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John Pérez.

Foto: Mara Quintero

La SCJ firmó un acuerdo con el Calen para elaborar su plan estratégico 2024-2035

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El ministro de feria de la SCJ, John Pérez, dijo a la diaria que existe un “preconcepto” contra la institución por pertenecer al Ministerio de Defensa.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) alcanzó un acuerdo con el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, para “establecer un marco de trabajo conjunto para el fortalecimiento institucional, la capacitación y la investigación”.

El acuerdo abarca la elaboración conjunta del Plan Estratégico 2025-2034 del Poder Judicial y el cuadro de mando integral, lo que será elevado a la SCJ para su aprobación.

El ministro de Defensa, Javier García, destacó el rol del Calen como “una institución pública de un alto profesionalismo, de un alto valor académico”, y destacó el trabajo que le encargó la SCJ, que implica “contribuir en la elaboración presupuestal, el trabajo por objetivos, el análisis de los procesos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos, la evaluación de los mismos, es decir, un trabajo de proyección, de prospectiva y de seguimiento de cada uno de los objetivos que se va a fijar la SCJ desde el punto de vista estratégico para los próximos diez años”.

“Para el Ministerio de Defensa Nacional y para el Calen es un alto honor trabajar en el asesoramiento de otro poder del Estado, [...] de alto prestigio institucional y de la importancia que tiene en la arquitectura institucional del país un organismo como el Poder Judicial”, expresó García.

Por su parte, el ministro de feria de la SCJ, John Pérez, señaló que el Calen es un instituto en el que participan “civiles y militares de distintas profesiones [...] en el cual se elaboran diversos trabajos y programas para poder llegar a la maestría, y eso es algo que va enriqueciendo todo el saber nacional”.

“Para nosotros es muy importante profesionalizarnos cada vez más en materia de administración, porque esto, en definitiva, es una tarea de administración que tenemos que llevar adelante como ministros de la Suprema Corte e ir evolucionando, porque cuanto más preparados estemos, mayor posibilidad de brindar un buen servicio a la ciudadanía”, agregó.

En diálogo con la diaria, Pérez dijo que el instituto es “excelente” en su experiencia sobre capacitación estratégica y señaló que es “un lugar relegado” porque existe “un preconcepto” contra él dado que pertenece al Ministerio de Defensa.

En ese sentido, dijo que existe una “libertad de cátedra tremenda” en el instituto y señaló que está integrado por personas “de todos los partidos políticos”.

Cómo va a ser elaborado el Plan Estratégico 2024-2035

Pérez dijo que el plan será diseñado por funcionarios del Poder Judicial de las áreas estratégicas y que serán capacitados por el Calen. Además, planteó que, tal como ocurrió en la elaboración del anterior plan, habrá instancias de consulta con organizaciones vinculadas al sistema de Justicia. También señaló que una necesidad, en su opinión personal, es que se capacite a los ministros de la SCJ en materia administrativa.

En ese sentido, señaló que la elaboración presupuestal del Poder Judicial –que constitucionalmente debe presentar al Poder Ejecutivo su propio presupuesto– exige una capacitación administrativa y estratégica cada vez mayor.

Pérez destacó el rol de un plan estratégico como referencia para definir objetivos y evaluar su cumplimiento y señaló que el acuerdo con el Calen y la elaboración del Plan es algo que aportará a tener “un Estado mejor”. Además, señaló que el plan estratégico anterior, el 2015-2024, se elaboró con una consultora privada.

Ese plan, que servirá de referencia para la elaboración del nuevo, define, entre otras cosas, la misión, la visión, los valores y los ejes transversales del Poder Judicial, los objetivos estratégicos y las líneas de acción de las diferentes áreas, así como los objetivos y los indicadores para evaluar su cumplimiento.

Por ejemplo, entre los indicadores definidos en el plan vigente está la cantidad de jueces cada 10.000 habitantes por departamento, la cantidad de defensores públicos cada 10.000 habitantes, la cantidad de nuevos protocolos implementados, la cantidad de oficinas que apliquen un “Sistema de Gestión de Calidad”, la tasa de cumplimiento de audiencias y otros aspectos más cualitativos, como la satisfacción de los usuarios y la satisfacción del funcionario con el ambiente laboral, medida por medio de encuestas.

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