Las idas y vueltas entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nacional luego de aprobado el Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017 ha ido in crescendo. Esta vez, la queja de la secretaría de Estado se basa en “los emplazamientos sin fecha”, que son aquellas personas que son detenidas por la Policía pero a la hora de ser formalizadas los fiscales ordenan su emplazamiento, a veces con fecha determinada y otras sin fecha, lo que ha implicado, aseguran, que esas personas vuelvan a cometer delitos.
Según cifras del ministerio, entre junio y octubre de 2022 hubo 2.180 personas que fueron emplazadas, 400 con fecha y 1.780 sin fecha. Esta información fue transmitida en cartas a la Fiscalía y también se les entregó a los partidos políticos con representación en el Senado, menos al Frente Amplio, que no estuvo en la primera reunión, a principios de diciembre, a la que estaban invitados los senadores que integran la Comisión de Seguridad y Convivencia Pública, informó el fin de semana El País.
Según esos datos, el departamento que sumó más emplazamientos fue Montevideo, con 558 (517 sin fecha y 41 con fecha), y le siguió Canelones, con 536 (505 y 31, respectivamente). La carta firmada por el ministro Luis Alberto Heber indica que el CPP no prevé que los fiscales puedan emplazar con o sin fecha, por lo que, a su entender, estas resoluciones que están tomando los fiscales están fuera de la ley.
Asimismo, Heber lanzó una advertencia al fiscal de Corte, Juan Gómez, y subrayó que estas acciones generan un triple efecto negativo: una sensación de impunidad por parte de los delincuentes, un descontento por parte de la ciudadanía y en particular de las víctimas, y un desánimo y desaliento por parte de la Policía.
“Embestidas”
En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Willian Rosa, dijo que es un tema que necesita “muchas aclaraciones”. Por un lado, indicó que las investigaciones las dirigen los fiscales y que ellos suelen saber “cuáles son los estándares necesarios para judicializar una investigación”: “Sabemos que para la Policía siempre hay que detener y apresar. Lo comprendemos porque son quienes están en el terreno, pero ese final necesita una serie de factores que no siempre se cumplen, por más que los funcionarios crean que sí”, expresó.
Por lo tanto, Rosa dijo no entender “por qué el Ministerio del Interior nos quiere definir cómo tenemos que trabajar”. “Es como si nosotros les quisiéramos explicar cómo prevenir delitos, no corresponde”, agregó.
Por otra parte, señaló que hay un concepto que está siendo “mal utilizado técnicamente”, pues “no existe jurídicamente el emplazamiento sin fecha”. “Cuando yo le doy el cese a una persona, digo: ‘Cesa la detención porque la investigación va a continuar con el denunciado en libertad’. Eso es lo correcto y jamás puede estar mal técnicamente hacer eso, te puede parecer que no corresponde, pero no que está mal”, sostuvo.
Asimismo, insistió en que “si uno no tiene elementos para formalizar, debe cesar la detención”. En ese marco, sostuvo que cuando la detención “adolece de defectos” debe cesar la detención, y si el caso no amerita una investigación con una persona detenida no se debe detener a la persona. “Es un principio del código que la privación de libertad es la excepción”, indicó.
Por último, Rosa dijo que “hay casos en los que tanto policías como fiscales le pifiamos”, algo que “es normal y parte del laburo”. Pero eso, expuso, se conversa “en reunión de coordinación para mejorar en la próxima, no en los medios de comunicación horadando la relación entre los funcionarios de una y otra institución”. “Estas embestidas vienen de las autoridades, lo sabemos bien, por eso tratamos de no llevarlo a fricciones en la relación con los policías que trabajan con nosotros”, expresó.
Como respuesta, Gómez aseguró a El País que prefiere apuntar a mejorar el trabajo de coordinación entre las instituciones a lanzar críticas a través de la prensa; sin embargo, comentó: “No voy a decir cuántos casos a veces tampoco se trabajan adecuadamente por la Policía”. Agregó que “son temas que hay que pensar bien, porque, por un lado, está la independencia técnica de los fiscales y, por el otro, es cierto que hay que erradicar esa tendencia que nosotros tampoco consideramos como una buena práctica”.
Gómez concluyó que “en muchas situaciones los fiscales consideran que no cuentan con evidencias como para presentar el caso ante un juez”, aunque no descartó que haya “errores en la apreciación de algunos fiscales” que no solicitan medidas limitativas mientras se sigue indagando a los sospechosos.