El fiscal subrogante de Delitos Complejos de primer turno, Gilberto Rodríguez, tomó declaración como testigos al abogado Carlos Delpiazzo y a su hijo José Miguel para conocer los pormenores de su asesoramiento al Ministerio de Defensa en el proceso de la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) para la Armada Nacional por un total de 82 millones de euros, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
Las fuentes señalaron que durante la declaración los abogados explicaron cómo fue el proceso por el que fueron contratados como consultores y particularmente su rol al asesorar a las autoridades del ministerio sobre la validez de la garantía de Eurocommerce presentada por Cardama, que finalmente resultó ser falsa.
Durante la declaración el fiscal Rodríguez no permitió el ingreso ni de los abogados denunciantes, que representan al Poder Ejecutivo, ni de los abogados Gustavo Bordes y Fernando Posada, que representan a los investigados: los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Fabián Martínez y el exdirector de Recursos Financieros de esa cartera Damián Galó.
Según supo la diaria, no está previsto que haya nuevas citaciones por el caso hasta que la fiscalía no reciba –y analice– el resultado de la comisión investigadora de la Asamblea General que comenzó a sesionar en febrero y el próximo viernes 21 de agosto presentará sus informes, en mayoría y minoría, que serán incorporados a la carpeta de la investigación penal.
Los abogados Delpiazzo declararon en la comisión investigadora el 15 de junio luego de pedir autorización a las autoridades del ministerio para brindar la información sobre su asesoramiento, concretado entre octubre y diciembre de 2023, en el proceso de llamado y designación del astillero español y luego consultado durante el proceso de presentación de las garantías, que estaba previsto realizarse en 45 días y se extendió 11 meses.
El estudio entregó a las actuales autoridades del Ministerio de Defensa los intercambios con la administración anterior, principalmente con Galó, a quien le advirtieron sobre las irregularidades del proceso. Además, señalaron que durante la conformación del contrato –en la que Cardama pretendía que rigiera la jurisdicción española– y en la constitución de las garantías el estudio planteó varios cambios.
“Nuestra normativa nacional exige una garantía de fiel cumplimiento del contrato que es un 5% de su valor, que Cardama quería suprimir, pero, obviamente, se le dijo que no. Luego, lo quería modificar por una retención del 5% de cada pago, que se le dijo que no y, finalmente, quedó lo que mandata nuestra legislación, que es el 5% del valor del contrato como garantía de fiel cumplimiento”, señaló Miguel Delpiazzo durante su comparecencia en la comisión investigadora.
En esa instancia se leyeron algunos de los intercambios entre el estudio Delpiazzo y el Ministerio de Defensa: “Buen día, Damián. La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor [...], una y otra vez. En este caso, el acta no es la misma que nos entregaron para revisión la semana pasada, aunque sí repite su contenido. Esto puede ser porque nosotros tenemos el original. A su vez, la apostilla es de ayer, 27/11, por lo que sabían muy bien que no la habían mandado, según dijeron el martes. Además, el escaneado bastante desprolijo, cortado y al revés, y no sé si es continua con el documento, por lo que tendría que ver el original cuando llegue”.
“Cardama va a los ponchazos tirando lo que le parece. La verdad, es muy preocupante. Si yo me presento a una licitación con estas garantías, cualquier administración me descalifica. Parto de la base de que son documentos que no son truchos. Con más razón, no debería costarle nada seguir con esto que es lo que le estamos pidiendo”, expresaba Miguel Delpiazzo en otro de los mensajes leídos en comisión.
A todo esto, el fiscal Gilberto Rodríguez dejará de subrogar la Fiscalía encargada del caso el jueves 20 de agosto y, según supo la diaria, aún no está definido quién asumirá la titularidad de la Fiscalía, por lo que es esperable que el cargo continúe vacante a partir de esa fecha y que la investigación avance con el trabajo de los fiscales adscriptos.