La jueza letrada de 5º turno de San José, María José Camacho, formalizó el proceso contra los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macalusso, en la causa que investiga a 22 militares por torturas, trabajo forzado y abusos sexuales en el ex Batallón de Infantería 6 de San José entre 1975 y 1978, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
Los militares fueron imputados por el delito de privación de libertad, abuso de autoridad contra el detenido y lesiones graves con prisión domiciliaria preventiva por 120 días. La fiscalía también había pedido la imputación de los militares Winston Puñales y José Antonio Hernández, quienes fallecieron durante el proceso.
En diálogo con la diaria el denunciante Pablo Casartelli destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que al rechazar la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de los imputados, habilitó la audiencia de formalización de este jueves.
“Para nosotros es importantísimo esto, tenemos gran esperanza de que se sigan los pasos y se haga Justicia definitivamente”, expresó.
Casartelli explicó que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, continúa la investigación penal, sobre los otros investigados en la causa, recabando datos de diferentes organismos estatales, de manera de llegar al pedido de formalización con un buen cúmulo de evidencia.
Uno de los presentes en la audiencia de este jueves fue el exmilitante comunista Pedro Durán, quien tenía 21 años cuando fue detenido: “Mi madre preguntó qué pasaba, a lo que uno de ellos respondió que los tenía que acompañar por un ratito, que tenían unas preguntas para hacerme. Cuando subí a la camioneta donde habían otros uniformados, me encapucharon, y a partir de ese momento [fue] una lluvia de insultos y golpes. Al momento sólo había participado de una o dos reuniones de la UJC [Unión de Juventud Comunista] al año, puesto que trabajaba en una empresa de carga y descarga alrededor de 12 a 15 horas diarias”, relató en la denuncia.
La causa fue iniciada el 8 de julio por 21 integrantes de la UJC, que fueron detenidos entre marzo y abril de 1975 y estuvieron presos tres años y medio en la unidad militar de San José y luego fueron trasladados al Penal de Libertad.
Las víctimas, que tenían entre 18 y 25 años cuando fueron detenidas, denuncian situaciones de tortura, trabajo forzado y, en el caso de las mujeres abusos sexuales por parte de militares que operaban en la unidad.
“Durante la tortura utilizaban un lenguaje soez e insultante de contenido sexual; había muchos milicos y nosotras desnudas y solas frente a ellos. También hacían referencia al olor que teníamos y a cuestiones personales de los detenidos con comentarios humillantes. También mostraban conocimiento de nuestras familias y amenazaban con traerlas detenidas o desaparecerlas en el río”, relató en la denuncia una de las mujeres denunciantes.
Otro de los testimonios da cuenta de situaciones de trabajo forzado: “Estábamos haciendo zanjas, se acerca [uno de los denunciados] y tomando su pistola decía: ‘Qué lástima que haya gente que no los quiera matar’”, señaló otro testigo, quien planteó que a partir de octubre de 1975 se recrudeció el trato en la unidad.