La Estrategia de Seguridad presentada por el Ministerio del Interior genera “expectativas” y “contradicciones” con lo hecho hasta ahora, según expertos

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A tres años del inicio de la gestión, el Ministerio del Interior presentó el documento preliminar de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva. El coordinador del documento es Diego Sanjurjo, quien es a su vez coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, y surge tras una serie de encuentros con representantes de varios partidos políticos.

Hasta ahora, a nivel de seguridad, la administración de gobierno se ha caracterizado por un respaldo discursivo a la Policía y por la vuelta de la “vieja guardia” policial. Durante su gestión cambió a más de la mitad de los jefes de Policía, varios por estar involucrados en irregularidades o delitos. La gestión del gobierno en seguridad también se caracterizó por lo que fue su buque insignia, la Ley de Urgente Consideración, que creó nuevos delitos, le cambió el nombre a otros y aumentó penas, entre otras disposiciones.

En el Ministerio del Interior ha habido movimientos en los últimos meses: la caída de la cúpula policial completa, el involucramiento con la indagatoria e imputación de varias jerarquías policiales en la investigación del caso Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial de Luis Lacalle Pou, y nuevas jerarquías en la Policía que intentan proponer una impronta basada en lo técnico, aunque hay quienes advierten que habrá continuidad. Ni bien asumieron, las nuevas jerarquías realizaron varias remociones y movimientos internos.

En la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva se plantean 15 medidas, elaboradas a partir de 79 propuestas presentadas en el ámbito interpartidario, que fueron presentadas este lunes y estarán a estudio de los partidos por dos semanas, con la expectativa de que se aprueben en mayo. La intención es que se llegue a un consenso final a más tardar en junio, previo a la Rendición de Cuentas, que es la última del período en la que el gobierno puede aumentar el gasto, para que estas medidas sean implementadas en el segundo semestre del año.

Entre las principales propuestas está la sistematización de la información de victimización, a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, que también brindará asistencia al Observatorio del Ministerio del Interior; el desarrollo de políticas de prevención comunitaria enfocadas a la atención de la violencia basada en género y a la prevención de homicidios; medidas de fortalecimiento de la atención en salud mental para la Policía y sus familias; prevención del ciberdelito; el desarrollo de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario, el reforzamiento de la atención para las personas privadas de libertad con uso problemático de drogas; y la creación de un Ministerio de Justicia.

Sanjurjo comentó a la diaria que el objetivo es “una política de seguridad moderna y efectiva que tiene que combinar prevención y represión del delito” y explicó el proceso para llegar a estas medidas. Destacó que ocho de las propuestas del Frente Amplio fueron tomadas en cuenta para las 15 medidas finalmente presentadas.

Expertos en seguridad, criminología y violencias, consultados por la diaria, opinaron sobre este paquete de medidas, que catalogaron como “el primer plan real” del gobierno en seguridad. Afirmaron que genera “expectativas” y “contradicciones con lo hecho hasta ahora” por el Ministerio del Interior.

Federico del Castillo, antropólogo especializado en temáticas policiales

Tenemos dos maneras de analizar este acontecimiento: una es a través de lo técnico y la otra es a nivel político. Desde un punto de vista técnico, es imposible sintetizar este documento en una nota porque son muchas propuestas que requieren discusión, con la mayor profundidad posible. Muchas propuestas son realmente interesantes, mientras otras permanecen poco claras respecto a su implementación: hacía dónde van a ir, qué van a hacer específicamente. Y otras no parecen adecuadas.

De las que son destacables: nadie puede estar en desacuerdo con transparentar la gestión del Ministerio del Interior con datos y encuestas de victimización. Eso es interesante, también la colaboración entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística. Llama un poco la atención una contradicción que emerge allí, que es que esta gestión debilitó la credibilidad de la denuncia. En algunos casos conocidos, la desestimuló. Al comienzo de la gestión, se replegó el uso de tablets en patrulleros para desestimular las denuncias, más allá de que públicamente no se dijo así, eso lo pude constatar en varias oportunidades haciendo trabajo de campo, además es algo conocido en el ambiente y me lo han dicho muchos policías entrevistados. También rompieron todo rigor metodológico a la hora de comparar delitos: teníamos comparaciones de un mes con el mes anterior, del trimestre con el trimestre anterior, comparaciones dentro del mismo año, comparaciones caprichosas con períodos del Frente Amplio, como fue la de 36 meses contra 36 meses. Eso me genera un poco de dudas, sobre la coherencia interna y el consenso que hay respecto a este tipo de medidas.

Después, hay medidas que no están muy claras. No está claro en qué va a consistir puntualmente la intervención para prevenir homicidios, las que apuntan a los ciberdelitos tampoco. La reforma del sistema penitenciario que se propone allí es algo muy endeble. Se están proponiendo más bien consultorías. ¿Cuántas consultorías más necesitamos respecto a un diagnóstico que está clarísimo hace muchos años? Hay infinitas consultorías realizadas sobre el lastimoso estado de nuestras cárceles y los rumbos a seguir. Hay un diagnóstico hipersaturado sobre el estado del sistema penitenciario, que proponen caminos hacia dónde ir, que van por fortalecer los mecanismos de medidas alternativas a la privación de libertad, descomprimir las cárceles y no por continuar construyendo más cárceles.

Después, sobre el suicidio y la salud mental, principalmente sobre la “salud ocupacional”, que es cómo se refiere el documento al tema: es un voluntarismo. Se pueden poner más psicólogos, mejorar la atención, y eso está bien, pero sin transformar la lógica jerarquizante, abusiva y hostigadora, y las arbitrariedades de los mandos sobre el personal subalterno, que existe y esta administración la ha fortalecido decididamente y expresamente, en un estilo de conducción más alienado con perfiles militaristas; sin transformar esas relaciones que existen en el mundo policial, no se puede combatir el suicidio de los policías. Además, este gobierno, a través de algunos de sus jerarcas, ha negado este problema, por lo cual me llama la atención que aparezca esto en el documento.

Por supuesto que es interesante que se dé una discusión a este nivel sobre seguridad. Una mirada que ponga soluciones sobre la mesa y en ese sentido me parece que es una propuesta interesante la del gobierno, pero es imposible escindir esta mirada técnica, que habrá que discutirla en su momento entre quienes participen en esas reuniones que se anuncian. También es imposible escindir esa mirada técnica sobre la mirada política en este tema, sobre todo porque este documento y toda la coyuntura en la que surge es un hecho político en sí mismo.

Estoy a favor de un acuerdo integral entre los partidos sobre el rumbo que debe seguir la seguridad. Es sustancial e imprescindible, pero no sé si de esta forma. En ese sentido, lo primero que habría que aclarar es que esto no es un acuerdo multipartidario, y como tal no compromete a nadie. No está suscrito por los representantes y tampoco todas las propuestas van en línea con lo que piensan los representantes. Esto todavía debe negociarse entre los participantes y, si los suscriben, que están en todo el derecho de no hacerlo, recién allí sería un acuerdo.

Además, recordemos que el proceso estuvo muy viciado: hay representantes que pidieron que otros representantes no estuvieran sentados en esa mesa en relación al pedido de Andrés Ojeda, del Partido Colorado, que pidió que Gustavo Leal, por el Frente Amplio, deje de estar por haber pasado a ser indagado en la causa que investiga a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial. Además, el Frente Amplio recibió ataques permanentemente por parte de Sanjurjo y del Ministerio del Interior. En definitiva, de quienes impulsan el acuerdo. Hubo una descalificación tras otra hacia el representante del Frente Amplio y hacia la gestión de seguridad del gobierno anterior. Entonces, soy cauto a la hora de decir que esto es un acuerdo multipartidario. No lo es. Hasta el momento, no lo es.

A esta altura, es un programa de intervención de esta gestión. En este sentido, es algo inédito, porque no conocimos hasta el momento un plan integral que se hiciera público, que sea concreto, que tenga intervenciones específicas. Este documento es lo primero que muestra el gobierno con una intención de hacer. Hasta ahora, nadie tiene muy claro el rumbo de las políticas públicas de seguridad, salvo algunas cosas que algunos especialistas sabemos por estar en el tema. Pero la población nunca ha tenido la oportunidad de acceder a programas detallados. Recién ahora vemos esta expresión de deseo, que es lo que sería este documento.

Es un documento que llega tarde. Muchas medidas están dispuestas para la gestión que viene, otras son simplemente consultorías diagnósticas. En este sentido, son un conjunto de medidas de las que unas pocas van a poder ser impulsadas por esta administración, y el resto van a quedar para más adelante.

Otra cosa interesante para destacar es que muchos de estos acuerdos ya existen. Los acuerdos multipartidarios de seguridad que se hicieron en 2010 ya los establecen, y eso está en la propia página del Ministerio del Interior. Se pueden ver. Ya se había acordado sobre aumentar la remuneración del personal, construir establecimientos carcelarios, mejorar la capacitación de la Policía y su calidad de vida, sobre abordaje de la prevención comunitaria del delito y las violencias, reformar el Instituto Nacional de Rehabilitación. Todo eso ya estaba acordado.

Está bien volver a dar la discusión y actualizar acuerdos, pero para eso son necesarias dos cosas. Primero, cumplirlos: esta gestión ha ido en contra de muchos de esos acuerdos, otros los ha refrendado, seguramente sin tener ese documento en frente. Segundo: tener perspectiva histórica y no aparecer con un espíritu refundacional, especialmente con reformas que están pensadas para más adelante. Como decía, hay acciones presentes en este documento que ya las implementaba el Frente Amplio, como el gabinete social, el Consejo Nacional de Políticas Sociales, la Policía orientada a problemas. Todo eso lo discontinuó el gobierno; lo interrumpió.

En relación a algunas estrategias que implementaba el Frente Amplio, de hecho, Sanjurjo dio una entrevista muy sensata en 2019 a la diaria que planteaba que la gestión de Bonomi había estado entre los mejores ministros que tuvimos desde un punto de vista histórico, que hizo cosas muy difíciles y muy bien, que profesionalizó a la Policía. Sin embargo, esta administración contradijo al propio Sanjurjo en esa entrevista y se encargó de interrumpir muchas de las líneas que habían impulsado las gestiones anteriores, de forma acordada y consensuada con todos los partidos políticos.

Por eso, vuelven a aparecer dos formas de leer estos acuerdos, aunque no se explicite. La primera es que estos acuerdos van en contra de muchas de las medidas que se dispusieron durante esta gestión, la contradicen o van en líneas diferentes, por ejemplo en lo que refiere a actuar de manera integral, siendo que lo que ha hecho esta gestión es policializar la mirada sobre la seguridad decididamente. La segunda es que es un modo hábil de disponer la discusión sobre seguridad; apropiársela.

Es tiempo de que el sistema político uruguayo discuta con mayor profundidad lo que plantea este acuerdo y de proponer una reforma estructural del sistema penal, no sólo de la Policía, que fortalezca el acceso a la justicia, que tienda a la reducción del sistema, que modernice la Policía, que debilite la recurrencia redundante al castigo penitenciario, que disminuya penas, reforme el Código Penal, que introduzca formas alternativas de hacer justicia, como la justicia restaurativa, que impulse políticas basadas en la evidencia, penas alternativas a la prisión con una mirada local, que las cárceles cumplan con las Reglas Mandela y los demás acuerdos internacionales de una vez por todas, que el sistema sea menos violento en general.

En el escenario actual, ninguna fuerza política parece estar proponiendo soluciones a la altura de la profundidad que el sistema necesita. La izquierda tiene muchos problemas para ponerse de acuerdo en salidas alternativas a los modos de administrar las formas de justicia actuales y a proponer transformaciones profundas para pensar y hacer en materia de seguridad. Muchos seguimos esperando que eso suceda. Por ahora, con bastante desilusión. Por eso, las dos miradas van juntas y no pueden escindirse: se puede debatir técnicamente esto, pero necesariamente hay que dar esta discusión en un contexto político.

Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales especializado en el estudio de violencias, delitos y castigos

Es un documento que está elaborado a partir de una lógica deductiva de la argumentación, con consistencia entre las partes (objetivo, justificación, antecedentes, metodología [sic], actividades) que integran el desarrollo de cada medida propuesta. Se puede discrepar con algunas atribuciones causales y con las operacionalizaciones: de los objetivos a las actividades. Es posible criticar la utilización de ciertos modelos teóricos y el descarte de lentes de inteligibilidad alternativos.

Llama la atención, o más bien no, las omisiones en medidas claves que apuntalan la convivencia social, la pacificación de los territorios, la igualdad en la persecución del delito, etcétera. No obstante, el documento tiene rigor, coherencia y fundamento técnico. Las medidas propuestas son necesarias y algunas urgentes de plasmar.

La discusión de fondo acerca de los contenidos del documento tiene una raíz epistémica, o sea, se anida en la construcción de conocimiento sobre el sujeto que comete delitos. Las respuestas a quiénes son las personas que concretan delitos, por qué realizan acciones delictivas, cuáles son sus posibilidades de desistimiento y a otras interrogantes del mismo estilo traslucen el saber que se apropia del objeto al que se hace hablar. Con base en esa apropiación se propone tal o cual medida de seguridad.

En esa dirección, entonces, se puede entablar una discusión sobre los pesos que el documento atribuye a las teorías epidemiológicas y subculturales; a los estudios empíricos sobre los patrullajes intensivos y los operativos de saturación; a la pobreza como factor explicativo del delito sin caer en la criminalización de los pobres; por poner algunos ejemplos.

En esta línea de razonamiento, esta “estrategia de seguridad”, que se dice ser “integral y preventiva”, no es integral ni preventiva cuando excluye saberes. Por ejemplo, excluye enfoques estructuralistas que hacen hablar al objeto desde los condicionamientos que orillan hacia el campo del delito: las desigualdades económicas y de género; las generaciones, puntualmente las transiciones sociales de los jóvenes y el universo simbólico de lo que significa ser joven varón en una sociedad patriarcal; la sensibilidad social y la “lógica del enemigo”; el acceso y sostén en la educación; el acceso y la precariedad del mercado de trabajo, la inmovilidad social y su percepción distorsionada; la sociedad de consumo, sus metas de éxito y los procesos de emulación de lo exitoso; y una lista larga que, aunque inabarcable en una estrategia de seguridad, podría integrar una estrategia “integral y preventiva”. Todo esto lleva a concluir que no es el Ministerio del Interior quien debería liderar el proceso de construcción de una política pública de Estado en seguridad; y que es necesario superar el ministerialismo.

Es imposible comentar en una nota cada una de las medidas del documento. Pero quiero hacer notar que la operacionalización –la bajada a tierra– de las medidas de prevención de la violencia basada en género y de la prevención de los homicidios es insuficiente. Los objetivos de esas medidas son adecuados, pero encuentran reparos en el alcance de los métodos y las actividades seleccionadas. Estos deben ser complementados con aterrizajes que no dependan de carismas y liderazgos, que no se aten al surgimiento de la resiliencia de los individuos para “superar” (ser funcional, adaptarse, obedecer) las dificultades, que no incrementen el riesgo de los habitantes de la comunidad al denunciar o informar actividades delictivas o de apariencia delictiva. Este último punto sugiere que la medida de los Consejos Barriales y Centros de Atención Integral debería comprender extensamente la participación de los vecinos y actores locales de las comunidades, construyendo cotidianamente capital social, no superponiéndose con otros espacios de articulación existentes.

Dicha sugerencia contradice la “eficiencia y dinamismo” que plantea el documento al proponer limitar el número de participantes. De la cooperación, cohesión, respeto –siguiendo el enfoque de las comunidades ordenadas que trasluce la medida– entre los integrantes de las comunidades depende, en buena medida, la ocupación del espacio público dominado por el delito. Estamos aquí, así, desde la episteme del documento en un espacio de tensión entre la gestión y el modelo teórico-empírico.

Finalmente, el documento es el primer intento serio y conocido de política pública en seguridad del actual gobierno. Es más, hace varios años que no se lee un documento experto en seguridad con propuestas de política pública basada en evidencia. Es cierto que llega a destiempo y que el Ministerio del Interior no es quien debe liderar este proceso de construcción que aspira a ser integral y preventivo, pero ahora lo importante es concentrarse en el futuro, en este primer paso sustantivo a pesar de las dudas y los desafíos que se vienen.

Clara Musto, doctora en criminología

En una revisión del documento preliminar, se puede hacer una evaluación positiva, con algunos lineamientos importantes. Todos los puntos que están incluidos son importantes y deberían estar integrados en una reforma de las políticas criminales. Son claves los aspectos vinculados a la elaboración de encuestas de victimización sistemática, de una política de transparencia y datos abiertos respecto a la política criminal, que es algo de lo que se carece bastante y que es muy importante tanto para quienes hacen las políticas como para quienes las investigamos, también para la ciudadanía en general. Se destaca el énfasis en la prevención social y comunitaria del delito, además de la situacional, que es en general de la que siempre se habla; poder ampliar el espectro y generar estrategias integradas.

En lo que tiene que ver con los temas vinculados a la prevención policial, a las demandas de mejora de las condiciones de trabajo y de la atención a la salud mental, o a la Policía orientada a problemas, en las propuestas a nivel general, es muy difícil que alguien vaya a estar en desacuerdo o en oposición a las propuestas, porque son casi que de sentido común.

Se destaca también que se ve un esfuerzo de sistematizar propuestas, de ponerlas en un mismo documento, de plantear cierto diagnóstico, de involucrar literatura criminológica actualizada con ciertas percepción de teoría del cambio, de por qué las propuestas podrían llegar a funcionar o no.

Hay que reconocer también que es una estrategia muy superficial. La cuestión va a ser que se implemente, cómo, qué recursos se le va a dar a todo esto. Como declaración de intenciones, es buena y también es bueno el gesto. Pero luego, cada una de estas líneas hay que implementarlas y operacionalizarlas, ver qué de todo esto ya se está haciendo y qué hay que cambiar de lo que se está haciendo, para mejorarlo o para alinearlo. Entonces realmente es ahí donde se nos va la vida, pero, como lineamiento, esto es positivo.

Después, cabe destacar algunas cosas de las que llama la atención su ausencia, seguramente hay muchas. Me voy a enfocar en dos. En primer lugar, la poca jerarquización que se le dio a las políticas de egreso carcelario. Si bien hay un punto específico de reforma del sistema penitenciario, no se habla mucho del tema del egreso en sí y la política de encarcelamiento masivo que ha seguido el Estado uruguayo en los últimos años, lo que nos lleva al problema inmediato, que es qué va a pasar con toda la gente que salga de la cárcel ante la ausencia grave de políticas que hay hoy en día y las repercusiones negativas que ya estamos viendo del vínculo entre la cárcel, el delito y las personas que egresan de este sistema carcelario en muy malas condiciones. Me llama la atención esta ausencia.

También me llama la atención otra gran ausencia –quizás en este caso un poco menos por saber de quién viene– que es que no hay ninguna referencia a la corrupción como parte de los problemas y de las soluciones al estado de seguridad pública, no sólo a nivel policial, si no a nivel de todos los elementos del Estado. Además, hay otra ausencia que refiere al fortalecimiento del funcionamiento de la justicia, a la defensa pública.

Es evidente que la corrupción es un tema que no puede estar fuera de ninguna política integral de seguridad. Y que negar esa pata de la política implica en alguna medida favorecer la corrupción. Que no exista una opinión más activa de parte de los partidos políticos de la necesidad de una política de Estado sólida y sostenida de combate a la corrupción de los propios partidos, de las agencias de seguridad, de las instituciones de justicia es una ausencia bastante importante.

Carlos Negro, fiscal de Homicidios

Hace ya más de 30 años, desde la restauración democrática a la fecha, a través de los primeros gobiernos posdictadura, luego de una primavera posdictatorial que duró muy poco, se empezó a apostar una y otra vez a estrategias de corte punitivista, al aumento de penas, la creación de delitos y últimamente, en la ley de urgente consideración, al cambio de nombre de delitos que ya estaban previstos. Pero, fundamentalmente: al aumento de penas y a la creación de nuevos delitos. Este fue el denominador común de todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura con una excepción, con una isla de garantismo que tuvo quizá el primer año el gobierno Tabaré Vázquez con el ministro José Díaz donde se apostó, por ejemplo, a la Ley de Humanización Carcelaria. Vemos una y otra vez que se recurre a la misma valija de herramientas y que esas herramientas siguen sin dar los resultados que espera la sociedad: la baja de los niveles de violencia y delito pero fundamentalmente los niveles de violencia.

Ante esta falta de resultados, igualmente el sistema político opta por doblar la apuesta y ser más punitivo aún, como si estuviéramos haciendo oídos sordos ante una realidad que nos rompe la cara, no solamente a nosotros, sino que rompe la cara en todos los países del mundo civilizado, que apuestan una y otra vez a lo mismo. En Latinoamérica se ven muchísimo las fórmulas de punitivismo que en definitiva vuelven a dar los magros, míseros o inexistentes resultados en materia de conflictividad, la que aumenta incesantemente desde hace 40 años, duplicando y triplicando los niveles. Tal es el caso de los homicidios en Uruguay, que ya están cerca de los 12 homicidios cada 100 mil habitantes por año, cuando hace 30 años registramos unos guarismos de entre tres y cuatro cada 100 mil. Por lo tanto, estas políticas no han dado resultados.

Cuando uno ve que desde el Ministerio Interior del actual gobierno surge una propuesta como la de Cure Violence, más allá de que no tenemos muchos elementos para cuestionarla o ensalzarla, con lo poco que tenemos a la vista, podemos decir que es una muy buena noticia. Que una idea como la de Cure Violence, o sea, una propuesta preventiva de la violencia esté siendo debatida, discutida entre los partidos políticos, entre el gobierno y la oposición, y que se apueste por fin a otra caja de herramientas que es la caja preventiva, la que no apunta a la sanción sino que apunta a la prevención del delito, es una buena noticia. La sanción obviamente siempre llega tarde, y nunca da los resultados esperados, lo que se traduce en una población carcelaria que aumenta exponencialmente y lo único que hace es reproducir el fenómeno de la violencia; y la gente sale peor de lo que entró.

También se habla del Ministerio de Justicia, por fin, una dependencia del Poder Ejecutivo que se encargue de ejecutar las políticas públicas de Justicia, que antes estaban o bajo la órbita del Ministerio del Interior, que no tiene como competencia natural desarrollar políticas de justicia, ni de seguridad pública, sino más bien represivas, o estaban dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que poco o nada tiene que ver con la materia de justicia.

Uruguay era (o es) una isla dentro de América Latina y en el mundo al no tener Ministerio de Justicia. Al ir a un evento de justicia internacional, Uruguay muchas veces está representado por miembros o funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual despierta siempre gran asombro en los interlocutores extranjeros. Parecería que por fin salimos de ese corsé en que nos tenía el Ministerio de Justicia, como algo asociado a la dictadura, una especie de tabú muy uruguayo. Ahora vamos hacia un desarrollo de las políticas de justicia a través del Poder Ejecutivo, que dependen de un ministerio específico y dentro del cual se puede también hacer una especie de administración mucho más prolija de temas como cárceles, registros, autoridad fiscal, incluso la Fiscalía como servicio descentralizado como existe actualmente, pero descentralizado a un Ministerio de Justicia y no a un Ministerio de Educación y Cultura como actualmente es.

Incluso, la Defensoría Pública, que está reclamando ciertos niveles de autonomía y descentralización, también podrían pasar a depender de un Ministerio de Justicia. La noticia que se brindó por parte del Ministerio del Interior, y que hoy han aplaudido representantes de todo el espectro político e institucional del país, me parece que es algo muy bueno y con gran expectativa lo vamos a seguir.