“30 de agosto: [...] una fecha marcada para reflexionar sobre este crimen de lesa humanidad, imprescriptible, que no cesa hasta que se encuentre a la víctima, se esclarezca todo lo sucedido con ella y se condene a todos los responsables”. Así consignaba Elena Zaffaroni el acto organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la sala Zitarrosa, este miércoles por la noche, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La fecha, establecida hace apenas una década por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es una más en el interminable registro de marchas y actos organizados por Madres y Familiares contra la impunidad.
Un centenar de personas poblaron lentamente las butacas del recinto a medida que se aproximaban las 19.00, hora pactada para el inicio del acto. De esta forma, los murmullos colmaron el auditorio, al tiempo que la voz cantora de Alfredo Zitarrosa resonaba a través de los parlantes del recinto.
Sin embargo, el silencio ganó terreno a medida que las figuras invitadas tomaban asiento en el escenario. Allí, Zaffaroni comenzó con su discurso y reivindicó la necesidad de esclarecer los hechos del terrorismo de Estado.
Según explicó Zaffaroni, más allá de que el “destino primario” de esos delitos sea la propia persona, afectan también a la sociedad en su conjunto, en la medida en que tienen un “efecto paralizador y de miedo y amenaza”, que “se continúa cometiendo hoy y atraviesa todos nuestros años de democracia”.
Zaffaroni llamó a mantener “la vigencia del tema” y relacionó los hechos del pasado con “las luchas de hoy”, vinculadas a “un panorama difícil, en especial para la defensa de los derechos humanos”. También denunció la “presencia preponderante en la coalición de gobierno de un partido militar defensor del golpe y la impunidad que coacciona permanentemente para imponer sus reclamos corporativos”.
A su turno, Magdalena Broquetas, historiadora de la Universidad de la República, celebró la existencia de una fecha que “le da una dimensión internacional al fenómeno de la desaparición forzada, [...] un delito que se sigue cometiendo, que no cesa, y que nos convoca para insistir en el nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura”.
Broquetas resaltó la importancia que supone en 2023, “a medio siglo del inicio de la dictadura, la anulación del estado de derecho y la profundización de la represión”. Por eso llamó a meditar y “conectar con las complejidades de ese pasado”.
“Creo que no soy original si digo que estamos en una coyuntura bastante compleja”, explicó. Si bien la historiadora reconoció ciertos logros en los últimos años, también apuntó hacia ciertos “retrocesos”, entre los que notó la aprobación de una ley de indemnización a víctimas de grupos políticos armados “con una cronología inexplicable”, así como el cuestionamiento de leyes reparatorias y la instalación de un discurso vinculado a la “batalla cultural”.
Asimismo, la historiadora lamentó la “oportunidad perdida” que supuso no declarar el 27 de junio de 2023 –fecha en la que se cumplió el 50° aniversario del golpe de Estado– como feriado que permitiera “revisitar el golpe y la dictadura en clave de efeméride”. “Nos perdimos la posibilidad de alcanzar unos consensos básicos sobre los hechos y las responsabilidades”, concluyó Broquetas.
Marta Giordano, hermana de Héctor Giordano, detenido desaparecido cuyo cuerpo fue recientemente encontrado e identificado en Argentina, recalcó la labor de los equipos de investigación forense, gracias a los cuales pudo dar con el paradero de su hermano.
Entre sollozos, Marta reveló palabras de su sobrina Lucía, quien por intermedio de su tía expresó al público lo que significó para ella, finalmente, saber lo ocurrido con su padre. “Este caso nos muestra que podemos encontrarlos a todos y dar una respuesta que permita elaborar nuestro duelo como familia y como sociedad”, recogió Marta, quien se llevó el aplauso sostenido de todos los presentes.
En líneas similares intervinieron tanto Ximena Salvo como Natalia Azziz, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF). Salvo habló del “trabajo lento y de largo aliento” llevado a cabo por el GIAF, desde el principio condicionado por la falta de información, que, según explicó, “siempre ha sido vaga, fragmentaria, imprecisa e indirecta”. Asimismo, confesó la complejidad que supone llevar a cabo tareas de excavación en grandes predios, utilizando diferentes metodologías a lo largo del tiempo. Explicó que en los últimos años el GIAF llevó a cabo una “revisión crítica” de su labor y ahora trabaja bajo el criterio de “exhaustividad”, sin dejar “trincheras entre excavaciones ni espacio sin excavar”.
Por su parte, Azziz dedicó gran parte de su intervención a revelar las dificultades que el GIAF debe afrontar para poder identificar los restos. Según explicó, la identificación de restos mediante material genético es una técnica “muy reciente” y difícil. Además, detalló que “no todas las familias han denunciado”, que no siempre la información disponible resulta útil, y que existe cierta fragmentación de las muestras, distribuidas en diferentes instituciones.
Azziz recordó que de 169 uruguayos detenidos desaparecidos, tan sólo seis fueron hallados. “Por primera vez en Uruguay tenemos esta problemática, y por eso es muy importante que las personas que tienen un familiar detenido desaparecido y aún no hayan donado [una muestra de ADN] lo hagan”, concluyó la antropóloga.