La fiscal especializada en Delitos Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro, decidió el desarchivo de la causa que investiga irregularidades en el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo, según informó este jueves el semanario Búsqueda.
La decisión de Porteiro llega a pedido de la defensa de los legisladores del Frente Amplio que denunciaron ante la Justicia el acuerdo, luego de que el 28 de noviembre de 2022 el fiscal Gilberto Rodríguez decidiera el archivo del caso por no encontrar dolo en la actuación de los representantes del gobierno.
En el archivo el fiscal planteó que no tenía elementos para ir a juicio pero admitió que el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos (ANP) al Ejecutivo, previsto por la Ley de Puertos, “no fue correctamente brindado en el plano formal, tal como lo manifestaron los coadyuvantes denunciantes y alguno de los consultantes interrogados”.
Tras conocerse el desarchivo de la causa por parte de Porteiro, el senador Charles Carrera expresó en declaraciones a Canal 5 su satisfacción y el convencimiento de que hay “una causa seria” tras el acuerdo.
“Desde el Frente Amplio confiamos en nuestros argumentos, que aquí se han cometido graves irregularidades e ilícitos. Nosotros cuando calificamos esta situación dijimos que acá se cometió fraude, falsificación ideológica, se benefició una empresa en forma extraordinaria sin ningún beneficio para el país y eso tiene que tener consecuencias”, afirmó el senador denunciante en la causa.
Carrera agregó que semanas atrás fueron convocados junto al otro denunciante, Mario Bergara, por la fiscal, a la que le reiteraron la posición. Además, subrayó que el presidente de la ANP, Juan Curbelo, tenía “pleno conocimiento de la normativa cuando la aplicó” y fue “por el camino de encubrir una situación” al no informar al directorio sobre el acuerdo, argumentando su confidencialidad.
“Los acuerdos estos no son confidenciales, hay un momento en que todo esto se tiene que hacer público”, señaló y recordó que Curbelo es abogado y fue vocal en representación de la oposición durante el último gobierno del Frente Amplio en la ANP.
El senador puso como ejemplo la renovación de unos depósitos portuarios ocurrida semanas atrás, vinculada al asesor presidencial Juan Seré, y esa decisión pasó por la consulta del directorio.
“Esa decisión pasó por el directorio, pasó por los servicios jurídicos, pasó por los servicios financieros de la ANP, cosa que no se hizo en el acuerdo Uruguay-Katoen Natie. ¿Y por qué no se hizo? Porque si se hubiera hecho, se habría dicho que no correspondía y que se estaba violentando todo el ordenamiento jurídico portuario”, expresó.
El senador agregó que el Frente Amplio va a presentar nuevos elementos de prueba para esta etapa del proceso, entre ellos algunos que no fueron considerados por el fiscal Rodríguez, que entendió que no estaban alineados a la teoría del caso de la fiscalía.
La causa fue iniciada en setiembre de 2021 por los legisladores del Frente Amplio, que sostienen que hubo abuso de funciones por parte de los jerarcas que negociaron y concretaron el acuerdo: el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director de la ANP, Juan Curbelo.
Los denunciantes sostienen que la forma en que se realizó el proceso de negociación y la concreción del acuerdo violó el literal D del artículo 20 de la Ley 17.243, por la que se regía el contrato vigente antes de la prórroga, que plantea que debe asegurarse “la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del Puerto de Montevideo”.
También plantean que el acuerdo contraviene lo establecido en el artículo 377 de la Ley 19.355 (la ley de presupuesto 2015-2019), que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley 16.246 de 8 de abril de 1992 podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”, algo que no se concretó.
El desarchivo de la causa fue pedido por los senadores del Frente Amplio en función de lo establecido en el artículo 100.2 del Código del Proceso Penal, que habilita a pedido de la víctima que el juez de garantías ordene el reexamen del caso por un fiscal subrogante.