La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de la República convocaron a la “I Jornada de Acceso a la Justicia: reflexiones y desafíos sobre la asistencia jurídica de personas en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la defensa pública”, que se realizó el martes en el Paraninfo.
En el evento, abogados que participan en diferentes áreas e instituciones del sistema de Justicia reflexionaron sobre el rol del defensor público, el impacto del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) sobre el servicio y los cambios que implicaría un nuevo diseño institucional para la Defensoría con independencia del Poder Judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Peŕez, defendió la igualdad ante la ley para ricos y pobres en lo que tiene que ver con las decisiones judiciales. Además, informó que la SCJ está realizando un relevamiento para identificar aquellos aspectos que es necesario fortalecer en la defensoría pública. Si bien en otros ámbitos se ha manifestado partidario de la independencia de la Defensoría, esta vez se abstuvo de referirse al punto.
Pérez dijo que desde el punto de vista legislativo el país ha evolucionado desde 1985 en materia de acceso a la Justicia y consagración de derechos, y también destacó avances en la jurisprudencia, poniendo como ejemplo las sentencias favorables a reconocer los derechos constitucionales vinculados con la salud. De todas formas, advirtió que esa evolución legislativa no garantiza un acceso a la Justicia genuino, y opinó que la principal barrera para acceder a la Justicia es cultural.
“Los pobres no pueden confiar en un sistema que por su carencia de recursos los excluye, obligándolos a violar la ley y vivir en la ilegalidad; por consiguiente, más allá de la consagración formal de la igualdad de acceso, estos no acceden, no sólo por la falta de ingresos, sino por cuanto no entienden ni confían en el sistema”, agregó.
En esa línea dijo que “ciertos actores” intentan “instaurar en la sociedad la idea de que hay una Justicia para ricos y otra para pobres”, y planteó que “no es que los juzgados tramiten diferente un proceso si es de una persona carente de recursos [comparado a] otra que no lo es”.
Por su parte, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz comenzó su intervención citando al profesor Luigi Ferrajoli, quien señaló que “en el plano jurídico y abstracto los hombres son incomparablemente más iguales que en cualquier otra época, en virtud de las tantas cartas de derechos; pero también son incomparablemente más desiguales en los hechos”.
Díaz planteó que el desafío es trabajar para lograr efectivamente en los hechos la igualdad de acceso a la Justicia, y señaló que hay desigualdades que tienen origen en el propio derecho penal. “Cuando el legislador define qué bienes jurídicos protege y qué bienes jurídicos no protege hace una definición filosófica, ideológica”, señaló, y agregó que el derecho penal “está cargado de ideología”.
En esa línea señaló que hay bienes jurídicos que son “más pasibles de ser violados por determinados integrantes de la sociedad y no por otros”, y puso como ejemplo los delitos que dañan al ambiente y los delitos que dañan a la propiedad.
El ex fiscal de Corte dijo que las desigualdades en la Justicia no surgen de la deshonestidad de los funcionarios públicos; planteó que existen definiciones ideológicas que contribuyen a la desigualdad generadas por el propio derecho penal. “Una mujer que ingresa 50 gramos de marihuana a una cárcel, después de la LUC [ley de urgente consideración], son cuatro años de mínima; ahora, si hay un narcotraficante que participa en una organización que lleva seis toneladas de cocaína a Europa, capaz que tiene asistencia al narcotráfico y con 20 meses de prisión lo arreglamos. [...] Eso obedece a definiciones de un legislador”.
Otro ejemplo planteado por Díaz es la pena sobre la reincidencia: “¿Quién tiene más posibilidades de ser reincidente? Generalmente, los que cometen delitos contra la propiedad de pequeña magnitud. [...] No hay reincidentes por lavado de activos en Uruguay, ni por insolvencia societaria fraudulenta; eso también marca las desigualdades que nacen del derecho penal”.
En cuanto al rol de la Defensoría, Díaz planteó que es “la pata renga” de la reforma del proceso penal y la que terminó recibiendo menos recursos. En cuanto a la posición institucional que debería tener la Fiscalía, señaló: “A esta altura del partido, creo que es absolutamente imprescindible que la defensa pública tenga al menos los mismos niveles de autonomía que la Fiscalía”.
Por su parte, el abogado Ignacio Soba, profesor adscripto de Derecho Procesal en la Udelar, centró su participación sobre los caminos y las interpretaciones constitucionales que podrían habilitar un cambio en la ubicación institucional de la Defensoría, sin que eso implique una reforma constitucional.
Soba señaló que en 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente las normas que buscan garantizar la autonomía funcional de los defensores –algo que en Uruguay está establecido en el artículo 387 de la Ley 16.320–, pero advirtió que en aquellos estados en los que aún no existe autonomía institucional esta se debe procurar, garantizar que las defensorías manejen su propio presupuesto. Soba destacó el concepto de “igualdad de armas institucional” entre la Defensoría y la Fiscalía como un aspecto a tener en cuenta en el marco del nuevo proceso penal.
En cuanto al numeral sexto del artículo 239 de la Constitución, que establece que corresponde a la Suprema Corte de Justicia nombrar a los defensores de oficio, y las posibilidades de ubicar a la Defensoría fuera del Poder Judicial sin reformar la Constitución, Soba dijo que es un tema “muy opinable”, pero señaló, como razones jurídicas para justificar la independencia de la Defensoría, que la autonomía de la Defensoría no afecta la separación de poderes porque no es una función jurisdiccional. También planteó que el nombramiento no implica exclusividad, y puso como ejemplo la existencia de la Defensoría en la órbita del tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Alicia Deus, abogada especializada en género y derechos de niños, niñas y adolescentes, se refirió a la trascendencia de la defensa jurídica para el acceso a la Justicia e hizo hincapié en la necesidad de avanzar en una perspectiva de género en el sistema de justicia.
“En un Estado de derecho garantista de los derechos humanos, el sistema judicial debe ser un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de todas las personas, sin discriminación. Si el Estado en su ordenamiento jurídico reconoce formalmente un derecho, pero algunas personas por su particular situación o condición no pueden acceder en forma efectiva, no se estaría cumpliendo con el principio de igualdad material”, señaló.
La abogada señaló que “son muchas las causas de desigualdad” ante la Justicia, y señaló el género, la edad, la discapacidad, la pertenencia a determinadas minorías, la migración, la pobreza y la privación de libertad, entre otras.
Deus dijo que la discriminación de las mujeres “ha sido una característica estructural de nuestras sociedades en los diversos ámbitos, en el ámbito familiar, social, laboral, pero se manifiesta también como un obstáculo para el acceso a la Justicia, y en diversas situaciones esto se ve agravado por otras causas de vulnerabilidad que tiene la persona”.
También se refirió a la necesidad de que la voluntad del defensor de niños, niñas y adolescentes no sustituya la voluntad de quien es defendido. “No existe en nuestro país una defensoría especializada en derechos de infancia, con profesionales formados y especializados en la materia; y la mera designación de un abogado patrocinante en muchos casos no asegura que el niño o adolescente reciba el asesoramiento adecuado a su edad y circunstancias y que se lleve adelante la defensa de sus intereses propios”, afirmó.
Por su parte, Analía Silva, responsable de los consultorios barriales gratuitos del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) de la Facultad de Derecho, valoró la organización del evento como un espacio de reflexión y debate. La estudiante destacó la experiencia de los consultorios del CED, en el que participan 250 estudiantes y 30 abogados en forma voluntaria en 30 consultorios en todo el país.
Silva señaló que muchas veces el acceso a la Justicia es “la puerta de entrada al ejercicio pleno de otros derechos”, y que es responsabilidad del Estado “garantizar su efectivo ejercicio” y “contemplar a quienes encuentran mayores dificultades”.
“Es una actividad que en esencia se sostiene con base en el trabajo y la militancia de muchísimos compañeros y compañeras que lo hacen y dedican una cierta cantidad de horas semanalmente entendiendo que hay necesidades que deben ser atendidas”, expresó.
Además, Silva abogó por una mayor visibilidad del trabajo que realiza el consultorio, que entre 2020 y 2021 recibió más de 9.000 consultas, que derivaron en 2.300 casos judicializados.
La estudiante destacó el rol de la mediación para resolver conflictos en materia de familia, niños, niñas y adolescentes, pero dijo que existen circunstancias en que la judicialización es “inevitable” y “la única herramienta que tenemos para garantizar la resolución del conflicto”.
Silva dijo que 85% de las personas a las que atienden son mujeres “jefas de familia”. “No podemos hablar de acceso a la Justicia sin hacerlo con una perspectiva de derechos humanos y de género”, señaló.
Victoria Muraña, defensora pública penal de Montevideo, cerró el evento refiriéndose a la situación de la Defensoría: habló de la identidad de los defensores con el Poder Judicial, pero advirtió que la defensa dentro del Poder Judicial “genera algunas dudas”.
“Los propios usuarios a veces creen que nosotros estamos combinados, sea con los magistrados o con los fiscales en materia penal. Creen que vamos a defenderlos pero que ya tenemos todo hablado”, señaló.
La defensora destacó que Uruguay es uno de los pocos países que tienen defensores de oficio en materias distintas a la penal, y opinó que eso debería mantenerse pero se debe dar la discusión de cómo continuar.
Muraña dijo que si bien no sabe en dónde debería ubicarse la defensa pública, entiende que en el Poder Ejecutivo puede verse afectada por la política de persecución criminal del gobierno de turno, y señaló que coincide con Soba en cuanto a que es posible una autonomía sin una reforma constitucional.
Muraña dijo que “es momento” de que la defensoría salga del Poder Judicial “no sólo por nosotros, sino por las personas a las que asistimos”. “Muchas veces se cuestiona a los defensores públicos. [...] Nosotros no defendemos intereses de la sociedad, defendemos el interés individual de la persona que lo requiere; no defendemos género, defendemos personas, sin importar nada más, porque no elegimos, es una cuestión vocacional”, expresó.