Este jueves, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario penitenciario, participó en la comisión bicameral de seguimiento carcelario del Parlamento, donde pidió que se declare la emergencia carcelaria para atender “urgentemente la situación de los espacios con condiciones de reclusión contrarias a la dignidad humana, facilitando el urgente despliegue de recursos y programas”.
Resaltó que esta declaración de emergencia que debería decretar el Poder Ejecutivo tendría que abarcar a los módulos y cárceles que están “en peores condiciones”: los módulos 3, 4, 10 y 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez, el módulo 2 de la Unidad 7 Canelones y la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo.
Petit presentó un análisis de la situación y manifestó: “Ni nuestro Estado ni nosotros como actores institucionales podemos tener la conciencia tranquila de que nuestras políticas penitenciarias están haciendo todo lo posible para evitar nuevos delitos y bajar la violencia, cuidando la vida de todos los integrantes de la sociedad. Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos de mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos. Con cárceles sin rehabilitación estamos creando nuestros propios demonios y comprometiendo nuestro desarrollo humano”.
Destacó que “hay elementos alentadores como el funcionamiento del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, la hoja de ruta planteada por la mesa interpartidaria sobre seguridad pública que incluye un plan estratégico penitenciario y programas de tratamiento, el nuevo rol que juega el Ministerio de Desarrollo Social, la inauguración de la cárcel de Tacuarembó y varias obras que se han anunciado, el nuevo impulso dado a las medidas de libertad asistida y el intenso diálogo institucional con varios organismos ejecutivos, con intendencias municipales y organizaciones de sociedad civil”.
Pero, pese a esto, afirmó que “son muy preocupantes y en algunos casos constituyen casos extremos de muy malas condiciones de convivencia y de nula rehabilitación las realidades de varios espacios o unidades del sistema penitenciario, con cuadros de privación de libertad sin acceso a estándares mínimos de derechos humanos y oportunidades socioeducativas elementales”. Reiteró las “muy malas condiciones” de los módulos y cárceles donde planteó que se declare una emergencia carcelaria urgente.
Para qué declarar una emergencia carcelaria
La declaración de emergencia carcelaria aportaría para “poder contratar urgentemente servicios, obras y refacciones, la creación de un fondo para que desde la sociedad civil se implementen programas, que ASSE aumente su presencia en el sistema penitenciario y que comience la implementación de un programa de atención al uso problemático de sustancias”.
En este sentido, afirmó que sería oportuno que se conforme un grupo de implementación de acciones integrado por el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, Sanidad Policial, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen, entre otras instituciones, para “tomar las medidas administrativas de urgencia” que implican “contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal necesarias para mejorar la situación de acuerdo a los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales”. Sugirió que se tome como referencia una acción similar ejecutada por el Poder Ejecutivo en Argentina en el período 2015-2019.
Carencias en la atención de salud
El comisionado convocó a ASSE a “fijar entre sus prioridades al sistema penitenciario” porque “no se cumplen con los estándares mínimos de las Reglas Mandela sobre atención a la salud en nuestro sistema penitenciario, ya que los niveles asistenciales están muy por debajo de los que se ofrecen fuera de la cárcel por el sistema público”. Resaltó que “hay algunas carencias y problemas de atención que resultan muy inquietantes y que afectan las posibilidades de rehabilitación”.
“El despliegue de ASSE como prestador de salud en el sistema carcelario es pobre y muy débil su coordinación con el INR”. Indicó que “hay carencias muy llamativas, como la ausencia de personal ginecológico en la Unidad 5, donde hay unas 750 mujeres privadas de libertad”, o “la ausencia de un lugar especializado en salud mental, como lo hay en cárceles para varones”. “ASSE no ha asumido la cobertura de las cárceles de Canelones y Maldonado, tema definido por la pasada Rendición de Cuentas y sobre lo cual no tenemos novedades”, criticó.
Falta abordaje para el uso problemático de drogas
Para Petit, las “muy pocas respuestas para el tratamiento de adicciones estuvieron en el centro del análisis”. “Es dramático que no exista un programa de atención al consumo problemático de sustancias instalado en todas las unidades penitenciarias”, dijo, y, en este sentido, señaló que “cabe anotar que enviamos un pedido de información a ASSE sobre el asunto, y no hemos tenido respuesta a la fecha”.
“Siendo el tema del consumo abusivo de sustancias de incumbencia de ASSE como prestador de salud, el Ministerio del Interior y el INR tienen la rectoría y responsabilidad del sistema penitenciario, por lo que deben liderar –convocando a ASSE– la implementación suficiente de programas contra las adicciones, y asegurando contextos de convivencia seguros, limpios y transparentes –sin hacinamiento, amenazas, extorsiones entre internos o a sus familias y limpio–, donde esas acciones terapéuticas –ya sea mediante módulos especializados o programas ambulatorios y generales– puedan implementarse”, indicó el comisionado.
56% no accede al mínimo de una hora de patio al día
Según un relevamiento realizado por la oficina que dirige, indicó que a pesar de que las Reglas Mandela señalan que debe haber un mínimo de una hora diaria de patio al aire libre, el 56% de las personas privadas de libertad en Uruguay no accede a “ese mínimo imprescindible para su salud y socialización”.