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Fiscalía General de la Nación.

Foto: Alessandro Maradei

Fiscalía investiga al profesor del liceo militar señalado como intermediario entre adolescentes explotados y Penadés

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El Ministerio de Defensa ordenó una investigación administrativa contra quien fue acusado públicamente de ser el nexo entre las víctimas y el senador del Partido Nacional para concretar encuentros sexuales a cambio de dinero.

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La Fiscalía de Delitos Sexuales investiga al senador Gustavo Penadés por la presunta retribución a menores de edad a cambio de actos sexuales. Son varias las víctimas que declararon y todas señalan el mismo modus operandi, y algunas víctimas han señalado a un intermediario, quien se supone que se encargó de coordinar los encuentros entre Penadés y las víctimas.

Romina Celeste Papasso, la primera denunciante del caso, señaló a este militante de la lista 71 del Partido Nacional como el intermediario con los adolescentes. Indicó que era quien elegía a las víctimas, las contactaba y acordaba los términos del encuentro.

Sebastián Mauvezin es profesor de Historia y el 8 de marzo de 2020 ingresó al Liceo Militar a dar clases, según consta en una resolución pública con esa fecha. Fuentes de la investigación informaron a la diaria que actualmente el docente está en calidad de indagado en la investigación y aún no ha declarado, por lo que la carpeta de investigación se mantiene en reserva. Una vez que se levante la reserva, las defensas de los indagados podrán acceder al contenido de la investigación y serán citados a declarar.

Según informó El Observador, Javier García, ministro de Defensa Nacional, ordenó una investigación administrativa contra el docente al que señalan por la presunta contribución a la explotación sexual de adolescentes.

La Ley 17.815, de violencia sexual contra “niños, adolescente o incapaces”, establece en su artículo 5 que la contribución a la explotación sexual de personas menores de edad se tipifica cuando alguien de cualquier modo contribuyere a la “prostitución”, explotación o servidumbre sexual de personas menores de edad o “incapaces”. La pena de este delito va de dos a 12 años de penitenciaría. Además, se indica que “la pena será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente”.

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