El subsecretario del Interior, Pablo Abdala, reclamó a la Fiscalía General de la Nación convocar al Consejo de Instrucciones Generales, un ámbito multisectorial donde se definen los lineamientos de unidad de acción de los fiscales.
“Es propósito del MI [Ministerio del Interior], en el marco de la ley orgánica de la Fiscalía, impulsar algunos ajustes en las instrucciones de actuación de los fiscales que están vigentes, a los efectos de la correcta aplicación del CPP [Código del Proceso Penal]”, expresó Abdala en su cuenta de X. Según planteó, entre los aspectos que el Ejecutivo quería discutir está la instrucción general que prevé, dentro de los elementos que integran la negociación entre la Fiscalía y la defensa de los imputados en los acuerdos abreviados, la calificación jurídica de los hechos por los que se va a acordar y los “emplazamientos sin fecha”.
Ante el reclamo, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo que es “una estrategia recurrente, esto de echar mano a la Fiscalía” por parte del sistema político, y recordó los cambios que realizó el actual gobierno a la integración del Consejo de Instrucciones Generales para que la opinión de los representantes del Poder Ejecutivo sea determinante en las definiciones.
Además, Rosa señaló que la idea de que los fiscales no hacen lo correcto ha impulsado varias legislaciones tendientes a cercenar vías procesales y modificar la forma en la que se concretan las diligencias en el proceso de investigación.
“Ojalá se pusiera el mismo énfasis en hacer lo que corresponde respecto del Ministerio Público, esto es, dotarlo de los recursos suficientes, dejar a los fiscales trabajar sin ataques, contribuir prontamente con los trámites burocráticos requeridos para cubrir vacantes de fiscales y designar a la brevedad un/a fiscal general de acuerdo a lo que establece la Constitución”, expresó Rosa.
El Consejo Honorario de Instrucciones Generales es el órgano responsable de emitir las instrucciones generales de la Fiscalía, que fueron creadas en el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Fiscalía, aprobada en enero de 2017, y tienen como cometido sustentar el principio de unidad de acción en la Fiscalía en el marco del nuevo Código del Proceso Penal.
En la ley de presupuesto nacional, en diciembre de 2020, el gobierno modificó la integración del Consejo, quitó la representación de la Universidad de la República y la sociedad civil -por la que participaba el Colegio de Abogados-, y se agregó un nuevo integrante del Poder Ejecutivo, por lo que quedó integrado por el fiscal de Corte, dos representantes de la Asociación de Fiscales y dos representantes del Poder Ejecutivo. Además, le dio poder de veto al Ejecutivo, al agregar un inciso que plantea que “Las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría simple, la que deberá integrarse con al menos un voto de los representantes del Poder Ejecutivo”.