Si los directores de la serie española Fariña quisieran hacer algo con esas características por estas latitudes deberían prestar atención a la figura del paraguayo Horacio Cartes. En la historia de este poderoso clan familiar y empresarial paraguayo hay muchos elementos narrativos comunes a lo que sucedió en las costas de Galicia en la década del 80.
Por ejemplo, la existencia de una red delictiva vinculada con el contrabando de cigarrillos que en determinado momento aprovecha una estructura que se consolidó durante años para incursionar en un negocio más lucrativo: el tráfico de drogas.
En ambos casos las historias se entrecruzan con lavado de activos, compra de bienes suntuosos, inversiones en clubes de fútbol, vínculos con la política y, finalmente, las investigaciones policiales y judiciales que procuran la caída del entramado delictivo. Las dos peripecias tienen, además, un mismo sujeto omitido: las narices de los millones de consumidores de cocaína en Estados Unidos y Europa.
El caso de Cartes tiene ingredientes adicionales, ya que llegó a ser presidente de su país entre 2013 y 2018 –en ese período su patrimonio pasó de 360 a 1.000 millones de dólares– y en julio de este año fue declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de Estados Unidos, que ahora podría avanzar con un pedido de extradición para investigar sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
Las investigaciones judiciales sobre los negocios de Cartes son noticia diaria en la prensa paraguaya, que también sigue con especial atención sus múltiples vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En febrero de 2022, cuando Marset ya estaba prófugo tras recibir el pasaporte uruguayo en Dubái, se llevó a cabo “A Ultranza PY”, el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en la historia de Paraguay.
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Pocas semanas después de ese procedimiento a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) paraguaya elaboró un informe de 43 páginas sobre el clan Cartes, al que accedió la diaria.
El informe concluye, en primer lugar, que las vías de transporte que utilizó durante años la empresa Tabacalera del Este (Tabesa, propiedad de Cartes) para el contrabando de cigarrillos es “la misma” que utilizan en la actualidad “para tráfico de drogas, armas y personas” grupos criminales como el “Primer Comando Capital de Brasil y el Primer Comando Uruguayo, en complicidad con funcionarios públicos corruptos”.
La Seprelad también detalla cómo las empresas del grupo Cartes fueron cambiando de dueño, cuáles fueron las estrategias de “simulación de ventas” que aplicaron y el papel clave que jugó en todo ese proceso Sarah Cartes, hermana del expresidente y durante muchos años esposa del uruguayo Juan Martín Bordaberry.
El documento menciona cuál es la ruta del contrabando de cigarrillos: salen desde Paraguay, “pasan por puertos de Uruguay” con destino a los “almacenes del puerto libre de Aruba, Curasao, Belice, Surinam y toda la cuenca del Caribe”, para luego ingresar a Venezuela, Colombia, Ecuador y México, países en los que “el impuesto al tabaco es muy elevado, y las ganancias son importantes para el contrabandista”.
Las operaciones bancarias “llamativas” de Tabesa
La Seprelad dedica un capítulo de su “informe de inteligencia” a las operaciones bancarias sospechosas de las empresas de Cartes y ahí la participación uruguaya también es significativa.
Entre 2014 y 2016, Tabesa realizó transferencias al exterior para “pago a proveedores” con diferentes bancos de plaza paraguayos, pero partir de 2018 operó exclusivamente con Basa (banco que pertenece al grupo) y 98% de sus remesas las realizó por medio del estatal Banco Nacional de Fomento (BNF).
La Seprelad incluyó a Uruguay entre los cinco países a los que Tabesa transfirió más dinero entre 2014 y 2021, junto a Brasil, México, las islas Caimán y Argentina. Según el listado del organismo, en ese período se transfirieron 64,8 millones de dólares a las islas Caimán (el informe lo define, sin más, como “paraíso fiscal”) mientras que a Uruguay ingresaron por esta misma modalidad bancaria 42,8 millones de dólares provenientes de las empresas de Cartes.
“Son igualmente llamativas las transferencias al exterior a destinos como Bahamas, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, entre otras”, agrega el documento.
Por otra parte, el informe de la Seprelad menciona el papel de Darío Messer, conocido como el Doleiro dos doleiros (un doleiro es un cambista que opera fuera del mercado legal), que ha sido investigado por sus negocios en Uruguay y por sus vínculos con Cartes y la operación Lava Jato. Messer, repasa el informe, montó una red de cambios paralelos primero en Brasil y luego en Uruguay, a partir de 2003. Fundó primero el Cambio Amambay y después el banco Amambay (que luego se llamaría Basa), cuyo principal accionista es el padre de Cartes, Ramón Telmo Cartes, a quien el informe define como un piloto de aviación que estuvo vinculado con el narcotráfico en los años 80. El padre de Horacio, además, durante muchos años tuvo la representación en Paraguay de los aviones Cessna.
La Seprelad menciona un informe del Ministerio Público Federal de Brasil, realizado con base en delaciones, que muestra el papel que jugó el Cambio Yrendague de Ciudad del Este en el esquema de lavado de dinero de Messer y Cartes.
Uno de los testimonios es el de Cláudio Fernando Barboza, arrestado en Uruguay en marzo de 2017 y extraditado a Brasil, que en una declaración de febrero de 2018 menciona a Lucas Mereles como el propietario de Cambios Yrendague. Mereles, por su parte, confirmó en su testimonio que una de las operaciones que realizó desde el cambio para Messer fue el envío de 70.000 dólares para el estudio del abogado uruguayo Óscar Algorta, una operación que se llevó a cabo en mayo de 2014.
Las valijas a Europa y Estados Unidos
Hay otras conexiones de Cartes y sus empresas con Uruguay. En 2008, el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa recibió una denuncia del entonces diputado Julio Lara porque al Aeropuerto de Carrasco llegaban avionetas procedentes de Paraguay con cuantiosas remesas de dinero, sobre todo en dólares y en moneda paraguaya. Estos sacos literalmente llenos de billetes ingresaban a Uruguay y luego partían rumbo a España y a Estados Unidos.
La denuncia la atendió el juez Jorge Díaz y luego Mariana Mota, y finalmente fue archivada, ya que el dinero en realidad era declarado en Paraguay y eso no incumplía ninguna de las normas uruguayas de aquel momento. Los funcionarios uruguayos, según contaron a la diaria fuentes vinculadas a esa causa, llegaron a abrir algunos de los sacos llenos de billetes para constatar que los montos coincidían con lo declarado en el país de origen. Según estas fuentes, una de estas avionetas acondicionadas para el transporte de “plata viva” sufrió un robo antes de salir hacia Montevideo y otra sufrió un accidente en Brasil.
Se estima que varios millones de dólares “picaron” en Uruguay bajo esta modalidad, con bolsas que se trasladaban desde las avionetas a bodegas de mayor porte, de aviones que partían rumbo a Nueva York y España.
En el marco de esta investigación, la Secretaría Nacional Antilavados de Activos uruguaya, a cargo en aquel momento de Ricardo Gil Iribarne, envió un documento al juzgado de Ciudad de la Costa para constatar que la operativa estaba ajustada a derecho y también para advertir, como por si acaso, que había “incertidumbre” sobre el origen de esos fondos y que no se podría descartar “alguna vinculación con actividades ilícitas” en Paraguay. Finalmente se supo que la operativa tenía el sello del banco Amambay, que pertenece a la familia Cartes.
Unos años después, en 2013, una investigación del periodista Walter Pernas para Brecha mostró cómo funcionaba esta operativa aérea de Cartes en Uruguay y también constató la participación de la empresa Prosegur, que en algún caso guardó dinero en sus arcas por 24 horas antes de que partiera con destino a cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa.