ser armar a la sociedad, “termina proveyendo de armas a los delincuentes y generando episodios indeseados”.
Sobre la investigación de los delitos, el exfiscal de Corte afirmó que “debe ser dirigida por la institución encargada de la persecución criminal y orientada por criterios de priorización inspirados en la gravedad y el impacto de los delitos”; agregó que, de no ser así, se terminaría persiguiendo delitos de escasa importancia o los que se detectan en el momento del crimen. “Persiguiendo en forma exclusiva la flagrancia caen los delincuentes menos hábiles, mientras que los mercados ilícitos siguen intactos demandando productos y generando delitos”, subrayó.
Para Díaz, “la persecución criminal debe estar orientada por criterios claros de política criminal, aprobados por las autoridades competentes y establecidos en instrucciones claras y concretas a los funcionarios encargados de llevar adelante esta tarea”. En su opinión, no puede haber “tantas políticas criminales como funcionarios que participan en la tarea de investigar y perseguir”. El exfiscal de Corte expresó que “la seguridad es un derecho humano fundamental y comprende la libertad para vivir sin miedo, sin miseria, sin necesidad y con dignidad”, y enfatizó que “el Estado es uno solo”, por lo que “la política pública de seguridad debe ser una sola y no debe transformarse en un botín político”.