En la mañana de este martes, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se concentró frente al Palacio Legislativo antes de la votación de la Rendición de Cuentas para reivindicar ciertos reclamos que viene sosteniendo desde hace algunas semanas. Entre ellos, se destaca el rechazo a un artículo que limita por tres años el ejercicio profesional después del cese de la función y el pedido de equidad salarial para más de 220 fiscales adscriptos que cobran 20% menos que los fiscales adjuntos por realizar el mismo trabajo.
En diálogo con la diaria, el presidente de AMFU, Willian Rosa, contó que durante la votación los legisladores de la coalición expresaron que el artículo de inhibición les generaba “dudas y reparos”, y expresó que “casi que dijeron que estaban en contra, pero que igual lo iban a terminar votando”. Al respecto, el fiscal consideró que establecer normas “que son contrarias a los derechos y tienen visos de inconstitucionalidad”, incluso “estando en contra de ellas”, es “un episodio lamentable”.
Además, el artículo, presentado por Cabildo Abierto (CA), fue votado en cinco días bajo el fundamento de que la Asociación de Abogados Penalistas lo había solicitado, sin “invocar otras razones de interés general, que es lo que exige la Constitución”, planteó Rosa. Esto implica “una falta de calidad legislativa” que “preocupa”, pues habilita “que se legisle a las apuradas”. Lo peor es que “el día de mañana esto puede seguir sucediendo, porque es una forma que está admitida, si nadie dice nada”, advirtió.
A la vez, “la Fiscalía sigue sin recibir los recursos suficientes”, afirmó Rosa. El presidente de la AMFU recordó que “se les dio un aumento a los jueces pero no a los fiscales”, y que “fue reconocido por diputados oficialistas, que cuando contemplaron ese aumento pensaban que se lo estaban dando a la Fiscalía”. Aun así, no solucionaron “el error que ellos mismos padecieron”, señaló.
Respuestas
Según Rosa, los abogados defensores y el sistema político denuncian que “la Fiscalía tiene determinas demoras en sus casos”, sin considerar el hecho de que “hay fiscales que tienen 500 casos en carpeta, hay otros que tienen 1.000 casos en carpeta, otros, los de delitos sexuales, tienen 1.800”. El presidente de la AMFU aseguró que para algunos actores la problemática cobra importancia cuando “hacen una denuncia contra un adversario político”, pero no en otras situaciones. En ese sentido, se refirió a “las víctimas de los homicidios, de las lesiones, de los delitos sexuales” y cuestionó si no requieren “también una preocupación por parte del Estado”.
Estas personas necesitan respuestas y “las respuestas se tienen que dar con recursos”, manifestó Rosa. Sin embargo, con la Rendición de Cuentas se establece sólo la creación de dos fiscalías de delitos sexuales y ocho cargos de fiscales. “Nosotros pedíamos un mínimo de 40 cargos fiscales y 14 fiscalías”, recordó. “Lo peor es que la consecuencia no la vamos a pagar sólo nosotros, los fiscales, sino que la va a pagar el justiciable”, lamentó.
Para Rosa, las decisiones tomadas confirman la existencia de un “acoso y ensañamiento contra los fiscales” que surge en 2017, cuando comenzaron a reclamar que el nuevo Código Penal se implementaba “sin los recursos suficientes”. A modo de ejemplo, Rosa mencionó palabras enunciadas por el actual senador de CA Guido Manini Ríos, quien, según el presidente de la AMFU, dijo que “hay fiscales que hacen los mandados”. También la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi ha hecho generalizaciones similares, agregó. Si bien, al ser una tarea pública, es coherente que sea “criticable”, no es correcto realizar “aseveraciones” del estilo sin tener “elementos” que las justifiquen, opinó.
Ahora, la AMFU planea presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación del Ministerio Público y escuchar sus recomendaciones. Asimismo, reclamará la inconstitucionalidad de la inhibición ante la Suprema Corte de Justicia, y llevará a cabo dos juicios por la no contemplación de la equiparación entre jueces y fiscales, y la equiparación entre fiscales adjuntos y adscriptos.