Operadores penitenciarios y policías de la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, presentaron un habeas corpus correctivo colectivo. Operadores penitenciarios y policías se organizaron para promover esta herramienta jurídica para mejorar la situación de las mujeres que están presas en esta cárcel. Germán Gutiérrez, Lourdes Beatriz de los Ángeles, Ignacio Rodríguez y Alejandro Marichal son los firmantes y hay decenas de funcionarios que ofician como testigos del recurso.
En el habeas corpus solicitaron que “se cese el ingreso de forma inmediata de más personas privadas de libertad” a esta unidad” hasta que el hacinamiento baje a 120% ya que “actualmente es de 184%”. Informaron que la cárcel tiene 390 plazas y hay 719 mujeres. También pidieron que ingresen operadores penitenciarios o policías “indistintamente” hasta llegar a sumar 150 funcionarios más de los que hay en la cárcel en la actualidad. Según los funcionarios, deberían ser destinados a la subdirección operativa, que se encarga de la seguridad de la cárcel, para reforzarla en todos los turnos.
Finalmente, solicitan que “se le imponga un plazo determinado al Ministerio del Interior para realizar obras de carácter urgente para mejorar la infraestructura sanitaria y eléctrica de toda la unidad, en especial de los sectores de alojamiento de personas privadas de libertad”. Además, “que vuelvan a estar en funcionamiento todos los ascensores de la unidad”, ya que esta cárcel tiene cinco pisos, a los que hay que subir y bajar por escalera.
En diálogo con la diaria, Germán Gutiérrez, uno de los operadores firmantes del habeas corpus correctivo, indicó que “por primera vez en la historia se solicitó al organismo de ‘comisión de trabajos insalubres’ la declaratoria de insalubridad de cárceles”. También consignó que este jueves se realizó una audiencia con los trabajadores que presentaron este recurso y dijo que este viernes declaró al respecto el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit.
Gutiérrez aclaró particularmente que esta acción “no es contra la dirección actual de la unidad”, que está a cargo de Alejandro Chaves, sobre quien destacó que “ha hecho lo que pudo con lo poco que tiene ahora”. El operador penitenciario fue enfático en plantear que este recurso es “en contra del problema general” que es que “el Estado no le da los suficientes recursos a las cárceles” y “la Unidad 5 ha quedado relegada de las prioridades del Estado”.
Resaltó que si bien “al principio de este gobierno se han hecho cárceles nuevas”, la cárcel de mujeres “ha quedado postergada en el tiempo”. En este sentido, Gutiérrez informó que “en la audiencia se dijo que el proyecto de la nueva cárcel recién está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por lo que todavía no fue ni aprobado, así que todavía no hay fecha cierta ni de cuándo se inicia la construcción” que tendría una capacidad de 800 plazas. “Pero, no hay fecha cierta de eso” y agregó que, en caso de que se determine la fecha, saben que “hipotéticamente, una vez empezada a construirse, la obra demoraría 18 meses en terminarse”.
El operador penitenciario reiteró que es fundamental que se contextualice este habeas corpus como lo que es: un recurso que busca mejorar la situación y no se enfoca en criticar a la dirección actual, la que definió como “humana” y que “ha hecho todo lo que puede con los pocos recursos que tiene”. “La realidad es que la falta de recursos humanos, materiales, el hacinamiento y la decisión del Estado en general ha sobrepasado todo”, lamentó.
Por otra parte, Gutiérrez remarcó que esta iniciativa “ha sido de un grupo de trabajadores unidos, operadores y policías, que han recurrido a esta acción judicial para proteger la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad a su cargo, las que, por todas las carencias que están en la demanda explícita, no podemos cumplir”.
Descripción de la Unidad 5
En el documento al que accedió la diaria se realiza una descripción de la Unidad 5, que está compuesta por trece sectores. El exhospital Musto, ubicado en Colón, se divide en “alas”.
“En el ala este se concentra la población reclusa con mejor comportamiento, donde todas realizan alguna actividad laboral o educativa”, explicaron. En esta ala hay tres sectores: primero este [primer piso], segundo este [segundo piso] y tercero Polo Industrial [tercer piso].
“En el ala oeste [primero y segundo] se concentra la población con un nivel de conducta ‘media’, las cuales no están obligadas a realizar actividades laborales o educativas”, indicaron.
En el ala central “se concentran los sectores donde habitan reclusas sin antecedentes”, es decir, las que son primarias. También está el sector de “cautelares primarias”, donde se alojan las mujeres privadas de libertad sin antecedentes que están en prisión preventiva.
“El sector conocido como ‘tercer piso’ es el que reviste mayor complejidad a la hora de su descripción, el mismo está bajo custodia policial dado que las personas privadas de libertad alojadas en dichos sectores son las que presentan mayores problemas de conducta”, afirmaron, y agregaron que “en esta ala se ubican los sectores de tercero este, tercero oeste, tercero fondo, preventiva reincidente”.
A través del tercer piso, “haciendo conexión por medio de un corredor se llega al edificio anexo donde se ubican los sectores del cuarto nivel, donde se alojan personas privadas de libertad que por el tipo de delito cometido no pueden convivir en otros sectores”. También está “el quinto nivel, donde actualmente es un sector multipropósito, donde alojan a personas privadas de libertad que recién ingresan al establecimiento y están a la espera de que se les asigne un sector, mujeres con problemas psiquiátricos, personas que están cumpliendo una sanción o que están con medidas de protección”.
Según explicaron, “todos estos sectores dependen de una misma guardia, situación particularmente preocupante dado que la distancia que separa el quinto nivel de la guardia del tercer piso es de aproximadamente 81 metros (el sector no cuenta con ninguna guardia permanente dependiendo esta de la guardia del tercero) y la del tercero fondo está a una distancia aproximada de 50 metros de la guardia debiendo pasar por varias puertas de rejas que impiden el paso”. “Ambos sectores se encuentran en una situación de desamparo total dado que ante una situación de emergencia, las personas alojadas no tienen forma de poder ser asistidas en tiempo y forma, ni de poder comunicar cualquier situación de emergencia dentro de sus sectores dado que no existe ninguna guardia presente”, criticaron.
Según el documento, “en el resto de los sectores la situación no es mejor. Dada la falta de personal, ninguno cuenta con una guardia permanente, la escasez de personal obliga a la dirección del establecimiento a rotar a los funcionarios de los sectores para atender las diversas actividades diarias”, pero justamente por esta falta de personal, “la mayoría de los sectores permanece sin vigilancia siendo los mismos ‘tierra de nadie’”.
Abandono de la seguridad
En el habeas corpus correctivo colectivo se destaca que el Estado es garante de los derechos humanos de las personas desde el momento en que una persona es privada de su libertad. Por eso, es una obligación “garantizar los recursos humanos y materiales suficientes para proteger derechos básicos”, como son “la vida o la integridad física de las personas”. Plantean que esta obligación es extensible a toda persona que ingrese a una cárcel, ya sean las visitas, los trabajadores y otras personas que por alguna razón entren a la unidad. Por eso, “el Estado debe adoptar las medidas de seguridad necesarias”.
En este sentido, indican que “si contrastamos la realidad que se vive día a día en la Unidad 5 con las obligaciones citadas”, se puede afirmar que “actualmente el Estado uruguayo ha hecho abandono de la seguridad en dicho establecimiento, dejando a su suerte a las personas privadas de libertad, a sus funcionarios y a quienes diariamente ingresan a la unidad como visitantes”.
Según el habeas corpus presentado, “la problemática de la falta de personal se agudiza los días de visita, donde el Estado deja a los visitantes (mucho de ellos menores) bajo ninguna vigilancia” ya que “la falta de personal obliga a los funcionarios que atienden varios sectores a la vez a permitir el acceso de las visitas a los sectores para dejarlos encerrados sin custodia para ir a atender a otras dependencias”.
Además, “el hecho que el poco personal policial adjudicado a la unidad deba a su vez realizar tareas de custodia extramuros [fuera de la cárcel], ya sea para acompañar internaciones, o conducciones a juzgados, entre otras derivaciones, hace que la cantidad de personal para atender las tareas de vigilancia y tratamiento internas sea todavía menor”.
Las consecuencias de “la falta crónica de personal”
“La falta crónica de personal también tiene su contracara en la esfera laboral de los funcionarios que día a día concurren a desempeñar sus tareas laborales en pésimas condiciones de trabajo, dado que lo paradojal de la situación es que las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad son a su vez las condiciones de trabajo de los funcionarios”, indicaron, y acotaron que “la falta de personal y el aumento exponencial de la población reclusa de esta unidad hace que los trabajadores tengan una sobrecarga de trabajo descomunal”.
Según indicaron, “muchas veces” hay uno o dos funcionarios para custodiar a 300 mujeres privadas de libertad y a sus visitas. “No conforme a que la falta de personal pone en riesgo la seguridad de las personas privadas de libertad, también se pone en peligro la seguridad de los propios funcionarios dado que la relación numérica entre funcionarios y mujeres privadas de libertad es tan baja que hace imposible poder responder adecuadamente ante situaciones de violencia”, criticaron.
Un Estado paralelo
“Lejos de ejercer la autoridad para garantizar el orden, la ausencia del Estado traducida en la falta de personal hace que las personas privadas de libertad gestionen la convivencia dentro de los sectores, aplicando sus propias normas disciplinarias, funcionando como un Estado paralelo”, manifestaron, y, comentaron que como prueba de esto “recientemente quedo de manifiesto” que “mujeres privadas de libertad mantienen en calidad de secuestradas a otras por deudas de drogas”.
Indicaron que “extorsionan a sus familiares mediante el envío de videos intimidatorios donde someten a torturas a las mujeres para que se agilice el envío de dinero como forma de garantizar la vida e integridad física”.
Estructura inadecuada
Además de la evidente necesidad de reformas que plantean que requiere el edificio para funcionar, indicaron que “la estructura es totalmente inadecuada para un centro de asistencia penitenciaria a mujeres” porque evidencia la “masculinización estructural” de la respuesta penitenciaria para las mujeres. “La situación requiere una reforma global y acciones que permitan dar al lugar otro destino y contar con otra u otras unidades para mujeres de manera a lo que indica la perspectiva de género y de derechos humanos en el siglo XXI”, expresaron.
Para eso, indicaron que “es necesario consolidar un programa técnico de atención en esta unidad que concentra la mayoría de mujeres privadas de libertad del país” y establecen que “debe ser prioridad de política penitenciaria una nueva unidad para mujeres que suplante este edificio, lo que requiere de un fino proceso de gestión administrativa y de consensos institucionales”.
En la Unidad 5 hay “un tendido eléctrico en malas condiciones, con apagones de luz prácticamente diarios, con toda una sanitaria desbordada e insuficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas más elementales, sectores sin agua caliente y con apenas una o dos duchas para casi cien personas en sectores totalmente hacinados donde se ha perdido todo grado de intimidad personal, con ascensores rotos que obligan a que en situaciones de emergencia o frente a personas con discapacidades o en edades avanzadas deban recurrir a la ayuda de otras personas para poder bajar hasta 3 pisos por escalera (59 escalones) para recibir asistencia médica”.