Hace un mes, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° turno condenó al narcoempresario Martín Mutio a 15 años de penitenciaría en la causa asociada a la exportación de 4,5 toneladas de cocaína al puerto de Hamburgo, Alemania, y revocó el fallo de primera instancia que lo había absuelto y lo condenó por delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes. Este tribunal está integrado por los ministros Ricardo Míguez, Ángel Cal y Daniel Tapié. Ahora la defensa de Mutio recurrirá a un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, donde finalmente se resolverá si es condenado o absuelto.
Mientras tanto, la Fiscalía pidió que se mantenga la prisión preventiva de Mutio, a lo que su defensa se opuso, y este viernes la jueza Adriana Chamsarián resolvió acompañar la postura de la Fiscalía, indicando la prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa el proceso penal.
El riesgo de fuga
La Fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva con base en el riesgo de fuga, el ocultamiento y el entorpecimiento de la investigación. Aunque destacó que Mutio se presentó durante todo el proceso, planteó: “Mutio podrá decir que ha venido hasta ahora, pero Mutio no tenía una condena de 15 años, hoy la tiene”.
Entre los porqués de los riesgos de fuga, la fiscal remarcó que, de hecho, el condenado vive en Argentina. Mutio “integra una asociación criminal transnacional dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes con las facilidades extraordinarias para huir del país”. “Implica, en cuanto a ello, tener acceso a dinero, documentación falsa y medios para trasponer las fronteras” y radicarse en el exterior. Para justificar el pedido de prisión, la fiscal Ferrero desplegó una serie de argumentos asociados a la investigación y a las características criminales en este caso.
Sobre los delitos, la Fiscalía indicó que son “muy graves” y que la “tipificación abarca no sólo el delito de narcotráfico, sino el de lavado de activos, que en un contexto internacional es un delito que está siendo específicamente contemplado a nivel regional como uno de los más importantes de nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
La respuesta de la defensa de Mutio
El abogado Florencio Macedo, uno de los defensores de Mutio, planteó que van a presentar un recurso de casación, y en lo que respecta a lo argumental se basó en la normativa vigente, en que no hay una sentencia firme y en que su defendido “demostró arraigo” porque su familia y su trabajo están en Uruguay.
También en que ya estuvo en prisión preventiva, luego pasó a prisión domiciliaria y, tras revocarse, Mutio volvió por dos meses a la cárcel y después retomó su prisión domiciliaria, quedando luego sin medidas cautelares. Macedo destacó que la Fiscalía “no solicitó ni cierre de fronteras, ni siquiera fijación de domicilio, es decir que Mutio estuvo libre más allá de ese tiempo que estuvo en preventiva domiciliaria; estuvo por lo menos nueve o diez meses en libertad durante la indagatoria y durante todo el juicio sin una sola medida”. “Entonces, lo cierto es que la Fiscalía ni siquiera solicitó que tuviera que tener una medida y tenía una acusación por 15 años. Ni fue necesario, porque Mutio pudiendo haberse fugado siempre estuvo a disposición de la sede”, subrayó Macedo. El abogado planteó una serie de argumentos basados en cómo se comportó Mutio durante todo el proceso penal para demostrar que “no hay un riesgo de fuga”.
Por su parte, Pablo Donnángelo, el otro defensor del narcoempresario, rechazó el pedido de prisión preventiva basado en que se recurrió a “la medida más gravosa, pero sin expresar las razones por las cuales descarta que cualquiera de las otras medidas podría resultar eficaces”, como la fijación de domicilio, tobillera electrónica o prisión domiciliaria.
En respuesta a la Fiscalía, el abogado enfatizó en que “antes teníamos una acusación por 15 años y tampoco teníamos medidas cautelares. O sea, el riesgo de que Mutio fuera condenado a una pena de 15 años existió desde el momento mismo en que fue acusado, es el mismo riesgo que está sufriendo hoy”.
Por qué solicitar la medida más gravosa
La jueza consideró este planteó de la defensa y le consultó a la Fiscalía por qué se recurrió a pedir la medida más gravosa, a lo que respondió: “Punto uno, no es un capricho, ni una intencionalidad de someterlo a la prisión con todos los costos humanos que tiene y que sabemos. Es una obligación legal impuesta a la Fiscalía. Segundo. Nosotros sabemos que, en los casos de criminalidad organizada como usted sabe que nos ha pasado, que si se pone una tobillera, se pide el arresto domiciliario, todo de acuerdo a la norma, todo legal y rompen la tobillera y salen corriendo y se pierde la pista”.
“Nosotros entendemos que hay un tribunal que entendió que había plena prueba de los hechos por los que la Fiscalía acusó". Ferrero mantuvo su postura de que “los hechos han cambiado en forma sustantiva”, porque “no son las mismas circunstancias que ameritaron en su momento disminuir las medidas cautelares y hasta dejarlas sin efecto, porque evidentemente se estaba cumpliendo con la concurrencia a todas las audiencias de juicio, lo que nosotros sabemos que sí concurrió y no vamos a controvertirlo”. Y agregó que “ahora las circunstancias son muy distintas, hay una perspectiva de cumplir una condena de 15 años que no es un asunto menor”. “Nosotros sabemos las implicancias que tiene el poder estar vinculado a una organización criminal transnacional. Y sabemos que tiene infinitas posibilidades para poder abandonar el país u ocultarse”, subrayó la fiscal.
La jueza le preguntó a la fiscal si efectivamente Mutio vive en Argentina. A lo que Ferrero respondió que varias cuestiones respaldan que está radicado en este país. “Nosotros en una audiencia cuando vinimos nos comunicaron que él se había casado en Argentina y que estaba viviendo en la ciudad de Rosario. Se puede ver en el documento que ingresó la defensa, que está viniendo de Argentina. Ahí cuando lo mira hace rato que está en Argentina por lo que yo vi. Es decir que dependemos de la buena voluntad del imputado para el cumplimiento de una eventual sentencia”, explicó la fiscal.
“Nos impone en un caso de esta naturaleza, que no estamos en un caso de una persona que ingresa pocos gramos de sustancia a la cárcel como se está discutiendo ahora de poner una norma más benévola. Y como cien compañeros que están en microtráfico poniendo cuatro años. Acá estamos hablando de cuatro toneladas y media de sustancia estupefaciente, estamos hablando de crimen organizado”, y recordó que el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia.
La facilidad para entrar y salir del país
La jueza reconoció que Mutio se presentó a todas las instancias judiciales, pero también que la situación cambió. “No es lo mismo estar en un juicio con todas las garantías que brinda el código a cuando ya existe una sentencia de revisión, como es la de segunda instancia, en la cual establece una condena, por tanto la situación es distinta. Así que, por lo tanto, si bien reconozco el comportamiento de Mutio hasta ahora, debo también anclarme en la situación actual. Y en la situación actual, yo lo que veo incluso con esto que me presenta la defensa que Mutio ha entrado y salido del país no sé cuántas veces”, afirmó.
“Tengo delante de mí un informe que es de migración ni más ni menos que me dice que usted entra y sale del país libremente, lo cual pone en relieve su facilidad para retirarse del país”, dijo la jueza, que tras plantear una serie de argumentos, resolvió: “Por lo tanto, y sin perjuicio de reconocer el comportamiento anterior, ahora sí la medida sería ajustada a imponer una prisión preventiva, máxime cuando yo tengo delante esto, que veo su facilidad de salir del país”.
Aunque la defensa apeló esta resolución, la Fiscalía dio su respuesta y la jueza resolvió mantener la prisión preventiva, porque, más allá de lo que haya pasado antes y de que no haya medidas cautelares vigentes, se impone en un caso como este, dados los evidentes riesgos de fuga y las “facilidades extraordinarias para abandonar el país.