El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que llama a “todos los abogados y en particular a quienes intervienen en causas penales de especial sensibilidad” a “no desviar el foco de la defensa y respetar a ultranza el trabajo de los colegas”.
En el comunicado el CAU plantea reivindicar “desde el más básico estado de inocencia”, hasta el “poder ejercer una defensa libre de presiones y limitaciones más allá de las constitucionales y legales”.
Además, recuerda que “cualquier profesional que entienda que ha sido perjudicado por la conducta de cualquier colega puede formular una denuncia” ante el Colegio para su tratamiento por el Tribunal de Honor, “cuyo rol es precisamente valorar la conducta ética de los profesionales”.
En esa línea, el Colegio destacó el rol de la abogacía como “guardián del Estado de Derecho” y advirtió que “la desviación del debate técnico jurídico y la utilización del discurso público, muchas veces innecesario, pueden perjudicar el derecho de los propios denunciantes y los denunciados, y contribuye a fomentar un indebido descrédito de la Justicia”.
En el comunicado, el Colegio planteó que los principios y las garantías constitucionales que tienen todos los habitantes del país “no son discutibles”. “Se podrá discutir el alcance en más, pero nunca en menos o su existencia”, añadieron.
“Esas son las bases de nuestro derecho democrático y republicano, que en el ámbito penal no admite la división entre abogados de denunciantes y de denunciados, como si se tratara de buenos o malos según el lugar que les toque estar”, agregaron.
Sin referirse al caso concreto, el Colegio señaló que se “han conocido expresiones de colegas que parecen desconocer que es obligación de todos los abogados asegurar a sus clientes el mejor asesoramiento posible”.
“Las expresiones de cualquier profesional del derecho en contra de esos principios y garantías básicas afectan las bases de nuestro Estado de Derecho por lo que merecen nuestro más enérgico repudio”, expresaron.
El enfrentamiento entre Suárez y la AAPU
La semana pasada la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) rechazó declaraciones de la abogada del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Soledad Suárez, que representa a cinco de las ocho víctimas en el caso que investiga al senador Gustavo Penadés.
Suárez dijo que se le prendían “todas las alarmas” al saber que el abogado Juan Carlos Fernández Lecchini quería conocer la identidad de los denunciantes, días antes de que se venciera la reserva planteada por la fiscalía, que finalmente volvió a ser prorrogada por 120 días.
“Yo ratifico lo que dije, no voy a aceptar palabras que no dije. No dije que el derecho de reclamar supusiera un riesgo porque iban a salir corriendo a hacerles algo [a las víctimas], yo lo que dije es que les estaban sacando la única protección que tienen”, señaló Suárez en declaraciones a la diaria.
En su comunicado, la AAPU lamentó los dichos de la abogada y planteó que son “expresiones que se vienen realizando de manera sistemática contra la actuación profesional de los abogados que han asumido la defensa de imputados en procesos por delitos sexuales y que no sólo pretenden afectar su imagen sino también limitar ilegítimamente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones como defensores”.
Además, anunció que denunciarán a Suárez por entender que la Facultad de Derecho de la Udelar “no puede patrocinar personas que de manera pública agravien a abogados de la forma como lo ha hecho” Romina Papasso, una de las víctimas de la causa y llamó a Suárez a hacer que “su representada ajuste su comportamiento a reglas elementales de decoro y respeto hacia los abogados involucrados en el caso”.