La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, definió el archivo de la investigación contra Gustavo Leal, por considerar que no hay presunción de delito, dado que la reunión que mantuvo con el padre del exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano está amparada en el artículo 10 de la Constitución.
“Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, señala el artículo mencionado por Flores.
En el documento de archivo de la investigación, la fiscal Flores señala que la decisión se toma luego de realizar un análisis exhaustivo de la investigación y las evidencias, concluyendo que se trató de “una conversación entre dos personas adultas y libres”, en la que “no existió ofrecimiento de dinero alguno”.
“Fueron 58 días de una infamia y arbitrariedad lo que me tocó vivir a mí y a mi familia. Hoy la Fiscalía archivó la investigación por entender que no había ninguna razón para suponer alguna irregularidad. Seguiré con la serenidad y coherencia de siempre y con más fuerza que nunca”, expresó Leal en su cuenta de Twitter.
Fueron 58 días de una infamia y arbitrariedad lo que me tocó vivir a mí y a mi familia. Hoy la Fiscalía archivó la investigación por entender que no había ninguna razón para suponer alguna irregularidad. Seguiré con la serenidad y coherencia de siempre y con más fuerza que nunca. pic.twitter.com/ndVkWcQvJl
— Gustavo Leal (@GustavoLeal_uy) April 21, 2023
En diálogo con la diaria, su abogado, Diego Camaño, señaló que el dictamen confirma todos los planteos que hizo la defensa. “Es una investigación que nunca debió iniciarse, porque desde el punto de vista de lo que un fiscal penal puede investigar no había nada para investigar, no había un hecho con apariencia delictiva, no hubo ninguna interferencia en la investigación penal, las personas son libres de conversar con quien quieran”, agregó.
Consultado sobre los motivos de Fossati para buscar avanzar hacia una imputación, Camaño prefirió no entrar en especulaciones: “La actuación de la fiscal es ampliamente conocida, que cada uno saque sus propias conclusiones”.
El 16 de febrero, luego de que Alejandro Astesiano denunciara administrativamente que Leal había ofrecido dinero a su padre durante una visita que le hizo a su casa en el lado brasileño de la barra del Chuy, la fiscal Fossati convocó al exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior a declarar en calidad de testigo.
Como en sus declaraciones ante la Fiscalía Leal no dio mayores detalles de los motivos de la reunión, realizada en territorio brasileño, Fossati le cambió el estatus legal y lo convocó a declarar como imputado.
Pese a que el literal C del artículo 64 del Código de Proceso Penal establece que el imputado, aun cuando no haya un proceso formalizado en su contra, tiene derecho a “que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan”, Fossati no comunicó, en una primera instancia, el delito ni los hechos por los que estaba siendo investigado.
El 22 de febrero, Camaño presentó un escrito reclamando que se informara el delito y los hechos investigados que no fue respondido. En una siguiente audiencia, Fossati informó que estaba investigando un delito de encubrimiento, que por su naturaleza refiere a un delito precedente que no fue especificado por la fiscal.
Amparado en el artículo 264 del Código de Proceso Penal, que plantea que “cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente podrá pedir al juez que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella”, Camaño pidió una audiencia con el juez penal de 37° turno, Gonzalo Arsuaga, quien fijó una nueva audiencia para que la Fiscalía archivara o formalizara la investigación. Esa audiencia, que sería llevada adelante por el fiscal Fernando Romano, ante la licencia médica de Fossati, finalmente fue suspendida a pedido de Camaño, dado que Fossati, ante la posibilidad de que Romano archivara el caso, retrocedió en su pedido de licencia médica y se reintegró a su trabajo.
En el documento de la Fiscalía, Flores relata que de la investigación se pudo comprobar que el encuentro entre el padre de Astesiano y Leal se dio a partir de una persona, a la que Leal no identificó, que le comentó que conocía al padre de Astesiano y que podría tener interés en hablar con él. El padre de Astesiano negó que Leal le hubiera ofrecido “dar una mano en algún sentido” que tenga que ver con las investigaciones contra Astesiano, lo que fue ratificado por uno de los hermanos del exjefe de seguridad presidencial.
Del documento surge que Astesiano, tras enterarse de la visita, quiso desvincularse de su padre, por temor a que su accionar y una eventual visita de Leal a la cárcel fuera entendida por la fiscal Fossati como una forma de obstruir la investigación.
Cuando desde la Fiscalía Fossati le preguntó a Astesiano por qué Leal querría conversar con él o ayudarlo, el exjefe de seguridad respondió: “No sé, para ir contra el gobierno, para que dijera algo. Primero que nada no acepté y saqué de la lista de visitas a mi padre y madre. Lo hice por escrito. Usted me dijo que no entorpezca la investigación, que no hable con nadie, no quiero ver a nadie”.
Astesiano volvió a declarar el 2 de marzo, ya condenado, para profundizar en sus especulaciones sobre la intención de Leal al contactar a sus padres para contactarlo a él: “Me pareció a mí que no fue una visita cordial, sino que quiso utilizar a mis padres para que yo dijera algo en contra del gobierno, yo lo tomé más por el lado político, no tanto como para perjudicarme a mí”, expresó.
El 14 de marzo Inteligencia interrogó a Gastón Sosa, jefe de la zona Operacional III del departamento de Rocha, quien dijo conocer a Leal desde 2009, con quien coincidió en el Ministerio del Interior y realizó algunas tareas ordenadas por la entonces directora de Asuntos Internos, Stella González. Sosa dijo conocer a Astesiano y su familia, pero negó haber trasladado a Leal a la casa del padre de Astesiano o tener algún tipo de vinculación con la visita que realizó el 7 de enero el exjerarca del Interior.
Luego de esa declaración, el 16 de marzo, Fossati pidió diligencias -vinculadas a un tipo de rastreo de Leal y Sosa- que, al afectar derechos, requieren la anuencia del juez de garantías. “En el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva adelante, se ha obtenido información de relevancia que permitiría vincular a un funcionario policial de alta jerarquía con la persona Gustavo Leal, quien habría intentado contactarse con Astesiano, por intermedio de sus familiares, según quien diera la noticia de hecho de apariencia criminal con una intencionalidad política y/o para pedirle algo”, escribió Fossati al juez penal de 31° turno, Fernando Islas.
Ante el pedido, el juez de garantías rechazó las medidas pedidas por Fossati por falta de información sobre su pertinencia y marco: “En la solicitud de la Sra. Fiscal no se vincula el hecho de apariencia criminal, ni el delito que se encuentra investigando. Tampoco surge la evidencia que respalda su pedido, ni mayor información que permita valorar la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida solicitada, atendiendo a los derechos involucrados de las personas contra quienes se solicita la medida”, respondió el juez.