El fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano, definió varias diligencias para avanzar en la investigación sobre las presuntas maniobras fraudulentas de la Agencia de Turismo Transhotel, pero aún no está definido quién será el fiscal de la causa.
El Ministerio de Turismo recibió la semana pasada unas 180 denuncias por fraude, de personas que dicen haber recibido pasajes falsos otorgados por la agencia, mientras que otros, al saber que la agencia mantiene cerradas sus puertas, temen no poder viajar.
Fuentes allegadas al caso informaron a la diaria que hasta el momento se pidió a la Unidad de Investigaciones de la zona I que tome declaraciones a todos los damnificados y a los empleados de la empresa. También pidieron al Ministerio de Turismo información sobre la situación de la empresa y se están relevando los datos de las cuentas utilizadas por Transhotel para pedir el levantamiento del secreto bancario.
Estas primeras medidas se tomaron mientras espera una definición de la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía General de la Nación sobre qué fiscal tomará el caso. Las fuentes señalaron que hasta que eso no esté definido no habrá una orden de detención ni se llamará a declarar a los dueños de la empresa.
El punto de discusión sobre quién debe asumir el caso se da entre el fiscal Romano, que considera que al tratarse de una causa con reclamos por más de 300.000 dólares y con unos 240 reclamantes excede la capacidad de una fiscalía de Flagrancia y correspondería a una sede especializada en Delitos Complejos, y Delitos Complejos, que sostiene, en cambio, que el caso no se trata de una presunta estafa, por lo que la naturaleza del hecho a investigar está fuera de sus competencias.
En las últimas horas se difundió un comunicado de los dueños de la empresa en que expresan sus “más sinceras” disculpas a los clientes y aseguran que asumen su responsabilidad como empresa por la situación generada.
“Transhotel, al igual que el resto de las agencias de viajes, tanto en Uruguay como a nivel mundial, fue seriamente afectada desde 2020 por los efectos causados por la pandemia [...] lo que provocó la interrupción de los traslados, como así también el cierre de los aeropuertos y puertos de todo el mundo por un largo tiempo”, señalaron.
“En el afán de cumplir con sus compromisos y procurando honrar los mismos, procedió, asumiendo el costo por cuenta propia, a devolver los pagos realizados [...] como así también a reprogramar los diferentes itinerarios y viajes”, expresaron.
La empresa sostiene que “cumplió” con el 90% de sus clientes, pero para cumplir con el resto de sus obligaciones intentó acceder a financiamiento que no le fue concedido por parte del sistema bancario.
“Lamentablemente, la divulgación de un grupo de clientes de su malestar, a través de distintos medios de comunicación, como así también en redes sociales, provocó una verdadera corrida de otros clientes, que, sumado a la presentación de denuncias, impidió la concesión de las referidas asistencias económicas”, agregaron.