La fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, tomó declaración a varios abogados investigados y evalúa imputación de otra abogada vinculada a Matías Campero, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la causa que investiga una organización criminal dedicada a la conformación de documentos apócrifos en expedientes judiciales.
La abogada es investigada por al menos cuatro casos de presentación de documentos falsificados, que concretaba a través de Matías Campero, un estudiante avanzado de Derecho que mediaba entre personas imputadas por narcotráfico en la zona del Cerro y sus abogados, presentando certificados médicos falsos.
Según informaron las fuentes, la organización comenzó falsificando documentos del Instituto Nacional de Rehabilitación para justificar la redención de pena por trabajo y estudio, y luego comenzó a falsificar certificados médicos y documentos del Instituto Técnico Forense.
La investigación sobre una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para obtener prisión domiciliaria se inició con una denuncia del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien constató la falsificación de un documento que simulaba ser un recurso de amicus curiae del comisionado parlamentario, que fue utilizado por lograr la prisión domiciliaria de González Bica.
A raíz de esa denuncia, se puso en marcha la Operación Cesar, que culminó con la detención y formalización del proceso por falsificación de documento contra la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, y Matías Campero. También fue imputado un hombre que contrató a la organización para lograr su prisión domiciliaria.
El narcotraficante había sido detenido el 12 de junio de 2022, en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaban en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. Tras obtener la prisión domiciliaria, a fines de agosto, González Bica rompió la tobillera y fugó. En su expediente se constataron al menos tres informes apócrifos, entre ellos, un certificado médico en que planteaba una situación de insuficiencia renal.
El segundo caso se conoció esta semana, cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó la fuga de Miguel Ángel Leal da Costa, quien había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión, en la Operación Babilonia, en la que se incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, seis vehículos, tres armas y 90.000 dólares.
Al igual que en el caso de González Bica, la defensa del condenado presentó un informe médico falso en el que daba cuenta de problemas renales producidos por un supuesto trasplante de riñón, con el que logró la prisión domiciliaria, tres meses y medio después de haber sido imputado, exactamente el 25 de mayo de 2022. En este caso, actuó la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarián.
Hasta el momento, se sabe que la organización actuaba al menos desde 2018, que Campero cobraba entre 30.000 y 100.000 dólares por los documentos fraguados y que estuvo presente en las audiencias en las que se discutió la medida cautelar de los dos fugados.
Según informó El Observador, la Fiscalía está investigando el alcance de la organización y si existe alguna complicidad desde el Instituto Técnico Forense, que pertenece al Poder Judicial, debido a que esos documentos, al contar con firma digital, son muy difíciles de falsificar, sin la anuencia de alguien que pertenezca a la institución.
La SCJ informó que detectaron la fuga de Leal Da Costa tras pedir revisión generalizada de las prisiones domiciliarias vigentes
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó a todos los jueces del país que informen sobre las prisiones domiciliarias que otorgaron y si aún están vigentes “especificando sus motivos y garantías o controles a los que se encuentra sometida la persona”. También deberán informar sobre la duración de la medida y verificar si se está cumpliendo adecuadamente, notificando los resultados a cada fiscalía.
La información deberá ser remitida a la prosecretaría de la SCJ el lunes, cuando culmina el plazo dado para realizar la revisión.
En la circular publicada por la SCJ se concretó días después de que la presidenta Doris Morales se reuniera con el ministro del Interior, instancia en la que, entre otros temas, se refirieron a la necesidad de incrementar los controles para evitar fraudes en expedientes a partir de documentación fraguada, tal como ocurrió en la fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica.
En esa reunión, el ministro brindó la información de unos 50 casos en los que personas privadas de libertad imputadas o condenadas por narcotráfico fueron enviadas a prisión domiciliaria en 2023.
Los ministros de la corte también dispusieron una investigación administrativa por el caso González Bica para conocer si existió responsabilidad administrativa de la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, María Helena Mainard, quien concedió la prisión domiciliaria al narcotraficante fugado a partir de documentos falsificados.
En un comunicado difundido en la tarde del viernes, la SCJ explicó que la fuga de Da Costa se advirtió a raíz del pedido de revisión librado a los jueces para que revisen e informen de sus causas. “Chamsarián procedió a realizar el control de las causas en las que había otorgado prisión domiciliaria, advirtiendo en esas circunstancias que el Sr. Leal Da Costa no se encontraba en el domicilio que se le había fijado para el cumplimiento de la medida, librando la orden de detención correspondiente”, señalaron.
La SCJ, que dijo estar “profundamente preocupada” por la situación, informó que, al detectar la situación, se dispuso un plazo de 72 horas para que Chamsarián informe a la corte “lo actuado en la causa” y envíe una copia del expediente.
“En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia, en el marco de sus competencias, está investigando los hechos y la actuación de jueces y funcionarios involucrados, procurando esclarecer lo ocurrido”, agregaron.